Acogen demanda contra empresa de productos de construcción por despido indebido

El Primer Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago acoge demanda por despido indebido presentada por una trabajadora desvinculada de la empresa Easy Retail SA, dedicada a la venta de artículos de construcción y del hogar. Según el fallo del juez José Briones Escobar, la carta de despido proporcionada por la empresa no ofrece razones concretas para la desvinculación, lo que resulta insuficiente.

El tribunal ha ordenado a la empresa el pago de $6.261.694 como recargo del 30% sobre la indemnización por años de servicio, $1.958.176 correspondientes a la devolución del aporte del empleador al seguro de cesantía, y $199.065 de devolución de descuento de deuda por finiquito.

El fallo también destaca que el empleador puede poner término al contrato de trabajo por necesidades de la empresa, pero estas razones deben ser de carácter objetivo y no estar ligadas a la voluntad de las partes. Además, deben afectar al establecimiento o servicio de forma significativa y ser circunstancias permanentes.

La resolución subraya que la carta de despido debe proporcionar contexto y evitar afirmaciones genéricas. En este caso, la carta menciona un proceso de reestructuración y búsqueda de eficiencia en los procesos, pero no especifica a qué se refiere con ello. La prueba aportada por la demandada no justifica la causal de despido.

En consecuencia, se declara que el despido de la demandante el 26 de abril de 2022 es improcedente y se condena a la empresa Easy Retail S.A. al pago de las sumas mencionadas, sujetas a reajustes e intereses según el Código del Trabajo. La empresa también deberá asumir los costos procesales. Una vez firme la sentencia, se remitirán los antecedentes para su ejecución al Juzgado de Cobranza Laboral y Previsional.

Fuente: pjud.cl

Respaldan protección de datos personales en casos de violencia intrafamiliar

La Comisión de Familia ha respaldado de manera contundente el proyecto de protección de datos personales de víctimas de violencia intrafamiliar (boletín 15872), enviándolo ahora a la Sala. Esta iniciativa busca enmendar la Ley de Violencia Intrafamiliar y los procedimientos ante los Tribunales de Familia y con competencia en lo Penal, con el fin de asegurar la confidencialidad del domicilio, residencia, habitación, lugar de trabajo o estudio de la víctima.

La norma impone la obligación de preservar los datos personales en todos los actos realizados en estos tribunales, así como en los registros informáticos accesibles para la parte denunciada. Además, se insiste en mantener esta reserva durante cualquier fase de la investigación de delitos de violencia intrafamiliar, incluso previo a la formalización o a la imposición de medidas cautelares para la protección efectiva y oportuna de la víctima.

En cuanto a los procedimientos penales y civiles, se introducen modificaciones para garantizar la salvaguardia de los datos personales en casos de violencia intrafamiliar, siempre sin menoscabo de los derechos del denunciado.

El proyecto enfatiza la protección de la información en la presentación de denuncias y querellas, abarcando tanto documentos como registros informáticos a disposición de la parte querellada.

Adicionalmente, la propuesta establece penas significativas para los funcionarios que divulguen la información regulada por esta norma. Quienes incurran en esta conducta se exponen a penas de presidio menor en sus grados mínimo a medio, lo que implica entre cinco años y un día hasta 15 años de prisión, además de una inhabilidad temporal para ejercer cargos públicos durante el periodo de condena.

Este tema generó debate entre los diputados, con sugerencias de reducción de la pena. Sin embargo, los defensores de la medida argumentaron que está en juego la confianza de la ciudadanía en los Tribunales de Justicia y que, en última instancia, la consecuencia de una divulgación indebida podría ser la muerte de la persona que denuncia.

Fuente: camara.cl

Aprueban incentivo tributario para adquisición de viviendas nuevas

El Senado respaldó por 28 votos a favor y 1 abstención el proyecto de ley que establece un beneficio tributario para la adquisición de viviendas nuevas con créditos hipotecarios. Este beneficio consiste en un crédito reembolsable de poco más de 1 millón de pesos, que podrá ser imputado contra el impuesto a la renta determinado por las personas, durante los años tributarios del 2024 al 2029.

Este mensaje, que está a punto de convertirse en ley, tiene como objetivo reactivar la construcción y facilitar la adquisición de viviendas nuevas, especialmente para la clase media. La senadora Isabel Allende valoró este proyecto como una alternativa para apoyar a las familias y revitalizar la industria de la construcción.

Condiciones de la ley

Para acceder al crédito, se requiere que la vivienda adquirida esté construida y tenga recepción final en la fecha de entrada en vigencia de la ley, siendo la primera venta de la misma. También se contempla la posibilidad de acceso para viviendas sin recepción final, siempre y cuando exista un contrato de promesa de compraventa firmado después del 16 de octubre de 2023.

Además, la compraventa debe realizarse después de la entrada en vigencia de la ley y la vivienda debe estar inscrita a nombre del beneficiario en el Conservador de Bienes Raíces antes del 1 de octubre de 2024.

El beneficio tributario se materializará en un crédito anual de hasta 16 unidades tributarias mensuales, aplicable a contribuyentes del impuesto global complementario y personas que perciban rentas conforme a la Ley de Rentas, incluso si estas rentas no están sujetas a tributación por otras disposiciones legales.

A pesar del respaldo, el senador Juan Antonio Coloma consideró este esfuerzo como «completamente menor» ante la falta de crecimiento e inversión en la actividad económica del país, destacando la necesidad de una agenda más amplia para reactivar Chile.

Fuente: senado.cl

Confirman multa a empresa de áridos por infracciones al Código Sanitario

El Quinto Juzgado Civil de Santiago confirmó una multa de 300 UTM a la Sociedad Inmobiliaria, Agrícola y Comercial Baltierra SA. La sanción fue impuesta por la Secretaría Regional Ministerial de Salud debido al incumplimiento de medidas de estabilización en un depósito de materiales de construcción en un predio de la reclamante, ubicado en Puente Alto.

La magistrada Giselle Sorhaburu Carvajal desestimó la alegación de vulneración al principio del non bis in idem en el procedimiento sancionatorio contra Baltierra por infracciones al Código Sanitario. El fallo basó la sanción en el incumplimiento de una resolución de la Seremi de Salud Metropolitana, corroborado por los expedientes administrativos.

El tribunal rechazó la argumentación de la reclamante sobre la existencia de una posible doble sanción administrativa, indicando que solo se había aplicado una sanción por diferentes infracciones originadas en inspecciones distintas.

En cuanto a la petición subsidiaria de rebaja de la multa, se argumentó que los elementos de hecho se mantenían invariables, y que la acción de rebaja no estaba contemplada en el Código Sanitario, por lo que se desestimó.

En última instancia, se resolvió rechazar la reclamación de multa y se condenó a la reclamante a cubrir los costos del proceso.

El fallo del Quinto Juzgado Civil de Santiago ratifica la sanción impuesta a la empresa por infracciones al Código Sanitario. La decisión se fundamenta en el incumplimiento de medidas ordenadas por la autoridad sanitaria, respaldado por expedientes administrativos. Se descartó cualquier vulneración al principio del non bis in idem y se rechazó la solicitud de rebaja de la multa, considerando que los hechos se mantuvieron inalterables. La resolución confirma la multa y condena a la reclamante a cubrir los gastos legales.

Fuente: pjud.cl

Absuelven a acusado por cultivo de marihuana de uso personal

Origen: TOP de Punta Arena; Fecha: 23/10/2023; Causa rol: 90-2023

En un fallo dividido, el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Punta Arenas absolvió a José Alberto Araya Ojeda, acusado de plantar, cultivar y cosechar marihuana para consumo personal. El tribunal determinó que las 16 plantas de cannabis sativo encontradas estaban destinadas exclusivamente al consumo próximo y personal de Araya Ojeda. Por ende, ordenaron la devolución de las especies incautadas que no estaban sujetas a destrucción.

El veredicto se basó en que el acusado mantenía un consumo crónico de cannabis sativa durante muchos años y estaba en tratamiento médico y psicológico para paliar los efectos de la abstinencia causada por el descubrimiento del cultivo en su domicilio. Según la resolución, esto justificaba la plantación de la droga, ya que se estableció que estaba destinada únicamente para su consumo personal, desplazando la presunción de antijuridicidad.

El procedimiento policial se llevó a cabo el 4 de enero de 2023, cuando la policía recibió información sobre el cultivo ilegal de marihuana en una parcela en Punta Arenas. Con autorización del propietario, encontraron una bodega acondicionada para el cultivo indoor junto al dormitorio de Araya Ojeda, equipada con 16 plantas de cannabis sativa en diversas etapas de crecimiento, además de una sustancia vegetal verdosa en proceso de secado que dio positivo para THC y se confirmó como cannabis sativa pura. También se incautó una pesa digital.

El tribunal dejó claro que la decisión de absolver a Araya Ojeda se tomó con el voto en contra del juez Álvarez Astete. La sentencia subrayó que, a pesar de que la conducta del acusado era típica en términos penales, estaba justificada por el consumo crónico de cannabis sativa y el tratamiento médico que recibía. Esta resolución marca un precedente importante en el tratamiento legal de casos similares en la región de Punta Arenas.

Fuente: pjud.cl

Ordenan indemnización a víctima de secuestro por la DINA cuando tenía 3 años de edad

Origen: 1er Juzgado Civil de Santiago; Fecha: 19 de octubre de 2023; Causa rol: 5.944-2023

El Primer Juzgado Civil de Santiago ha dictaminado que el fisco deberá abonar una compensación de $80.000.000 a Macarena Aguiló Marchi. Aguiló fue detenida por agentes de la extinta Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) en abril de 1975, cuando apenas tenía 3 años y seis meses, junto a sus familiares. La detención tenía como objetivo presionar a su padre para que se entregara.

El fallo, emitido por la magistrada Isabel Margarita Zúñiga Alvayay, desestima las objeciones planteadas por el fisco. Se establece que Aguiló fue víctima de un crimen de lesa humanidad, lo que lo hace imprescriptible tanto en términos penales como civiles.

La resolución destaca la gravedad del caso, dada la temprana edad de la víctima al momento de los hechos. Asimismo, se considera el período de detención de 22 días y la separación de sus padres desde enero de 1975 hasta abril de 1976. Esto, sumado a la vulneración de derechos fundamentales, motiva la indemnización.

Además, se determina que los montos recibidos por la demandante bajo las leyes de reparación (19.982 y 20.874) deben ser considerados en la indemnización final. Estas leyes surgieron como respuesta estatal a la persecución política, según el Informe Valech.

El fallo subraya que tanto las leyes de reparación como las compensaciones judiciales tienen un propósito reparador en el ámbito del daño moral, siendo ambas compatibles y complementarias. Se aplica el principio de Compensatio lucri cum damno, que atribuye los daños al mismo acto ilícito del Estado.

Finalmente, se dicta que el fisco debe pagar a Macarena Aguiló Marchi la suma de $80.000.000, ajustada desde la fecha de la sentencia hasta el momento del pago completo, más los intereses correspondientes por mora. Esta cantidad se considera justa y equitativa, teniendo en cuenta que la demandante es beneficiaria de las leyes de reparación.

Fuente: pjud.cl