El Gobierno ha puesto en marcha la nueva Ley de Cumplimiento de las Obligaciones Tributarias, que introduce medidas para mejorar la justicia y la transparencia en el sistema tributario. Sin aumentar los impuestos, la ley busca fomentar el cumplimiento fiscal mediante controles más rigurosos sobre transferencias bancarias y actividades en el comercio digital, además de implementar herramientas para combatir la informalidad.

La Corte Suprema confirmó la inadmisibilidad del recurso de casación en la forma y rechazó el recurso en el fondo presentado por la defensa de la parte demandada en un caso de compraventa de terreno en Coyhaique. La decisión ratifica el fallo previo de la Corte de Apelaciones, que ordena la devolución del terreno debido a una discrepancia significativa entre el precio pactado y el valor real de la propiedad.

En una sentencia unánime, el máximo tribunal estableció que, al existir una cláusula contractual, el Ministerio no debía cubrir las cotizaciones previsionales de funcionario público con contrato a honorarios. La decisión sienta un precedente respecto a las obligaciones previsionales en contratos de prestación de servicios en la Administración Pública.

La Corte Suprema declaró inadmisible un recurso de casación y rechazó otro, en el caso de una demanda de indemnización interpuesta por una expendedora de combustibles desalojada de un predio en Talca. En un fallo unánime, el tribunal respaldó la decisión de la Corte de Apelaciones de Santiago que desestimó la demanda, señalando que no se encontraron errores en la sentencia que justificaran una compensación.

La medida surge como respuesta a la creciente preocupación por las consecuencias en la salud de los chilenos, especialmente en lo que respecta a la obesidad y otras enfermedades relacionadas con el consumo de este tipo de alimentos. La moción será discutida en la Comisión de Salud, donde se evaluará su impacto y viabilidad.

La Comisión de Gobierno Interior ha iniciado la discusión de un proyecto de ley que busca garantizar la legalidad del dinero utilizado para el pago de fianzas y los honorarios de los abogados en casos vinculados a delitos graves, como el narcotráfico y el crimen organizado. La iniciativa plantea la necesidad de acreditar el origen lícito de los fondos para evitar que recursos obtenidos de actividades ilícitas se usen para eludir medidas cautelares.