Feb 6, 2025 | Actualidad Prime
Durante 2024, el Congreso de la República avanzó significativamente en la aprobación de reformas destinadas a fortalecer el sistema de justicia transicional en Colombia. Estas medidas buscan garantizar una reparación integral a las víctimas del conflicto armado y cerrar definitivamente el capítulo de Justicia y Paz, proporcionando estabilidad y equidad en el marco del posconflicto.
Las reformas incluyen un enfoque integral que articula procesos judiciales y administrativos para mejorar la restitución de tierras, la indemnización individual y colectiva y la atención psicosocial a las víctimas. Asimismo, se establecieron políticas específicas para atender a las víctimas desplazadas, garantizando su retorno o reubicación en condiciones dignas.
Uno de los principales avances fue la creación de la Comisión de Expertos para la Reforma a la Justicia, establecida en enero de 2024. Este organismo, conformado por aproximadamente 40 miembros, reúne a sindicatos del sector justicia, jueces, defensores de derechos humanos, representantes de comunidades indígenas y afrodescendientes, feministas, funcionarios de gobierno y miembros de las altas cortes. Su objetivo es elaborar propuestas para la reforma de la justicia, que serán debatidas en el Congreso.
Otro hito relevante fue la sanción de la Ley de Administración de Justicia el 9 de octubre de 2024 por el presidente Gustavo Petro. Esta nueva legislación introduce transformaciones clave, como la modernización de la justicia digital, permitiendo que los procesos judiciales se desarrollen de manera virtual. Además, establece mejoras en la selección de magistrados para las Altas Cortes, promoviendo la transparencia y la equidad de género en el sistema judicial.
Se espera que durante el primer semestre de 2025, el Congreso continúe con la discusión y aprobación de las reformas presentadas por el Gobierno Nacional y la Comisión de Expertos. Estas iniciativas buscan consolidar un sistema judicial más eficiente, transparente y cercano a los ciudadanos, fortaleciendo la confianza en las instituciones y garantizando el acceso a la justicia para todos los colombianos.
Fuente: senado.gov.co
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Ene 30, 2025 | Actualidad Prime
En octubre de 2024, el Congreso de la República recibió el proyecto de ley 186 de 2023, una iniciativa que pretende reconocer el trabajo sexual como una actividad laboral formal en el país. La propuesta, impulsada por congresistas del partido Comunes, busca garantizar los derechos laborales y de seguridad social de quienes ejercen el trabajo sexual de manera voluntaria y autónoma, estableciendo condiciones dignas y seguras para su ejercicio.
El proyecto de ley contempla medidas clave para la regulación del trabajo sexual, entre ellas la obligatoriedad de contratos laborales a término fijo con todas las prestaciones de ley. Esta disposición busca evitar la precarización del trabajo sexual mediante la prohibición de contrataciones informales o bajo la modalidad de prestación de servicios, garantizando estabilidad laboral para quienes ejercen esta profesión.
Otro aspecto fundamental de la propuesta es el acceso a seguridad social para las personas que realizan trabajo sexual, lo que incluye cobertura en salud, pensión y riesgos laborales. La falta de estas garantías ha sido uno de los principales problemas que enfrentan quienes desempeñan trabajo sexual, dejándolos en una situación de vulnerabilidad económica y social. Con esta iniciativa, se pretende ofrecer una protección integral para este sector.
El proyecto también establece normativas claras para los establecimientos donde se lleva a cabo el trabajo sexual, como clubes, casas de citas y otros espacios similares. Estas regulaciones buscan asegurar que las condiciones en las que se desarrolla el trabajo sexual sean seguras, saludables y respetuosas de los derechos humanos, evitando abusos y explotación laboral.
Tras su radicación en el Senado, el proyecto de ley fue asignado a la Comisión Séptima, encargada de asuntos laborales y de seguridad social. Durante el último trimestre de 2024, se llevaron a cabo las primeras discusiones, y el proyecto fue aprobado en primer debate. Sin embargo, el trabajo sexual como actividad regulada aún no cuenta con un marco legal definitivo, ya que el trámite legislativo no se completó antes del cierre del período de sesiones.
Se espera que en el primer semestre de 2025 continúe el debate en las plenarias del Senado y la Cámara de Representantes. La regulación del trabajo sexual sigue siendo un tema de gran relevancia, ya que implica el reconocimiento de derechos fundamentales para miles de personas que dependen de esta actividad. La aprobación de esta ley representaría un avance significativo en la dignificación de esta actividad y en la protección de quienes lo ejercen en Colombia.
Fuente: senado.gov.co
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Ene 17, 2025 | Actualidad Prime
Recientemente, el senador Iván Cepeda, perteneciente al Pacto Histórico, presentó ante el Congreso el proyecto de acto legislativo 09 de 2025. Esta iniciativa propone una reducción significativa en las remuneraciones de los congresistas, estableciendo un nuevo límite de hasta 20 salarios mínimos mensuales a partir del 20 de julio de 2026.
Actualmente, los congresistas en Colombia perciben una asignación mensual de más de 48 millones de pesos, lo que ha sido motivo de críticas por parte de diversos sectores de la sociedad. El proyecto busca enmendar el artículo 187 de la Constitución Política, reduciendo los salarios en casi un 50% y estableciendo que estos se reajusten anualmente de acuerdo con el aumento del salario mínimo. Sin embargo, la propuesta aclara que este cambio no afectará el régimen salarial de otros funcionarios públicos, cuyos ingresos seguirán basándose en lo devengado por el Presidente de la República.
La radicación del proyecto cuenta con el respaldo de 57 congresistas de distintas bancadas, incluyendo figuras como Humberto De La Calle, Mauricio Gómez Amín, Esmeralda Hernández, y Robert Daza. Este apoyo multipartidista resalta el consenso sobre la necesidad de promover una mayor equidad y transparencia en las instituciones legislativas.
El senador Cepeda se mostró optimista respecto al avance del proyecto en el Congreso, destacándolo como un paso fundamental hacia la transformación del sistema político. Además, señaló que esta iniciativa podría contribuir a recuperar la confianza ciudadana en una institución que ha enfrentado críticas por percepciones de privilegios excesivos.
El proyecto iniciará su trámite legislativo una vez se reanuden las sesiones ordinarias. De ser aprobado, deberá superar ocho debates para convertirse en ley. Este proceso será observado de cerca, ya que la propuesta busca acercar las instituciones a la ciudadanía y consolidar una política más austera y alineada con las necesidades del país.
Fuente: senado.gov.co
Otras noticias de actualidad jurídica: Senado discutirá proyecto de ley sobre gestión comunitaria del agua
Ene 16, 2025 | Actualidad Prime
El Senado de la República retomará en su nuevo periodo legislativo la discusión de un proyecto de ley que busca regular y fortalecer la gestión comunitaria del agua y el manejo de aguas residuales. Esta iniciativa, promovida por el senador Robert Daza Guevara del partido Pacto Histórico, ya obtuvo aprobación en primer debate por parte de la Comisión Sexta del Senado con una votación favorable de 7 votos.
El proyecto de ley, compuesto por 42 artículos, sufrió ajustes significativos tras el retiro de los artículos 7 y 14 para revisiones adicionales. El artículo 7, en su redacción original, declaraba de interés público la gestión comunitaria del agua, prohibiendo actividades extractivas en áreas críticas para la conservación hídrica y fomentando la restauración ambiental y la adaptación al cambio climático. Por su parte, el artículo 14 reconocía el derecho al agua como de utilidad pública, promoviendo acuerdos de conservación en zonas afectadas por actividades que comprometan fuentes hídricas.
De ser aprobado, el proyecto establecerá un marco legal para las Comunidades Gestoras del Agua, reconociéndolas como organizaciones sin ánimo de lucro regidas por principios de solidaridad y participación democrática. Estas comunidades deberán registrarse en el Sistema de Información de las Comunidades Gestoras del Agua (SIGCA) y estarán supervisadas por la Superintendencia de Servicios Públicos bajo un régimen especial.
El objetivo principal de esta legislación es garantizar un acceso equitativo al agua, mejorar las condiciones de vida en áreas rurales y periurbanas, y proteger las prácticas culturales y la autonomía de las comunidades que gestionan este recurso vital. Con un enfoque basado en derechos humanos, sostenibilidad y equidad, el proyecto busca abordar las crecientes problemáticas relacionadas con el acceso al agua y su gestión en el país.
Fuente: senado.gov.co
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Ene 10, 2025 | Actualidad Prime
En septiembre de 2024, el Ministerio de Educación, liderado por Daniel Rojas, radicó ante el Congreso el proyecto de ley No. 212 de 2024, que busca reformar la financiación de las instituciones de educación superior públicas en el país. La iniciativa, titulada “Acuerdo Nacional por el Rescate Financiero de la Educación Superior Pública”, pretende abordar la crisis económica que afecta a estas instituciones y garantizar un modelo sostenible en el tiempo.
El proyecto fue discutido parcialmente el pasado 16 de diciembre en el Senado, durante el último día de las sesiones ordinarias. La ponencia en primer debate, presentada por el senador Pedro Hernando Flórez, del Pacto Histórico, no logró completarse debido al avance de otros proyectos en riesgo de ser archivados.
Modificaciones propuestas
La iniciativa plantea cambios a los artículos 86 y 87 de la Ley 30 de 1992, que regulan los aportes económicos a las universidades públicas:
- Artículo 86: Se propone que los recursos destinados a las universidades estatales se ajusten anualmente según el Índice de Costos de la Educación Superior (ICES), un indicador diseñado para reflejar con mayor precisión las necesidades del sector, en lugar de utilizar el Índice de Precios al Consumidor (IPC).
- Artículo 87: Busca que los aportes del Gobierno Nacional aumenten en al menos el 70% del incremento real del Producto Interno Bruto (PIB), en lugar del 30% actual. Estos incrementos no formarían parte de la base presupuestal de las universidades públicas.
El proyecto también incluye la creación del artículo 86A, que establece la asignación de un 0,05% del PIB al financiamiento de Instituciones Técnicas, Tecnológicas y Universitarias (ITTUs), incluidas las de carácter territorial, históricamente excluidas de los mecanismos de financiación previstos en la ley actual.
Objetivos del proyecto
La propuesta busca garantizar la sostenibilidad financiera de las universidades públicas, mejorar su calidad y cobertura, y reducir desigualdades regionales y sociales en el acceso a la educación superior. Según el texto, estas reformas permitirían atender necesidades estructurales del sistema educativo, como la regionalización, el bienestar estudiantil, y la dignificación de la labor docente.
Próximos pasos
El proyecto será debatido nuevamente en la Comisión Sexta del Senado durante 2025, en un contexto de alta expectativa por parte del sector educativo. Representantes del movimiento estudiantil, rectores de universidades y expertos han expresado interés en que se avance en esta discusión, dados los retos financieros que enfrentan las instituciones de educación superior públicas en Colombia.
Fuente: senado.gov.co
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