Protección integral de menores migrantes no acompañados

En la Cámara de diputados se impulsa una reforma a la Ley de Migración para garantizar la protección integral de los menores migrantes no acompañados en territorio mexicano.

La iniciativa plantea otorgarles acceso a salud, apoyo psicológico y educación en albergues diseñados para cumplir con altos estándares de protección, según lo establece la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

Además, se busca que el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) implemente protocolos personalizados de evaluación de riesgos y apoyo psicológico para cada menor, asegurando un trato digno y especializado.

La propuesta incluye la creación de albergues seguros con personal capacitado para atender a menores en situación de vulnerabilidad, siguiendo estándares nacionales e internacionales de derechos humanos.

México, como país de origen, tránsito y destino de migrantes, enfrenta graves fallos en la atención a estos menores, quienes son los más expuestos a violencia, abuso y explotación. Por ello, es urgente establecer un marco legal que garantice su seguridad, bienestar y desarrollo físico y emocional.

Esta reforma busca mejorar significativamente su calidad de vida mientras se resuelve su situación migratoria, fortaleciendo la infraestructura y los protocolos de atención.

Implementar estas medidas permitiría a México cumplir con estándares internacionales y proteger a uno de los grupos más vulnerables dentro del fenómeno migratorio.

Consultoría Tirant. Extradición

Consulta

 La extradición y su relación con el Derecho Internacional Público. ¿Cuál es la regulación con la cual se cuenta en el derecho interno mexicano?

Respuesta

La extradición es una figura fundamental en el Derecho Internacional Público, por medio de la cual, se facilita la cooperación entre estados en sus tareas de combate al delito. La extradición consiste en la entrega de una persona imputada o condenada por un delito, por parte del estado en cuyo territorio ha sido localizado y el estado que le reclama para ser sometida a un proceso penal o la ejecución de una pena derivada de un proceso penal.

La fuente primaria de la extradición la encontramos en tratados internacionales, tanto bilaterales como multilaterales, donde los estados acuerdan las condiciones, procedimientos y adecuación a su sistema jurídico individual de los procesos de extradición. Dicho lo cual, en México, la extradición es un proceso que se encuentra regulado en los diferentes tratados internacionales aplicables a la materia, de los que México forma parte, la Constitución y normativa secundaria que encuentra a continuación.

Fundamento

Artículos 15 y 119 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Ley de Extradición Internacional.
Artículos 2 y 110 del Código Penal Federal.
Artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales.

Educación de calidad para niñas, niños y adolescentes con discapacidad.

En la Cámara de Diputados se propone una reforma para garantizar el pleno respeto al derecho a la educación e inclusión de niñas, niños y adolescentes con discapacidad en todos los niveles del Sistema Educativo Nacional.

Las autoridades deberán a cabo las acciones necesarias a efecto de que las instituciones educativas cuenten con las condiciones de accesibilidad, recursos tecnológicos, apoyos didácticos y personal docente capacitado para brindar una educación de calidad en todos los niveles y modalidades e impulsen y apoyen el crecimiento en áreas deportivas y culturales.

La iniciativa plantea reformar el artículo 57 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

La educación es un derecho fundamental que facilita el desarrollo integral de niñas, niños y adolescentes, y es clave para el ejercicio de otros derechos y para el desarrollo de la sociedad en general.

Esta iniciativa plantea que el Estado mexicano proteja a las niñas, niños y adolescentes con discapacidad para fomentar su inclusión plena y efectiva, en igualdad de condiciones con los demás.

Reformas a la Ley del Infonavit: Combatir la corrupción y prácticas indebidas

El presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados afirmó que la intención de las reformas a la Ley de Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) es combatir la corrupción y garantizar que el ahorro de los trabajadores se use correctamente.

 Entre las modificaciones destacan la regulación del arrendamiento social, que permitirá a los trabajadores alquilar viviendas y luego comprarlas, y la creación de una empresa filial dedicada a construir viviendas para este propósito.

También se reduce el número de integrantes en la Asamblea General y el Consejo de Administración del Infonavit para optimizar su funcionamiento.

Además, se fortalece la gobernanza del instituto con mayor representación del Gobierno en los órganos internos y una auditoría más robusta.

El Infonavit quedará excluido de la supervisión de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), y la Secretaría de Hacienda emitirá reglas prudenciales para su manejo financiero.

Por último, se establece la obligación de presentar un informe anual al Congreso sobre las operaciones y estados financieros, con el objetivo de mejorar la transparencia y supervisión. Estas reformas buscan beneficiar a los trabajadores y fortalecer la administración del instituto.

Ficha Informariva Minuta Vivienda con Orientación Social

Consultoría Tirant. Responsabilidad de los Administradores de Sociedades Mercantiles

Consulta

¿Son responsables los administradores de las sociedades mercantiles S.A. y S.R.L. ante sus acreedores?

Respuesta

Los administradores de sociedades como las S.A. y S.R.L. no suelen ser responsables por las deudas sociales, gracias a la separación de personalidad jurídica. Sin embargo, pueden serlo en casos de negligencia, dolo o violación de la ley.

La Ley General de Sociedades Mercantiles (LGSM) establece que los administradores responderán solidariamente con la sociedad si incumplen obligaciones legales, realizan actos ilícitos o afectan a los acreedores. Además, si incurren en fraude, simulación o abuso de confianza, pueden enfrentar consecuencias civiles, mercantiles o incluso penales, según el caso.

En resumen, aunque las sociedades limitan la responsabilidad de sus administradores, estas protecciones desaparecen ante conductas ilícitas que perjudiquen a los acreedores.

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