Corte de Apelaciones de Santiago ordena reapertura de investigación por muerte de Pablo Neruda

En una decisión unánime, la Primera Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago ordenó la reapertura de la investigación sobre la muerte del poeta Pablo Neruda. Esta medida surge tras considerar que existen diligencias específicas que podrían contribuir al esclarecimiento de los hechos relacionados con su fallecimiento.

El fallo, emitido bajo el rol 6.406-2023, revoca la resolución previa dictada por la ministra instructora, al argumentar que la investigación aún no ha agotado todas las vías pertinentes para arrojar luz sobre el caso. La Primera Sala, conformada por las ministras Maritza Villadangos, Elsa Barrientos y el abogado (i) Jorge Gómez, sostiene que es necesario cumplir con las disposiciones del artículo 108 del Código de Procedimiento Penal.

Entre las diligencias ordenadas por el tribunal de alzada se encuentran:

  1. Realización de un nuevo peritaje caligráfico respecto del certificado de defunción emitido por el Dr. Vargas Salazar.
  2. Práctica de una Metapericia para revisar e interpretar los resultados de pericias realizadas por expertos de las Universidades de McMaster y Copenhague, a cargo de expertos propuestos por dichas instituciones.
  3. Declaración judicial de Peter Kornbluh, Director del Proyecto de Documentación de Chile, según lo solicitado por el querellante.
  4. Declaración judicial de Eduardo Adolfo Arriagada Rehren sobre su trabajo de inteligencia relacionado con el costridium botulinum y su posible vinculación con hechos similares.
  5. Investigación por parte de la Brigada Investigadora de Delitos contra los Derechos Humanos para analizar similitudes entre los hechos de este caso y otros antecedentes.
  6. Incorporación completa del proceso Rol N° 6494-2019.
  7. Peritaje de regresión de edad de Eduardo Arriagada Rehren a la época de 1973, a cargo del Laboratorio de Criminalística Central de la Policía de Investigaciones de Chile.

Fuente: pjud.cl

Proponen rigurosas sanciones para combatir la contaminación ambiental

En un esfuerzo por combatir la creciente contaminación ambiental causada por el arrojo de basura en espacios públicos y sitios eriazos, un proyecto de ley ha llegado al Senado en su segundo trámite constitucional. Este proyecto, que está siendo examinado por la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, busca modificar el Código Penal para imponer sanciones más severas a quienes incurren en tales conductas.

El objetivo principal de esta iniciativa es elevar los rangos sancionatorios para aquellos que arrojan basura en lugares como plazas, caminos, calles, playas y monumentos naturales. Según lo establecido en el proyecto, aquellos que violen estas disposiciones se exponen a penas de hasta 540 días de presidio, así como multas que podrían ascender a más de 250 mil pesos chilenos.

El proyecto propone sanciones que van desde el presidio menor en su grado mínimo hasta la prestación de servicios en beneficio de la comunidad para aquellos que ensucien o arrojen desechos en espacios públicos. En casos donde se requiera la prestación de servicios, se deberá obtener el consentimiento previo del infractor. De lo contrario, se impondrá una multa adicional, sin perjuicio de la pena privativa de libertad.

Además, se contempla sancionar con la misma severidad a aquellos que trasladen basura a vertederos clandestinos, así como a quienes contaminen playas, riberas de ríos y zonas protegidas por el Estado. Estas conductas podrían resultar en penas de hasta 3 años de presidio y multas significativamente más altas.

Fuente: senado.cl

Cámara demanda construcción de más centros penitenciarios en Chile

La Cámara de Diputados ha emitido dos resoluciones destacando la urgente necesidad de abordar la crisis en los centros penitenciarios de Chile. La resolución 985 destaca la necesidad de erigir nuevos centros y mejorar los existentes, respondiendo a las crecientes preocupaciones sobre seguridad pública. Esto, con Chile mostrando un aumento notable en la percepción de la delincuencia en comparación con otros países de América Latina.

Se reconoce también la crisis humanitaria dentro de las cárceles, lo que ha llevado a los jueces a buscar alternativas al encarcelamiento tradicional. Es imperativo modernizar la infraestructura penitenciaria, asignando recursos adecuados para construir y mejorar los centros existentes, una medida respaldada por una abrumadora mayoría en la sala.

Además, la resolución 984 aborda la necesidad de establecer el uso obligatorio de uniformes para la población penal. Esta medida se presenta como una solución para reducir la actividad delictiva dentro de los recintos carcelarios, así como para fomentar la igualdad, la disciplina y el respeto a la ley entre los internos. Al evitar la categorización por vestimenta y prevenir la victimización de algunos reclusos por otros, se espera crear un ambiente más seguro y equitativo en las cárceles.

Ambas resoluciones fueron promovidas por diputados comprometidos con abordar estos desafíos, quienes reconocen la importancia de tomar medidas concretas para mejorar el sistema penitenciario. La construcción de más centros penitenciarios y el uso de uniformes obligatorios son pasos fundamentales hacia la reforma integral del sistema carcelario chileno, con el objetivo de garantizar condiciones dignas para los reclusos y promover la seguridad tanto dentro como fuera de las cárceles.

Fuente: camara.cl

Cámara promueven medidas contra el maltrato animal

La sala de la Cámara respaldó dos resoluciones destinadas a fortalecer la protección de los animales contra el maltrato. Estas medidas tienen el objetivo de establecer obligaciones para las autoridades y la creación de un registro especial de condenas por actos de crueldad animal.

La primera resolución, identificada como 934, insta al Ejecutivo a presentar un proyecto de modificación de la Ley de Tenencia Responsable de Mascotas y Animales de Compañía. Esta iniciativa tiene como propósito definir responsabilidades claras para las autoridades competentes en la materia. Se reconoce la necesidad de abordar las preocupaciones planteadas por diversas organizaciones animalistas de la región de Atacama, quienes han expresado inquietudes sobre la efectividad de las leyes existentes en la práctica.

Es crucial destacar que, aunque los organismos estatales tienen la facultad de promover la tenencia responsable de animales, carecen de obligaciones concretas para cumplir con los objetivos establecidos. Esta falta de exigencia puede conducir a lagunas en la implementación de las disposiciones legales pertinentes.

Los autores de esta resolución, incluyendo a Jaime Mulet (FRVS), Boris Barrera (PC), Karol Cariola (PC), Nathalie Castillo (PC), Marta González (IND), Matías Ramírez (PC), Marcela Riquelme (IND), Camila Rojas (Comunes) y Carolina Tello (PC), han reconocido la importancia de abordar esta cuestión de manera integral.

Por otro lado, la resolución 965 respaldada por la Corporación insta al Ejecutivo a proponer un proyecto para establecer un registro especial de condenas por actos de maltrato animal. Se subraya la relación entre el maltrato animal y posibles trastornos psicológicos en los seres humanos, lo que destaca la necesidad de abordar esta problemática de manera exhaustiva.

La ausencia de un registro especial de condenas en la legislación actual es preocupante, y se destaca la importancia de contar con herramientas efectivas para prevenir y controlar el maltrato animal. Este registro facilitaría la identificación y seguimiento de individuos con antecedentes de crueldad animal, contribuyendo así a la protección y bienestar de los animales en la sociedad.

En resumen, estas resoluciones representan un avance significativo en la protección de los derechos de los animales en Chile y reflejan el compromiso del país con el bienestar animal y la justicia.

Fuente: camara.cl

Sala del Senado aprueba regular extracción de áridos: Avance hacia una gestión integral y sostenible

La Sala del Senado dio luz verde a una nueva regulación destinada a abordar de manera integral la extracción de áridos en Chile. Con 37 votos a favor, 1 en contra y 3 abstenciones, se ha aprobado en general la idea de legislar sobre el proyecto. En él se establece un completo marco normativo que contempla tanto los aspectos relacionados con las obras públicas como sus impactos socioambientales.

La iniciativa, que ahora pasa a ser estudiada por la Comisión de Obras Públicas, tiene su origen en dos mociones presentadas por los senadores Alfonso De Urresti, Alejandra Sepúlveda, Jorge Soria y Juan Castro Prieto. Durante su desarrollo, la Comisión de Obras Públicas ha dedicado sesiones para analizar el tema, escuchando a diversas organizaciones y especialistas con el fin de recabar la mayor cantidad de antecedentes posibles.

El presidente de la Comisión, el senador Sergio Gahona, destacó el arduo trabajo realizado, enfatizando que se ha construido un marco normativo general que responde a las necesidades actuales y futuras en torno a la extracción de áridos.

Puntos clave de la nueva regulación

Durante el debate, varios senadores expresaron su apoyo a la regulación propuesta, resaltando la importancia de contar con definiciones claras, trazabilidad de los áridos, así como mecanismos eficientes de fiscalización y control de la actividad. Además, se hizo hincapié en la necesidad de abordar esta realidad de manera integral, considerando tanto los impactos medioambientales como las necesidades de las obras públicas.

Uno de los puntos clave de la nueva regulación es la establecimiento de un único régimen aplicable a la extracción de áridos en cauces naturales y zonas anexas. Esto implicará la obtención de autorización por parte de la municipalidad competente, previa habilitación técnica de la Dirección de Obras Hidráulicas. Asimismo, se han establecido normas para garantizar la trazabilidad de los áridos, desde su origen hasta su destino final en obras de construcción.

Además, la Dirección General de Aguas ejercerá un rol fundamental en la vigilancia y control de este proceso, pudiendo ordenar la paralización de las obras de extracción en caso de detectar posibles perjuicios ambientales o daños a la infraestructura pública o privada.

Fuente: senado.cl