La Comisión Especial Investigadora de la Asociación de Municipalidades con Farmacias Populares aprobó su informe final. En él, se concluye que el modelo de abastecimiento de estas farmacias ha facilitado un sistema que defrauda las arcas municipales. El informe destaca graves deficiencias en la administración y control de los recursos asignados a estas entidades.
Adicionalmente, el documento señala que el actual modelo de abastecimiento de medicamentos gestionado por municipios fomenta irregularidades en el uso de recursos. Según la Contraloría General de la República, la Asociación Chilena de Municipalidades con Farmacias Populares (Achifarp) presenta fallas significativas en transparencia y control financiero. Estas debilidades aumentan el riesgo de malversación y de incumplimiento de normativas vigentes.
Falta de transparencia y cumplimiento normativo
A su vez, las auditorías realizadas revelaron problemas graves, como la falta de transparencia, la omisión de normativas y una administración de fondos deficiente. Esto, según el informe, crea un entorno favorable para la corrupción y el mal manejo de fondos públicos. «Las observaciones sobre la falta de procedimientos adecuados y el incumplimiento de leyes de compras públicas indican un entorno propenso a la corrupción y al manejo ineficiente de recursos públicos», sostiene el documento.
Propuestas para mejorar la supervisión y el control
Para enfrentar estos problemas, la comisión propone varias medidas. Entre ellas, destaca la necesidad de capacitaciones para los directivos de las farmacias populares y de un monitoreo constante. También se recomienda crear protocolos de comunicación entre entidades fiscalizadoras, como el Servicio de Impuestos Internos (SII) y el Ministerio Público. El informe sugiere, además, establecer alianzas estratégicas con universidades para fortalecer la supervisión y transparencia de estas farmacias.
El informe concluye que es esencial mejorar el control interno y la transparencia en el funcionamiento de las farmacias populares. Propone fortalecer la supervisión tributaria mediante un programa de fiscalización más riguroso y plantea que la Cámara de Diputados debe potenciar su facultad fiscalizadora. Para ello, se impulsa la tramitación de una reforma a la ley N°18.918, que impondrá plazos estrictos para la respuesta a los oficios de fiscalización.
El presidente de la comisión, el diputado Eduardo Durán (RN), destacó el esfuerzo de la instancia y se comprometió a presentar el informe ante la Sala de la Cámara de Diputados para avanzar en la implementación de estas recomendaciones.
Fuente: camara.cl
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