Fomentar el uso responsable de las tecnologías de la información

 

Se presentó una iniciativa en la Cámara de Diputados a fin de reformar los artículos 7 y 14 de la Ley General de Educación con el objetivo de que la educación que imparta el Estado sus organismos descentralizados y los particulares tenga entre sus fines fomentar el uso responsable y seguro del internet, y de los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones.

El documento añade que tanto las autoridades educativas federal y locales, de manera concurrente, adoptarán las medidas necesarias para garantizarlo.

Señala que se busca modernizar este ordenamiento para abordar las necesidades de la era digital y garantizar que las y los estudiantes, así como los docentes, cuenten con herramientas y formación necesarias para aprovechar las oportunidades que brindan los medios digitales en la educación.

Fue turnada a la Comisión de Educación.

Protección integral de menores migrantes no acompañados

En la Cámara de diputados se impulsa una reforma a la Ley de Migración para garantizar la protección integral de los menores migrantes no acompañados en territorio mexicano.

La iniciativa plantea otorgarles acceso a salud, apoyo psicológico y educación en albergues diseñados para cumplir con altos estándares de protección, según lo establece la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

Además, se busca que el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) implemente protocolos personalizados de evaluación de riesgos y apoyo psicológico para cada menor, asegurando un trato digno y especializado.

La propuesta incluye la creación de albergues seguros con personal capacitado para atender a menores en situación de vulnerabilidad, siguiendo estándares nacionales e internacionales de derechos humanos.

México, como país de origen, tránsito y destino de migrantes, enfrenta graves fallos en la atención a estos menores, quienes son los más expuestos a violencia, abuso y explotación. Por ello, es urgente establecer un marco legal que garantice su seguridad, bienestar y desarrollo físico y emocional.

Esta reforma busca mejorar significativamente su calidad de vida mientras se resuelve su situación migratoria, fortaleciendo la infraestructura y los protocolos de atención.

Implementar estas medidas permitiría a México cumplir con estándares internacionales y proteger a uno de los grupos más vulnerables dentro del fenómeno migratorio.

Educación de calidad para niñas, niños y adolescentes con discapacidad.

En la Cámara de Diputados se propone una reforma para garantizar el pleno respeto al derecho a la educación e inclusión de niñas, niños y adolescentes con discapacidad en todos los niveles del Sistema Educativo Nacional.

Las autoridades deberán a cabo las acciones necesarias a efecto de que las instituciones educativas cuenten con las condiciones de accesibilidad, recursos tecnológicos, apoyos didácticos y personal docente capacitado para brindar una educación de calidad en todos los niveles y modalidades e impulsen y apoyen el crecimiento en áreas deportivas y culturales.

La iniciativa plantea reformar el artículo 57 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

La educación es un derecho fundamental que facilita el desarrollo integral de niñas, niños y adolescentes, y es clave para el ejercicio de otros derechos y para el desarrollo de la sociedad en general.

Esta iniciativa plantea que el Estado mexicano proteja a las niñas, niños y adolescentes con discapacidad para fomentar su inclusión plena y efectiva, en igualdad de condiciones con los demás.

Se impulsa iniciativa para que el delito de robo en transporte público amerite prisión preventiva oficiosa

Se planteó una iniciativa en la Cámara de Diputados a fin de reformar el artículo 19 de la Constitución Política.

Se expone que la seguridad en el transporte público es un derecho fundamental para las y los ciudadanos, quienes deben desplazarse con la confianza de que no serán víctimas de delitos que atenten contra su integridad física y patrimonial.

El robo en el transporte público se ha convertido en una problemática que afecta gravemente a la población, particularmente en zonas urbanas y conurbadas del país, como es el caso del Estado de México.

Se considera que la incorporación de este ilícito en el catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa es una medida para enfrentar dicha problemática de manera efectiva y contundente.

Este, es uno de los delitos que más afecta a la población mexicana y los datos muestran que el robo con violencia es una constante en muchas entidades federativas.

Además, dicho delito no solo afecta el patrimonio de las víctimas, sino en muchos casos pone en riesgo su integridad física y su vida.

El robo en el transporte público es un delito que impacta de manera directa en la percepción de inseguridad de los ciudadanos.

La reincidencia es común entre los delincuentes que cometen estos actos, ya que, al no considerarse éste dentro del catálogo de aquellos delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa, los responsables pueden enfrentar su proceso en libertad, lo que facilita que vuelvan a delinquir.

La prisión preventiva oficiosa permitirá que los delincuentes que cometen este tipo de robos enfrenten su proceso legal desde el interior de un centro penitenciario, reduciendo el riesgo de que continúen delinquiendo mientras se lleva a cabo su juicio, y es una respuesta a la exigencia de la sociedad para tener un sistema de justicia más efectivo y protector de los derechos de las víctimas, subraya.

Censo de niñas y niños migrantes

 

La Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados aprobó un exhorto al Instituto Nacional de Estadística y Geografía y al Instituto Nacional de Migración en materia de censos a niñas y niños migrantes sin madre, padre o tutor a fin de que la Administración Pública Federal establezca políticas públicas congruentes con la reducción de las desigualdades y la facilitación de la migración ordenada, segura, regular y responsable.