Nov 3, 2023 | Actualidad Prime
La Comisión de Salud aprobó una moción para garantizar el acceso a medicamentos los 365 días del año, las 24 horas, especialmente cerca de centros asistenciales. El proyecto de modificación al Código Sanitario, que aborda la atención farmacéutica en grandes ciudades, pasará ahora a ser discutido en la Sala.
La iniciativa, impulsada por los senadores Francisco Chahuán, María José Gatica, Ximena Rincón, Felipe Kast y Javier Macaya, establece la obligación de contar con farmacias de atención permanente (24/7) en zonas urbanas, ubicadas en lugares de fácil acceso para el público y preferiblemente cercanas a hospitales o centros de salud. Esto busca poner fin al sistema de turnos de farmacias.
Durante sesiones previas, el presidente del Colegio de Químicos Farmacéuticos, Jorge Cienfuegos, resaltó la importancia de realizar ajustes al texto, reconociendo que las farmacias desempeñan un papel crucial en el ámbito de la salud, más allá de lo reconocido por las autoridades sanitarias.
Por su parte, representantes de entidades como la Central Nacional de Abastecimiento (Cenabast), farmacias Ahumada y Cruz Verde, consideraron en términos generales el texto como positivo. Cenabast destacó el impacto positivo de la ley que le permite vender medicamentos a las farmacias a un precio reducido, lo que ha resultado en un aumento significativo de ventas y la apertura de almacenes farmacéuticos en comunas donde no existían farmacias.
Los representantes de las farmacias solicitaron que se clarifiquen aspectos relacionados con la seguridad de los empleados y se precise el concepto de «grandes urbes» en la redacción del proyecto.
En resumen, la moción aprobada por la Comisión de Salud busca establecer farmacias de atención permanente en grandes ciudades, con el objetivo de garantizar el acceso a medicamentos los 365 días del año y eliminar el sistema de turnos. El proyecto ahora pasará a ser debatido en la Sala.
Fuente: senado.cl
Nov 2, 2023 | Actualidad Prime
La Comisión de Medio Ambiente, Cambio Climático y Bienes Nacionales aprobó en general el proyecto de modificación de la Ley N° 20.600, que establece los Tribunales Ambientales. La iniciativa, presentada por los senadores Juan Ignacio Latorre, Matías Walker e Isabel Allende, tiene como objetivo consagrar la procedencia del recurso de casación contra las sentencias emitidas por los Tribunales Ambientales del país.
Esta modificación brindaría certeza jurídica y una protección adecuada al debido proceso, ofreciendo una vía de impugnación para las sentencias dictadas en el marco de la Ley de Humedales Urbanos y otros cuerpos normativos que aborden problemas similares en el sistema recursivo.
Durante el proceso de análisis del proyecto, la Comisión, presidida por el senador Latorre, escuchó a diversos actores, incluyendo al Ministerio de Medio Ambiente, el Servicio de Evaluación Ambiental, la Superintendencia del Medio Ambiente, Tribunales Ambientales, el Consejo de Defensa del Estado, representantes académicos, Urbano Proyectos y la Red Plurinacional de Humedales.
Qué busca la Ley
Aunque el texto fue bien recibido por su mayor claridad y uniformidad, se destacaron aspectos a abordar, como la necesidad de mayor claridad sobre los recursos que proceden y la importancia de evitar tiempos prolongados de judicialización. También se planteó la necesidad de una definición legal que aclare las sentencias de los Tribunales Ambientales.
La propuesta busca modificar el sistema recursivo contenido en la Ley N° 20.600, permitiendo así interponer recursos contra sentencias definitivas que resuelvan reclamaciones en el contexto de declaraciones de humedales urbanos, en virtud de la Ley N° 21.202 y otras disposiciones legales como la Ley 20.920 o Ley REP (Responsabilidad Extendida del Productor).
Con esta modificación normativa, se espera establecer un sistema recursivo uniforme para las sentencias del Tribunal Ambiental, en línea con el Acuerdo Regional sobre Justicia Ambiental, lo que facilitaría la unificación de criterios entre los tres Tribunales Ambientales. No obstante, se mantiene la exclusión de las resoluciones sobre medidas provisionales, en coherencia con su naturaleza. El plazo para recibir indicaciones sobre el proyecto se extiende hasta el 3 de noviembre de 2023.
Fuente: senado.cl
Nov 1, 2023 | Actualidad Prime
Origen: Corte Suprema; Fecha: 30 de octubre de 2023; Causa rol 2.901-2020
La Corte Suprema confirmó la absolución de miembros retirados del Ejército y Carabineros acusados por el secuestro del matemático Boris Weisfeiler Bernstein en 1985. La Segunda Sala del tribunal rechazó los recursos de casación, respaldando la calificación de los hechos como un delito común y aplicando la prescripción de la acción penal, descartando el delito de lesa humanidad.
El fallo, dividido, destacó que el crimen de lesa humanidad debe estar ligado a una política de actuación por parte del Estado o un poder de facto. En este caso, la detención de la víctima no se insertó en una política estatal atentatoria contra la población civil, sino que fue una acción aislada motivada por instrucciones de control fronterizo. La actuación de Carabineros y del Ejército no corresponde a un ataque generalizado o sistemático, sino a una actividad ilegal para verificar identidades y formas de ingreso al país en una zona cercana a la frontera.
Aplicación de la prescripción
El tribunal argumentó que la prescripción es necesaria para poner fin a situaciones irregulares y cesar la potestad represiva del Estado cuando no se ha ejercido la persecución penal. En este caso, al no calificarse como un delito de lesa humanidad, la prescripción es procedente. Se subrayó que el paso del tiempo y la falta de ejercicio de la acción penal pueden llevar a situaciones de incertidumbre, justificando la subsistencia de la prescripción como causa de extinción de la responsabilidad criminal.
En cuanto a la consumación del delito, se estableció que esta se da en el momento de la privación de libertad por la detención o encierro, siendo una infracción de consumación instantánea. Además, se citó al jurista José Miguel Prats Canuts para respaldar esta interpretación.
La decisión fue tomada con los votos en contra de los ministros Dahm y Llanos, quienes abogaron por la condena de los acusados y rechazaron la prescripción de la acción penal. En la primera instancia, el ministro Jorge Zepeda Arancibia estableció que los encausados privaron de libertad y ocultaron a la víctima, argumentando que Carabineros denunció falsamente su supuesta muerte por ahogamiento al intentar cruzar un río. Se imputó también a funcionarios del Ejército por colaborar en el delito.
Fuente: pjud.cl
Oct 31, 2023 | Actualidad Prime
La Sexta Sala del tribunal de alzada de Santiago ha confirmado la multa de 3.800 Unidades Tributarias Mensuales (UTM) impuesta a la Compañía General Electricidad SA (CGE) debido a interrupciones en el suministro de energía en Curarrehue. Esta decisión unánime rechazó el reclamo de ilegalidad presentado por CGE contra las resoluciones de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC).
El fallo destaca la naturaleza del derecho sancionador administrativo y la discusión sobre si estas sanciones son una manifestación del poder estatal para aplicar castigos. Se argumenta que las garantías penales sustantivas deben aplicarse en el procedimiento de imposición de sanciones administrativas.
Se enfatiza que la sanción administrativa busca cumplir fines de interés público y no es una expresión del ius puniendi estatal. El fallo subraya que el ilícito debe estar definido por la ley, pero la conducta reprochable puede complementarse con normativas de menor rango, como reglamentos y normas técnicas.
El tribunal también establece que las resoluciones de la SEC fueron dictadas conforme a sus facultades legales y en un procedimiento administrativo que siguió las normas sectoriales. Se subraya que las interrupciones no fueron resultado de fuerza mayor o caso fortuito, sino que ocurrieron en un estado normal, según lo definido en la Norma Técnica de Calidad de Servicio para Sistemas de Distribución.
La Superintendencia consideró las circunstancias y normativas aplicables al imponer la multa, asegurando que esta se encuentra dentro del rango permitido por la ley. Se concluye que la reclamada actuó en estricto apego a la normativa vigente, desestimando las alegaciones de ilegalidad presentadas.
El fallo también hace referencia a la decisión previa del Tribunal Constitucional que rechazó la inaplicabilidad por inconstitucionalidad. En cuanto a la segunda alegación de ilegalidad, se argumenta que el acto impugnado no incrementó artificialmente el porcentaje de afectación y que la evaluación se realizó adecuadamente por comuna.
Fuente: pjud.cl
Oct 30, 2023 | Actualidad Prime
El Primer Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago acoge demanda por despido indebido presentada por una trabajadora desvinculada de la empresa Easy Retail SA, dedicada a la venta de artículos de construcción y del hogar. Según el fallo del juez José Briones Escobar, la carta de despido proporcionada por la empresa no ofrece razones concretas para la desvinculación, lo que resulta insuficiente.
El tribunal ha ordenado a la empresa el pago de $6.261.694 como recargo del 30% sobre la indemnización por años de servicio, $1.958.176 correspondientes a la devolución del aporte del empleador al seguro de cesantía, y $199.065 de devolución de descuento de deuda por finiquito.
El fallo también destaca que el empleador puede poner término al contrato de trabajo por necesidades de la empresa, pero estas razones deben ser de carácter objetivo y no estar ligadas a la voluntad de las partes. Además, deben afectar al establecimiento o servicio de forma significativa y ser circunstancias permanentes.
La resolución subraya que la carta de despido debe proporcionar contexto y evitar afirmaciones genéricas. En este caso, la carta menciona un proceso de reestructuración y búsqueda de eficiencia en los procesos, pero no especifica a qué se refiere con ello. La prueba aportada por la demandada no justifica la causal de despido.
En consecuencia, se declara que el despido de la demandante el 26 de abril de 2022 es improcedente y se condena a la empresa Easy Retail S.A. al pago de las sumas mencionadas, sujetas a reajustes e intereses según el Código del Trabajo. La empresa también deberá asumir los costos procesales. Una vez firme la sentencia, se remitirán los antecedentes para su ejecución al Juzgado de Cobranza Laboral y Previsional.
Fuente: pjud.cl
Oct 27, 2023 | Actualidad Prime
La Comisión de Familia ha respaldado de manera contundente el proyecto de protección de datos personales de víctimas de violencia intrafamiliar (boletín 15872), enviándolo ahora a la Sala. Esta iniciativa busca enmendar la Ley de Violencia Intrafamiliar y los procedimientos ante los Tribunales de Familia y con competencia en lo Penal, con el fin de asegurar la confidencialidad del domicilio, residencia, habitación, lugar de trabajo o estudio de la víctima.
La norma impone la obligación de preservar los datos personales en todos los actos realizados en estos tribunales, así como en los registros informáticos accesibles para la parte denunciada. Además, se insiste en mantener esta reserva durante cualquier fase de la investigación de delitos de violencia intrafamiliar, incluso previo a la formalización o a la imposición de medidas cautelares para la protección efectiva y oportuna de la víctima.
En cuanto a los procedimientos penales y civiles, se introducen modificaciones para garantizar la salvaguardia de los datos personales en casos de violencia intrafamiliar, siempre sin menoscabo de los derechos del denunciado.
El proyecto enfatiza la protección de la información en la presentación de denuncias y querellas, abarcando tanto documentos como registros informáticos a disposición de la parte querellada.
Adicionalmente, la propuesta establece penas significativas para los funcionarios que divulguen la información regulada por esta norma. Quienes incurran en esta conducta se exponen a penas de presidio menor en sus grados mínimo a medio, lo que implica entre cinco años y un día hasta 15 años de prisión, además de una inhabilidad temporal para ejercer cargos públicos durante el periodo de condena.
Este tema generó debate entre los diputados, con sugerencias de reducción de la pena. Sin embargo, los defensores de la medida argumentaron que está en juego la confianza de la ciudadanía en los Tribunales de Justicia y que, en última instancia, la consecuencia de una divulgación indebida podría ser la muerte de la persona que denuncia.
Fuente: camara.cl
