Senado aprueba proyecto que modifica sistema registral y notarial y lo envía a la Cámara de Diputados

El Senado concluyó la votación en particular del proyecto que reforma el sistema registral y notarial, cumpliendo así un paso clave antes de su tercer trámite en la Cámara de Diputados.

La iniciativa introduce un procedimiento en el que la Alta Dirección Pública (ADP) seleccionará a los postulantes a notarios, conservadores de bienes raíces y archiveros. Los candidatos deberán rendir un examen y la ADP elaborará una terna con los mejores puntajes para que el ministro de Justicia y Derechos Humanos haga la nominación final. Esta medida elimina la participación del Poder Judicial en estos nombramientos.

El debate comenzó con la revisión de indicaciones presentadas por el senador Pedro Araya, quien propuso excluir a la ADP del proceso. Argumentó que esta entidad no era la más adecuada para realizar las selecciones. Sin embargo, tanto el Ejecutivo como el senador Alfonso De Urresti defendieron la propuesta, citando recomendaciones de la Corte Suprema. Con 30 votos en contra y solo 4 a favor, la Sala rechazó las indicaciones del senador Araya.

Otras modificaciones aprobadas

Entre las disposiciones aprobadas destaca la obligación del Fiscal Judicial de rendir una cuenta pública anual sobre sus funciones, especialmente en supervisión. Además, deberá mantener información disponible a través de un sitio web.

En cuanto a la creación de nuevos oficios notariales, se rechazaron indicaciones que buscaban establecer criterios específicos, como la obligatoriedad de crear notarías en lugares con más de 20 mil repertorios. La Sala respaldó una norma más flexible que facilita la creación de oficios en zonas alejadas.

El proyecto también eliminó del texto el denominado «folio real electrónico», debido a la magnitud del cambio tecnológico que implica. Aunque las propuestas para incluirlo fueron rechazadas, los senadores coincidieron en que se debe abordar en un futuro proyecto independiente.

Regulaciones y fiscalización

El debate también abordó nuevas normas sobre el funcionamiento de registros conservatorios y la prohibición de contratar parientes en notarías. Se aprobó la facultad del Presidente de la República para dividir o reorganizar oficios conservatorios, excluyendo al Conservador de Bienes Raíces de Santiago.

Por último, se discutieron las facultades del Sernac para fiscalizar el sistema notarial y registral. Tras una aclaración del Ejecutivo sobre el alcance de esta fiscalización, la norma fue aprobada.

El proyecto avanza ahora a su tercer trámite en la Cámara de Diputados, consolidando cambios significativos en la transparencia y modernización del sistema registral y notarial del país.

Fuente: senado.cl

Otras noticias de actualidad jurídica: La Corte Suprema ordena a inmobiliaria reparar daños en edificio

La Corte Suprema ordena a inmobiliaria reparar daños en edificio

La Cuarta Sala de la Corte Suprema confirmó la sentencia que obliga a la inmobiliaria Almahue Don Carlos SA a reparar la fachada de un edificio cuyo desprendimiento causó daños en la terraza del departamento de una residente. Además, la empresa deberá indemnizar a la afectada con $4.000.000 por daño moral.

En un fallo unánime (causa rol 28.899-2024), el tribunal integrado por los ministros Jessica González Troncoso, Juan Manuel Muñoz Pardo, María Loreto Gutiérrez Alvear y las abogadas integrantes Fabiola Lathrop Gómez e Irene Rojas Miño, rechazó el recurso de casación presentado por la inmobiliaria. La empresa argumentó que la sentencia de la Corte de Apelaciones de Santiago, que aumentó el monto indemnizatorio, carecía de fundamentos suficientes.

El fallo señaló que la recurrente cuestionó las pruebas y las declaraciones que respaldaron el aumento de la indemnización, calificándolas de “superfluas” y con “contenido mínimo”. Sin embargo, la Corte Suprema desestimó estos argumentos.

Según el tribunal, las pruebas presentadas acreditaron los daños sufridos por Camila Ruiz Briano, residente del edificio afectado. El desprendimiento de la fachada puso en riesgo la integridad física de ella y sus hijos, además de provocar un impacto emocional que la llevó a buscar apoyo profesional. Por esta razón, el tribunal consideró adecuada la compensación económica otorgada.

Finalmente, la Corte Suprema concluyó que la sentencia recurrida no presentó ninguna infracción formal y, por lo tanto, rechazó el recurso de casación presentado por Almahue Don Carlos SA, manteniendo la obligación de la empresa de realizar las reparaciones necesarias y cumplir con la indemnización establecida.

Fuente: pjud.cl

Otras noticias de actualidad jurídica: Juzgado Civil de Santiago confirma millonaria multa por incumplimientos en los programas de desarrollo

Juzgado Civil de Santiago confirma millonaria multa por incumplimientos en los programas de desarrollo

El Decimoquinto Juzgado Civil de Santiago confirmó la multa de 309 unidades tributarias anuales (UTA) impuesta a la empresa sanitaria Aguas Andinas S.A., tras rechazar el recurso de reclamación presentado por la compañía. La sanción responde a incumplimientos en los programas de desarrollo comprometidos en la Región Metropolitana, según determinó la Superintendencia de Servicios Sanitarios (SISS).

Argumentos del fallo

La jueza Carolina Montecinos Fabio, a cargo de la causa rol 1.140-2020, descartó irregularidades en el proceso sancionatorio y señaló que la SISS actuó conforme a sus facultades legales. La resolución destacó que la Superintendencia cuenta con una presunción legal en su favor respecto de las infracciones verificadas por sus fiscalizadores, como lo establece la Ley 18.902.

El tribunal evaluó los antecedentes aportados por Aguas Andinas y concluyó que no lograron desvirtuar las acusaciones. Aunque la empresa reconoció incumplimientos menores y argumentó que estos no afectaron a los usuarios, la jueza consideró que dichos elementos no eliminan la responsabilidad objetiva de la compañía frente a los compromisos adquiridos.

Aguas Andinas también solicitó una rebaja de la sanción alegando falta de proporcionalidad. Sin embargo, el tribunal rechazó esta petición al considerar que la multa ya se encontraba en el mínimo contemplado por la ley. Además, no encontró antecedentes suficientes que justificaran una reducción dados los incumplimientos en los programas de desarrollo.

La SISS impuso la multa tras constatar que Aguas Andinas incumplió plazos en las obras comprometidas en su plan de desarrollo, específicamente en las plantas de tratamiento de aguas servidas de Talagante y Curacaví. Según la resolución, la empresa no presentó evidencias de que hubiera solicitado ni obtenido autorizaciones para postergar los plazos establecidos.

Con este fallo, el juzgado ratificó la validez de las sanciones aplicadas y subrayó la importancia del cumplimiento de los programas de desarrollo como un deber ineludible de los prestadores de servicios sanitarios.

Fuente: pjud.cl

Otras noticias de actualidad jurídica: Corte Suprema revoca sentencia que declaró prescritos hechos de denuncia pesquera

Corte Suprema revoca sentencia que declaró prescritos hechos de denuncia pesquera

En fallo identificado con causa rol 199.500-2023, la Cuarta Sala de la Corte Suprema ordenó continuar la tramitación de una denuncia por infracción a la normativa pesquera presentada por Sernapesca, tras detectar errores en la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de Concepción. Este fallo había confirmado la resolución de primera instancia que declaró de oficio la prescripción de los hechos denunciados.

El máximo tribunal analizó el caso y concluyó que la sentencia recurrida carecía de fundamentos suficientes, incumpliendo los requisitos establecidos en el artículo 170 del Código de Procedimiento Civil. Según el fallo, los razonamientos del tribunal de alzada eran contradictorios y omitían justificar adecuadamente la aplicación de normas de prescripción de la Ley General de Pesca y Acuicultura.

La Corte Suprema destacó que la sentencia de segunda instancia no explicitó cómo se sustentaba en las normas jurídicas aplicables, ni aclaró la pertinencia de los argumentos utilizados para justificar la prescripción de la acción infraccional. Esta omisión afectó el derecho de defensa de las partes y vulneró principios de certeza jurídica.

En su resolución, la Corte Suprema invalidó la sentencia de segunda instancia y, mediante una nueva sentencia de reemplazo, revocó la decisión apelada. Ordenó que el Segundo Juzgado Civil de Talcahuano continúe con la tramitación de la denuncia conforme a derecho.

El tribunal enfatizó la importancia de que las resoluciones judiciales cuenten con fundamentos claros y suficientes para garantizar la transparencia, la razonabilidad de las decisiones y el ejercicio pleno de los derechos procesales de las partes involucradas.

Fuente: pjud.cl

Otras noticias de actualidad jurídica: Avances en la reforma al sistema de pensiones

Avances en la reforma al sistema de pensiones

La Comisión de Trabajo y Previsión Social avanza en el trámite del proyecto que establece un Sistema Mixto de Pensiones, un Seguro Social en el pilar contributivo y mejoras en la Pensión Garantizada Universal. Este trabajo incluye beneficios adicionales y modificaciones regulatorias.

El proyecto, conocido como la reforma a las pensiones, está en pleno proceso de votación. Los legisladores revisan y aprueban cada punto en conjunto con un comité técnico de expertos. Según el protocolo firmado en agosto entre el Congreso y el Ejecutivo, el texto consolidado se presentará en la Sala antes de fin de año.

Principales acuerdos logrados

Desde la firma del protocolo, los parlamentarios han debatido y aprobado los siguientes puntos:

  • Comisiones de intermediación en las AFP: Se limitarán las comisiones que las AFP pagan a gestores locales e internacionales, regulándolas dentro del régimen de inversiones y no por ley.
  • Comité Técnico de Inversiones (CTI): Se analiza su estructura y los requisitos de sus integrantes, evaluando el nivel de experiencia necesario y la prevención de conflictos de interés.
  • Cambio de multifondos a fondos generacionales: Este modelo establece al menos 10 fondos agrupados por ciclos de vida, lo que podría aumentar las pensiones. Se estima un impacto de hasta 27,1% en los hombres y 12,5% en las mujeres dependiendo del escenario.
  • Ahorro voluntario: Los afiliados mantendrán la libertad de elegir su tipo de inversión en esta modalidad.
  • Cobranza municipal centralizada: Se aprobó su creación con administración licitada, aunque faltan detalles específicos.
  • Seguro de lagunas previsionales: Se propone ampliar la cobertura a quienes usen el seguro de cesantía con fondos de sus cuentas individuales.

Datos clave sobre el sistema

Durante las sesiones, se revelaron cifras relevantes que reflejan los desafíos del sistema:

  • Los afiliados pagaron 480 millones de dólares en comisiones indirectas en 2022.
  • El 52% de los afiliados cambió de fondo activamente en los últimos años.
  • Cerca de 315 mil empleadores tienen cotizaciones impagas, afectando a 2,4 millones de trabajadores.
  • Las deudas judicializadas por cotizaciones impagas suman 16 billones de pesos, con el 97% de estas deudas acumuladas por más de cinco años.
  • A junio de 2024, el 7,3% de los cotizantes alcanzó el tope imponible de 84,3 UF.

Próximos pasos

En las próximas semanas, los legisladores deberán resolver temas clave como la distribución del 6% adicional de cotización. El acuerdo más reciente asigna un 3% a cuentas individuales, un 2% a un préstamo estatal y un 1% a la pensión de las mujeres. También discutirán la reorganización de la industria, incluyendo la licitación del stock de afiliados.

La discusión continúa con el objetivo de consolidar un sistema de pensiones más equitativo y sostenible para los trabajadores del país.

Fuente: senado.cl

Otras noticias de actualidad jurídica: Comisión de Constitución aprueba disolución de la Editorial Jurídica de Chile y analiza reforma al sistema de nombramientos judiciales

Comisión de Constitución aprueba disolución de la Editorial Jurídica de Chile y analiza reforma al sistema de nombramientos judiciales

La Comisión de Constitución de la Cámara retomó la discusión sobre el proyecto que propone disolver la Editorial Jurídica de Chile y establece normas para su liquidación. La iniciativa, enviada por el Ejecutivo en 2013, fue aprobada en su idea de legislar.

El ministro de Justicia, Jaime Gajardo, explicó que el proyecto busca resolver los graves problemas financieros de la Editorial Jurídica, una corporación de derecho público ajena a la administración del Estado. Entre sus principales dificultades se encuentran deudas tributarias, juicios laborales y embargos.

El proyecto analizado por la Comisión de Constitución plantea la disolución de la editorial a través de un liquidador designado por el Ministerio de Justicia. Además, establece que la Universidad de Chile administrará los sellos de la Editorial Jurídica y Andrés Bello, preservando sus marcas.

Por otro lado, otorga nuevas atribuciones a la Biblioteca del Congreso Nacional (BCN), que asumiría el rol de secretaría técnica de la Comisión de Códigos de la República, encargada de la edición oficial de los textos legales.

El director de la BCN, Diego Matte, participó en la sesión y señaló que los trabajadores que se auto despidieron por la insolvencia de la editorial aún enfrentan problemas laborales pendientes. Además, expresó su desacuerdo con la Comisión de Códigos, argumentando que confunde el rol académico con el institucional.

Matte también solicitó avanzar en el reconocimiento legal del Sistema Ley Chile, una plataforma digital que publica más de 4 mil normas y registra un tráfico anual de 32 millones de sesiones.

Debate y cifras financieras

Los diputados respaldaron la disolución, pero pidieron un informe actualizado sobre las deudas de la editorial, considerando que el proyecto tiene 11 años. Según datos presentados por el ministro Gajardo, el informe de la Contraloría de 2022 indica que la editorial acumula deudas tributarias por $18 mil millones, derechos de autor por $834 millones, obligaciones de corto plazo por $21 mil millones y deudas laborales por $458 millones.

El Ministerio de Justicia planea realizar un aporte adicional para cubrir las deudas laborales tras la liquidación, aunque reconoció que las cifras deben ser actualizadas.

Reforma al sistema de nombramientos judiciales

En otro tema, la Comisión de Constitución continuó el análisis de la reforma constitucional que modifica el gobierno judicial y crea un Consejo de Nombramientos Judiciales. Esta propuesta busca modernizar los procesos de designación en el Poder Judicial.

Domingo Lovera, académico de la Universidad Diego Portales, participó en la discusión y destacó la importancia de garantizar la independencia de los jueces. Señaló que los magistrados deben tomar decisiones basadas únicamente en el derecho, sin presiones de las instituciones que los designan ni de sus superiores jerárquicos.

Lovera propuso separar las funciones de nombramiento de las labores disciplinarias y administrativas. También cuestionó la participación del Senado en la ratificación de ternas judiciales, argumentando que no existe una justificación técnica para ese proceso y que se podrían evitar influencias políticas en la designación de los jueces.

El académico subrayó la necesidad de asegurar la pluralidad y la alta calificación técnica en la integración del máximo tribunal, además de establecer mecanismos que reduzcan la posibilidad de tráfico de influencias.

Fuente: camara.cl

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