En una decisión unánime, el máximo tribunal detectó graves deficiencias en los fundamentos de la resolución cuestionada y determinó que la denuncia presentada debe seguir su curso en el Segundo Juzgado Civil de Talcahuano. Esta decisión subraya la relevancia de emitir sentencias fundamentadas y ajustadas a la normativa legal.

La Comisión de Trabajo y Previsión Social intensifica sus esfuerzos para sacar adelante el proyecto que transformará el sistema previsional del país. Este ambicioso plan busca implementar un Sistema Mixto de Pensiones, mejorar la Pensión Garantizada Universal y crear un Seguro Social en el pilar contributivo. En un proceso marcado por amplios debates y consultas técnicas, los legisladores ya han alcanzado importantes consensos y enfrentan desafíos críticos en los próximos meses.

La Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados aprobó en general el proyecto que disuelve la Editorial Jurídica de Chile y establece normas para su liquidación, con el objetivo de resolver los problemas financieros de la institución. Paralelamente, los parlamentarios continuaron el análisis de una reforma constitucional que busca modernizar el sistema de nombramientos judiciales mediante la creación de un Consejo de Nombramientos Judiciales. Ambos temas generaron debate y aportes de expertos en la materia.

Las sanciones derivaron de incumplimientos en su deber de informar a los trabajadores sobre los riesgos laborales y de no actualizar las remuneraciones en los contratos. El fallo unánime, emitido por la Duodécima Sala del tribunal de alzada, refuerza la validez de la resolución previa del Segundo Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago.

La Corte Suprema acogió un recurso de amparo presentado por la defensa de una mujer en situación de vulnerabilidad requerida por la justicia argentina.El máximo tribunal instruyó al Ministerio de Relaciones Exteriores para coordinar audiencias telemáticas solicitadas por un tribunal trasandino, evitando así su traslado al país vecino. La decisión priorizó la protección de los derechos de la amparada y sus hijos menores, en línea con las normativas nacionales e internacionales sobre derechos humanos.

El máximo tribunal determinó que los pagos de las sanciones estaban acreditados y respaldó la resolución que condena la actuación irregular del condominio, marcando un precedente sobre la aplicación de sanciones en comunidades residenciales.