May 6, 2024 | Actualidad Prime
La Corte de Apelaciones de Punta Arenas ha ratificado la sentencia que concedió una demanda de indemnización por daños y perjuicios, condenando a un empresario del transporte a pagar la suma de $100.000.000 por daño moral a los padres de un joven peoneta fallecido en un accidente laboral ocurrido en mayo de 2019 en Tierra del Fuego.
El joven fallecido fue contratado para realizar labores de peoneta, pero no había recibido capacitación ni tenía experiencia en tareas relacionadas con la esquila o carga de animales. El accidente ocurrió cuando Felipe, a solicitud de su empleador, bajó del vehículo para abrir un portón, momento en el cual fue aplastado por el vehículo conducido por el demandado, resultando en su muerte aproximadamente 40 minutos después debido a un politraumatismo. Se argumenta que la negligencia del demandado al exponer a Felipe a condiciones laborales peligrosas fue la causa principal de su muerte.
En una decisión unánime (causa rol 57-2024), la Primera Sala del tribunal de alzada, compuesta por los ministros Marcos Kusanovic Antinopai, Caroline Turner González y el fiscal judicial Pablo Miño Barrera, rechazó cualquier error en la valoración de la prueba realizada en la sentencia impugnada emitida por el Juzgado de Letras del Trabajo de Porvenir. Esta sentencia determinó que la muerte del trabajador fue el resultado de un grave incumplimiento de la obligación de cuidado por parte del empleador.
El fallo explica que el recurrente no ha proporcionado argumentos suficientes para impugnar la evaluación de la prueba realizada por el juez, y que las discrepancias presentadas no constituyen una violación evidente a las reglas de la sana crítica en la valoración de la evidencia.
La resolución detalla el análisis minucioso llevado a cabo por el juez subrogante, que incluye la consideración de pruebas documentales, testimoniales y confesionales, así como la aplicación de normativas laborales pertinentes. Se estableció que el demandado incumplió su deber de cuidado hacia el trabajador fallecido al no proporcionar la capacitación adecuada ni los elementos de seguridad necesarios para realizar su labor, lo que derivó en el trágico accidente laboral.
El tribunal concluye que la sentencia impugnada no incurre en una infracción manifiesta a las normas sobre apreciación de la prueba, y por lo tanto, desestima el recurso de nulidad presentado.
Fuente: pjud.cl
May 1, 2024 | Actualidad Prime
Abr 30, 2024 | Actualidad Prime
En un fallo unánime emitido por la Segunda Sala del tribunal de alzada, la Corte de Apelaciones de Chillán ha confirmado la sentencia que responsabiliza a la municipalidad de la comuna por el fallecimiento de un joven ocurrido el 2 de febrero de 2020. El trágico incidente se desencadenó cuando un olmo de más de 20 metros de altura se desplomó en la plaza de Armas de la ciudad, cobrándose la vida del adolescente de 16 años, Juan José Martín Morales.
La sentencia, dictada en el marco del rol 815-2022, rechazó la eximente de responsabilidad por caso fortuito argüida por el municipio, confirmando la condena por falta de servicio. La indemnización total impuesta asciende a la cifra significativa de $400.000.000 por concepto de daño moral, destinada a los padres y hermanos del fallecido.
En el proceso judicial, la municipalidad de Chillán presentó una apelación argumentando la inexistencia de falta de servicio y solicitando la revocación de la sentencia. Sin embargo, la Corte desestimó esta petición, respaldando el monto establecido por el tribunal de primera instancia.
El fallo de la Corte destacó la importancia de garantizar una reparación integral del daño, subrayando que el quantum establecido debe satisfacer el principio de justicia en casos de esta naturaleza. Se enfatizó que la indemnización no solo busca compensar económicamente el sufrimiento de los familiares, sino también restaurar en la medida de lo posible la situación previa al incidente.
En cuanto a la determinación del monto indemnizatorio, se consideraron diversos factores, incluido el grado de cercanía y convivencia entre el fallecido y cada uno de sus familiares. La Corte determinó que, si bien el vínculo afectivo era fuerte en todos los casos, debía reflejarse la diferencia en la intensidad del mismo al fijar las sumas indemnizatorias individuales.
El fallo ratificó la conclusión del tribunal de primera instancia, que estableció la responsabilidad de la Municipalidad de Chillán en el trágico suceso. Se señaló que la adopción de medidas adecuadas por parte de la demandada podría haber prevenido el fatal desenlace, subrayando la necesidad de una gestión responsable y proactiva en materia de seguridad pública.
Fuente: pjud.cl
Abr 29, 2024 | Actualidad Prime
El Juzgado de Garantía de Laja emitió un veredicto condenatorio contra Roberto Elías Quintana Inostroza, alcalde de la comuna, por el delito de acoso sexual ocurrido en agosto de 2021 en la sede municipal. En el juicio oral simplificado, el magistrado Josué Martínez Pinto confirmó la culpabilidad del acusado tras valorar pruebas testimoniales, audiovisuales y documentales presentadas por el Ministerio Público y la querellante. La resolución destaca la coherencia entre el relato de la víctima y las pruebas, lo que estableció la participación de Quintana Inostroza en el acoso sexual.
La defensa del alcalde argumentó sobre la fecha del incidente y la calidad de las pruebas presentadas, pero el tribunal desestimó estas alegaciones al considerar que no generaron dudas razonables sobre la participación del acusado en el delito. Además, el magistrado rechazó la calificación de abuso sexual propuesta por el querellante, argumentando que la querellante actuó como coadyuvante del Ministerio Público y su pretensión punitiva debía ajustarse al requerimiento del ente persecutor.
La audiencia de comunicación de la sentencia está programada para el próximo martes 30 de abril a las 15 horas.
Fuente: pjud.cl
Abr 23, 2024 | Actualidad Prime
La Tercera Sala de la Corte de Temuco acogió el recurso de amparo presentado por el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) en contra de la Zona Araucanía Control Orden Público de Carabineros. Este recurso se fundamentó en la detención irregular del camarógrafo Javier López Huaiquin, quien se encontraba desempeñando su labor durante la cobertura de una movilización de agricultores el pasado 15 de marzo en la Ruta 5 Sur, sector Púa, comuna de Victoria.
El fallo de la Corte destaca que el camarógrafo fue detenido mientras cumplía sus funciones periodísticas. Se trasladadó en contra de su voluntad a un vehículo policial, lo que constituye una clara vulneración de su derecho fundamental a la libertad personal. Esta decisión marca un precedente en la protección de los derechos de los trabajadores de prensa en situaciones de cobertura informativa en contextos de manifestaciones o disturbios.
Si bien el recurso de amparo también incluyó a la periodista Constanza Vásquez, la Corte determinó que no se logró establecer de manera concluyente una violación a sus derechos fundamentales. La falta de evidencia de un actuar policial con la intención de causarle daño físico o psicológico, así como la atención médica recibida por parte de los propios funcionarios policiales, fueron elementos considerados por el tribunal para desestimar la vulneración de los derechos de la periodista.
En este sentido, la resolución judicial instruye a la policía de Carabineros de Chile a sujetarse a los procedimientos establecidos por su regulación interna para evitar la afectación del derecho fundamental a la libertad personal de aquellos que se encuentren cumpliendo labores periodísticas durante manifestaciones u otros eventos que impliquen resguardo del orden público. Esta medida, subrayada por la Corte, no solo protege el ejercicio de la libertad de prensa, sino que también fortalece los pilares de un Estado democrático de derecho al garantizar el acceso a información veraz y oportuna por parte de la opinión pública.
En conclusión, el fallo de la Corte de Temuco representa un importante avance en la protección de los derechos de los trabajadores de prensa y en la salvaguarda del ejercicio periodístico en situaciones de conflicto social, sentando un precedente relevante en el respeto a la libertad de expresión y al derecho a la información en Chile.
Fuente: pjud.cl
