Con la reforma introducida al artículo 30 del Código de Familia por el Código Procesal de Familia que entró a regir el pasado 1 de octubre, se elimina la posibilidad de celebración de matrimonios civiles mediante poder especialísimo.
Así se leía antes el texto de dicho numeral:
Artículo 30.-
El matrimonio podrá celebrarse por medio de apoderado con poder especialísimo constante en escritura pública y que exprese el nombre y generales de la persona con quien éste haya de celebrar el matrimonio; pero siempre ha de concurrir a la celebración en persona el otro contrayente.
No habrá matrimonio si en el momento de celebrarse estaba ya legalmente revocado el poder.
Ahora su texto es el siguiente:
Artículo 30.- Matrimonio. Imposibilidad de matrimonio por poder
Bajo ninguna circunstancia se verificará un matrimonio con poder de alguno de los contrayentes.
Los funcionarios o el notario público que celebren matrimonios deberán dar constancia y fe pública de que al acto concurrieron los dos contrayentes en un mismo momento.
Los divorcios son los que sí podrán seguirse tramitando mediante poderes especialísimos. Más bien cuentan ahora con una norma específica que así lo establece dentro de Código de Familia:
«También, podrá decretarse el divorcio por el mutuo consentimiento de los cónyuges, para lo cual estos, personalmente o uno solo de ellos por medio de un apoderado especialísimo dado en escritura pública, deben otorgar un convenio de divorcio en escritura pública que contenga los siguientes puntos: (…)»
Anteriormente si bien no se encontraba expresamente prevista la posibilidad de que los contrayentes otorgaran mandatos especialísimos para la tramitación del divorcio, se había aceptado mediante una interpretación por analogía de la norma que autorizaba hacerlo en casos de matrimonio.
Importante tomar en cuenta lo dispuesto en el art. 55 de este nuevo Código Procesal sobre los requisitos del poder especialísimo:
