Abr 11, 2025 | Actualidad Prime
La Sala del Senado aprobó esta semana, en general, el proyecto de ley que entrega un bono transitorio a funcionarios de la Policía de Investigaciones de Chile (PDI). La iniciativa regresó a la Comisión de Hacienda para continuar su trámite en particular.
El proyecto busca cumplir un compromiso incluido en la ley de reajuste del sector público 2025. Su objetivo principal consiste en otorgar, entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de ese año, un bono mensual al personal que recibe las gratificaciones especiales de riesgo y de reacción táctica. Los montos alcanzarán hasta un 10% y un 2,5% del sueldo, respectivamente.
El senador Iván Moreira detalló que el nuevo Ministerio de Seguridad Pública establecerá el porcentaje específico para cada funcionario mediante un decreto. Este decreto deberá emitirse dentro del mes siguiente a la publicación de la ley.
Durante el debate intervinieron los senadores Enrique Van Rysselberghe, Sebastián Keitel, Kenneth Pugh, Ximena Órdenes, José Miguel Durana, Iván Flores, Juan Ignacio Latorre y Fidel Espinoza. Todos coincidieron en que el proyecto fortalece la labor de la PDI en un contexto de creciente criminalidad.
Los parlamentarios señalaron que los funcionarios de la PDI enfrentan un escenario más complejo y peligroso, marcado por la expansión del crimen organizado, el narcotráfico y delitos de alta sofisticación. También destacaron que esta asignación mejorará sus condiciones laborales y podría representar un ingreso adicional equivalente a un sueldo extra anual.
Fuente: senado.cl
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Mar 21, 2025 | Actualidad Prime
El Senado avanza en la aprobación de un proyecto que busca fortalecer el sistema de inteligencia financiera. La iniciativa contempla la consolidación de la Unidad de Análisis Financiero (UAF) y la creación de unidades de inteligencia en el Servicio de Impuestos Internos (SII) y el Servicio Nacional de Aduanas, con el objetivo de mejorar la detección y prevención de delitos financieros y crimen organizado.
Discusión en el Senado
Durante la sesión, la Sala despejó gran parte del articulado de la iniciativa, luego del análisis realizado por las Comisiones de Seguridad, Hacienda y Constitución. Uno de los puntos centrales fue la redacción del artículo sobre las definiciones de crimen organizado.
En la discusión, los senadores evaluaron una propuesta del Ejecutivo que buscaba ampliar las atribuciones de la UAF, permitiendo el acceso a información protegida por secreto o reserva. La iniciativa fue rechazada por 17 votos contra 15 y 2 abstenciones.
Posturas de los senadores
Senadores como Luz Ebensperger, Juan Antonio Coloma, Claudia Pascual, Kenneth Pugh, Daniel Núñez y Matías Walker argumentaron la importancia de mantener el control judicial sobre las investigaciones. En el debate, se destacó que, en los últimos 16 años, los tribunales autorizaron el levantamiento del secreto bancario en un plazo de 24 horas en las 64 ocasiones en que se solicitó. Esta situación reforzaría la trazabilidad de las investigaciones con los adecuados contrapesos.
El ministro de Hacienda, Mario Marcel, defendió la propuesta del Ejecutivo, señalando que la medida podría disminuir la carga de los tribunales y aumentar la eficacia de las investigaciones financieras, según un informe entregado por la Corte Suprema.
Definición de crimen organizado
La semana pasada, senadores solicitaron revisar la definición del delito de crimen organizado, por lo que la Comisión de Constitución analizó el tema y acordó una nueva redacción del artículo 1º del proyecto. La norma estableció la creación de la UAF con el objetivo de prevenir e impedir el uso del sistema financiero y otros sectores económicos para la comisión de delitos vinculados al crimen organizado.
El artículo fue aprobado por 29 votos a favor y 6 abstenciones. Durante el debate intervinieron los senadores Juan Antonio Coloma, Kenneth Pugh, José Miguel Insulza, Claudia Pascual y Daniel Núñez, además del ministro de Hacienda.
Desafíos en la persecución del crimen organizado
La mayoría de los parlamentarios coincidieron en que la definición del crimen organizado quedó más clara, aunque también manifestaron preocupación por los desafíos en la persecución de estos delitos. Se destacó la necesidad de una ley de inteligencia y de establecer equilibrios en las medidas intrusivas con facultades especiales en torno al crimen organizado.
Con esta iniciativa, se busca facilitar las tareas de inteligencia orientadas a la recolección, evaluación, análisis y almacenamiento de datos personales e información sobre actividades económicas vinculadas a delitos como el tráfico de drogas, el terrorismo y el crimen financiero.
El debate continuará en una próxima sesión ordinaria del Senado.
Fuente: senado.cl
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Ene 10, 2025 | Actualidad Prime
La Comisión de Constitución del Senado inició el análisis de un proyecto clave dentro de la agenda de seguridad priorizada. Esta iniciativa propone la creación de un Departamento de Seguridad Especial en Gendarmería y un régimen penitenciario específico para enfrentar los desafíos del crimen organizado.
Objetivos del proyecto
El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Jaime Gajardo, presentó los principales ejes de la propuesta, cuyo enfoque principal es fortalecer la capacidad de Gendarmería para manejar a internos vinculados a organizaciones criminales. El proyecto busca herramientas y personal especializado para garantizar la seguridad en los recintos penitenciarios. Gajardo explicó que el régimen penitenciario tendrá dos niveles:
- Régimen ordinario: Diseñado para la generalidad de las personas privadas de libertad.
- Régimen especial de seguridad: Aplicado a internos de alto riesgo o con vínculos comprobados con redes criminales.
Adicionalmente, el proyecto incluye varias disposiciones concretas:
- Creación de un Departamento de Seguridad Especial en Gendarmería.
- Asignaciones económicas exclusivas para el personal de este nuevo departamento.
- Protección de la identidad de los funcionarios mediante la prohibición de usar elementos que los individualicen.
- Regulación de un régimen especial de seguridad para internos de alta peligrosidad.
Contexto y desafíos
El ministro destacó que las cárceles enfrentan una realidad delictual compleja, donde algunos internos mantienen operaciones criminales desde el interior de los recintos. Según Gajardo, la normativa actual no ofrece suficientes herramientas para enfrentar este problema.
El director nacional de Gendarmería, Sebastián Urra, e Ignacio Castillo, representante del Ministerio Público, también participaron en la sesión. La discusión incluyó una parte declarada en reserva para tratar aspectos sensibles relacionados con la seguridad penitenciaria.
Con este proyecto, el Senado busca reforzar la lucha contra el crimen organizado, adaptándose a las nuevas exigencias de seguridad dentro y fuera de los recintos penitenciarios.
Fuente: senado.cl
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Oct 24, 2024 | Actualidad Prime
La Comisión de Gobierno Interior comenzó la discusión del proyecto que busca asegurar la procedencia legal del dinero destinado al pago de fianzas, una alternativa a la prisión preventiva y los honorarios de los abogados defensores en casos de delitos graves. La iniciativa, presentada por el diputado Juan Fuenzalida (UDI), enfatiza la importancia de evitar que recursos de origen ilícito se utilicen para eludir medidas cautelares, especialmente en casos relacionados con el narcotráfico y el crimen organizado.
Durante la sesión, Fuenzalida destacó que el sistema judicial actual no exige un control riguroso sobre el origen del dinero destinado a estas fianzas, a pesar de que existen mecanismos para identificar operaciones sospechosas a través de la Unidad de Análisis Financiero (UAF). Como ejemplo, mencionó un caso reciente en Los Vilos, donde el Juzgado de Garantía permitió la sustitución de la prisión preventiva por una fianza a imputados vinculados a la organización criminal «Tren de Aragua».
El proyecto también aborda la situación de los abogados que defienden a personas investigadas bajo la Ley 20.000, relacionada con delitos de drogas. Fuenzalida subrayó la necesidad de que los defensores acrediten el origen lícito de sus honorarios, señalando que en algunos casos, se han visto abogados exhibiendo sumas considerables de dinero en redes sociales, lo que genera dudas sobre la legalidad de estos ingresos.
Este proyecto busca fortalecer las herramientas legales del sistema penal, exigiendo mayores controles para garantizar la transparencia y legalidad de los recursos utilizados en el proceso judicial, protegiendo así los intereses de la sociedad frente a actividades delictivas.
Fuente: camara.cl
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