La Comisión de Economía analiza el proyecto de ley que refuerza la protección del derecho de autor en el entorno digital. La iniciativa establece una regulación para las medidas tecnológicas de protección y fija multas por su elusión. El Ejecutivo fundamenta la norma en compromisos de tratados internacionales suscritos por Chile.
Vulneración de medidas tecnológicas de protección
El texto incorpora una definición legal de medidas tecnológicas en la Ley 17.336 de Propiedad Intelectual. Describe estas herramientas como dispositivos que controlan el acceso a obras protegidas. Además, el proyecto tipifica delitos específicos por eludir sistemas de cifrado o administración digital de derechos de autor y conexos.
La propuesta sanciona la fabricación, importación y venta de dispositivos diseñados para vulnerar protecciones tecnológicas. Estas conductas con fines comerciales conllevan reclusión menor en su grado mínimo o multas de hasta 1.000 UTM. Asimismo, se penaliza la oferta de servicios promocionados para facilitar la elusión de estas medidas.
Persecución de delitos de propiedad intelectual
Representantes de la Policía de Investigaciones analizaron los alcances de la normativa ante la comisión parlamentaria. La institución valoró la iniciativa, aunque advirtió un cambio de paradigma en los procesos de investigación. Por ello, recomendaron capacitaciones técnicas para responder eficazmente a los constantes avances tecnológicos en la materia.
Los expertos sugirieron vincular la propuesta con la Ley 21.663 de Ciberseguridad y la Ley 18.168 de Telecomunicaciones. Esta conexión otorgaría un soporte jurídico más robusto para la persecución penal de los infractores. También propusieron crear un ente técnico que monitoree el funcionamiento de aplicaciones que eluden sistemas de seguridad.
Finalmente, la Cámara Chilena de Infraestructura Digital propuso implementar bloqueos selectivos y dinámicos a plataformas infractoras. Estas medidas excepcionales tendrían control judicial posterior y se enfocarían en conductas sistemáticas. El objetivo es fortalecer la gobernanza público-privada para proteger el ecosistema digital y los derechos de los creadores.
Fuente: pjud.cl
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