La Corte de Apelaciones de Rancagua confirmó la prisión preventiva para C.G.F., imputada por delitos reiterados de cohecho agravado y falsificación. El Ministerio Público también le atribuye el delito de lavado de activos. Los ilícitos ocurrieron mientras la mujer trabajaba en la Subsecretaría de Educación entre 2020 y 2022.
Peligro para la seguridad de la sociedad
El tribunal de alzada dictó un fallo unánime que descartó errores en la resolución del Juzgado de Garantía de Rancagua. Los magistrados determinaron que la libertad de la imputada constituye un peligro para la seguridad de la sociedad. Esta conclusión justifica la permanencia de la medida cautelar más gravosa.
La sentencia fundamenta la decisión en la letra b) del artículo 140 del Código Procesal Penal. El tribunal consideró que los antecedentes de la investigación establecen con claridad la participación de la encartada. Por lo tanto, los presupuestos materiales para la imposición de cautelares se mantienen inalterados hasta la fecha.
Organización criminal y fraude en licencias de conducir
La investigación vincula a la imputada con una organización criminal operativa en el Departamento de Tránsito de Requínoa. C.G.F. presuntamente emitió 5.581 certificados de educación ideológicamente falsos para obtener licencias de conducir fraudulentas. A cambio de estas gestiones, la mujer y un coimputado recibieron diversos pagos ilícitos.
Finalmente, el ente persecutor sostiene que la imputada adquirió vehículos y propiedades con el dinero obtenido. Estas compras tenían como objetivo ocultar el origen ilícito de los fondos provenientes de la corrupción. Debido a la gravedad y cantidad de delitos, la Corte ratificó la necesidad de la cautelar.
Fuente: pjud.cl
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