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Presentan proyecto de ley para aumentar pena por compra de votos

Se propone incrementar la penalización para los actos de cohecho que involucren la participación de organizaciones criminales en el contexto de procesos electorales

Publicado: 30 de mayo de 2024

Se propone incrementar la penalización para los actos de cohecho que involucren la participación de organizaciones criminales en el contexto de procesos electorales, según un proyecto de modificación presentado por los senadores José Miguel Durana, Juan Antonio Coloma, Sergio Gahona, Javier Macaya y David Sandoval.

El proyecto de ley, que será evaluado por la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización, tiene como objetivo abordar lo que los legisladores han denominado como «compra de votos y cualquier forma de cohecho, cuando se ejecute con miembros de organizaciones criminales».

En términos concretos, se plantea una pena que oscila entre los 3 años y 1 día y los 5 años de presidio menor en su grado máximo, acompañada de una multa que podría ascender hasta los 6 millones y medio de pesos (equivalentes a 50 a 100 UTM). Esta sanción se aplicaría a aquellos que, en cualquier elección popular, primaria o definitiva, soliciten votos a cambio de beneficios materiales o cohechen de alguna manera a los electores, en colaboración con miembros de una organización delictiva o criminal.

Es importante señalar que la ley actual establece una penalización menor para el cohecho, sin considerar la participación de organizaciones criminales. Según la normativa vigente, el cohecho conlleva presidio menor en su grado medio, una multa de 10 a 50 unidades tributarias mensuales y la inhabilitación absoluta y perpetua para ocupar cargos públicos. Este último aspecto se mantiene en la propuesta de modificación.

Los promotores del proyecto fundamentan su iniciativa en la necesidad de que el Estado garantice la protección y seguridad de la población, implementando medidas efectivas para combatir la creciente criminalidad, particularmente la que se organiza de manera más violenta y estructurada. En este contexto, argumentan que es fundamental actualizar las normativas legales para enfrentar las nuevas formas de comisión de delitos y tipificar conductas punibles que antes no estaban contempladas.

Fuente: pjud.cl

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