La Séptima Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago rechazó el recurso de protección presentado en contra del Ministerio Público y el Consejo de Defensa del Estado, relacionado con el vaciado de teléfono celular de un abogado investigado por delitos de corrupción.
En un fallo dividido (causa rol 6.423-2024), el Tribunal –integrado por el ministro Juan Cristóbal Mera Muñoz, la ministra María Loreto Gutiérrez Alvear y la abogada (i) Paola Herrera Fuenzalida– determinó que el recurso de protección no es el mecanismo adecuado para supervisar la investigación del Ministerio Público. En su lugar, el afectado debe recurrir a los procedimientos ordinarios de causas penales si se considera afectado por la investigación.
El fallo destaca que, aunque la orden judicial se relaciona con el delito de cohecho y la transcripción abarcó 770.000 páginas, solo los mensajes relevantes para la investigación pueden ser divulgados. Además, el tribunal señaló que no puede dirigir la investigación del Ministerio Público, institución autónoma que, en el ejercicio de su labor investigativa, no podrá revelar transcripciones de intercambios de mensajes que no estén relacionadas con la correspondiente investigación. En consecuencia, es deber del Ministerio proteger los derechos constitucionales de terceros, de acuerdo a lo previsto en los numerales 4 y 5 del artículo 19 de la Carta Fundamental y evitar la divulgación de información irrelevante.
La resolución establece que el Ministerio Público debe seguir los lineamientos de la Ley No. 19.640, velando por la correcta aplicación de la ley y protegiendo los derechos constitucionales de las personas involucradas. En caso de divulgación indebida de mensajes, el Ministerio Público podría incurrir en responsabilidad por falta de servicio, de acuerdo con lo establecido en el artículo 4 de la Ley No.19.640, según el cual “El Estado será responsable por las conductas injustificadamente erróneas o arbitrarias del Ministerio Público” .
El tribunal también subrayó que cualquier reclamación sobre objetos incautados, incluyendo el vaciado de teléfonos celulares, debe ser tramitada ante el juez de garantía correspondiente, en este caso, el 4° Juzgado de Garantía de Santiago. Además, indica que el el Ministerio Pública contó con las autorizaciones judiciales para incautar el teléfono del señor Hermosilla y ‘vaciar’ su contenido y, hasta ahora, no ha revelado el tenor de las transcripciones, que suman la cantidad de 770.000 páginas, ni las conversaciones del recurrente, debiendo el propio órgano investigativo proteger los derechos constitucionales de terceros ajenos a la investigación.
Finalmente, la decisión del tribunal de alzada contó con el voto en contra de la ministra Gutiérrez Alvear, quien no estuvo de acuerdo con el rechazo del recurso de protección.
Fuente: pjud.cl
