La Comisión de Gobierno aprobó por unanimidad la idea de legislar un proyecto que modifica la Ley N° 21.325 de migración y extranjería. La propuesta, en segundo trámite constitucional, se encuentra a la espera del informe técnico de la secretaría para ser analizada por la Sala del Senado.
Durante las sesiones, presididas por el senador Manuel José Ossandón, participaron la ministra del Interior, Carolina Tohá, junto a representantes del Servicio Jesuita Migrante, Corporación Humana, organización Migrantes, colectivo Sin Fronteras, y Álvaro Bellolio.
Modificaciones clave
El proyecto incorpora cambios significativos. Desde el Ejecutivo se detallaron nuevas prohibiciones de ingreso al país para personas con condenas por violencia intrafamiliar, delitos de crimen organizado o manipulación de pruebas en juicios. También se amplían las causales de expulsión, incluyendo a quienes hayan sido condenados en el extranjero o tengan procesos judiciales pendientes.
Además, la iniciativa introduce nuevas condiciones para rechazar o revocar permisos de residencia y actualiza los procedimientos de ingreso para menores de edad no acompañados.
Derechos Sociales
El debate más complejo se centra en los derechos sociales. La Cámara de Diputados propuso garantizar que la situación migratoria irregular no afecte el acceso a beneficios estatales en salud y educación. Sobre este punto, se establece el deber de registrar a los migrantes en condición irregular.
La senadora Luz Ebensperger subrayó la necesidad de evitar discriminaciones arbitrarias, aunque cuestionó situaciones específicas, como la prioridad para niños migrantes en programas educativos.
Nacionalización y sanciones
El proyecto duplica el periodo de residencia exigido para optar a la nacionalización, pasando de 5 a 10 años. También refuerza el registro nacional de extranjeros, incorporando datos biométricos, y ajusta los plazos para impugnar órdenes de expulsión.
En materia de sanciones, se endurecen las multas para medios de transporte y se aumentan las penas por promover el ingreso ilegal al país.
Preocupaciones por migración ilegal
El senador Ossandón advirtió sobre las dificultades para ejecutar las expulsiones mencionadas en el proyecto y calificó la migración ilegal como «una bomba de tiempo social». Por su parte, el senador Esteban Velásquez planteó la necesidad de mitigar el impacto de la migración en Chile, reconociendo su dimensión global.
El proyecto continúa generando discusión sobre cómo equilibrar la regulación migratoria con los derechos fundamentales y las responsabilidades del Estado.
Fuente: senado.cl
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