Segundo trámite del proyecto de estabilización de tarifas eléctricas

La Cámara Baja se prepara para recibir un proyecto crucial que busca brindar estabilidad a las tarifas eléctricas, tras la aprobación en el Senado con una abrumadora mayoría de 32 votos a favor y una sola abstención.

La propuesta, originada en un mensaje presidencial, tiene como objetivo primordial mitigar las proyectadas alzas en las cuentas de los clientes regulados, así como perfeccionar el mecanismo de protección al cliente y proporcionar un subsidio transitorio destinado a los hogares más vulnerables.

El proyecto ha pasado por un meticuloso proceso de revisión en las comisiones de Minería y Energía, así como en la Comisión de Hacienda del Senado. Durante estas sesiones, se llevaron a cabo intensas negociaciones que culminaron en la inclusión de un subsidio que ha sido objeto de discusión y análisis exhaustivos.

Contenido del proyecto
  • Perfeccionamiento del Fondo de Estabilización de Tarifas: Este componente tiene como objetivo principal mitigar las alzas en los precios de la electricidad para los clientes regulados.
  • Modificaciones al Mecanismo de Protección al Cliente (MPC): Se propone un cambio en el cargo, estableciendo dos momentos clave para su aplicación, con el fin de facilitar el pago gradual de la deuda acumulada.
  • Descongelamiento Gradual de las Tarifas de Distribución Eléctrica: Se plantea una estrategia gradual para evitar alzas excesivas, con la primera fase programada entre 2024 y 2025.
  • Creación de un Subsidio Transitorio: Dirigido específicamente a un millón de hogares vulnerables, este subsidio busca mitigar los aumentos en las facturas eléctricas. Su financiamiento, sin embargo, ha generado debate, ya que se espera que 100 millones de dólares provengan del Fondo de Estabilización de Tarifas y 20 millones del tesoro público durante los años 2024, 2025 y 2026.

Durante el debate en el Senado, diversos actores expresaron sus opiniones y preocupaciones respecto al proyecto. El presidente de la Comisión de Minería y Energía, el senador José Miguel Durana, destacó la importancia de las sesiones donde se escucharon a representantes de la industria eléctrica. Por otro lado, el ministro de Energía, Diego Pardow, resaltó la urgencia de aprobar este proyecto para evitar un aumento continuo de la morosidad y garantizar un enfoque fiscalmente responsable en el descongelamiento de las tarifas.

Aunque se valoró ampliamente la inclusión del subsidio para las familias más vulnerables, algunos legisladores expresaron preocupación sobre el financiamiento del mismo y la duración limitada del programa en comparación con la extensión de la deuda pendiente.

Fuente: senado.cl

Avanza en el senado la actualización y reforma de la Ley Antiterrorista

La ley Antiterrorista está en el centro de atención legislativa en Chile, ya que se ha movido a la Comisión de Constitución para su actualización. El proyecto, que busca derogar la ley N° 18.314 de 1984, obtuvo un sólido respaldo en la Sala con 41 votos a favor y una abstención.

Hasta el 28 de marzo, tanto los senadores como el Ejecutivo tendrán la oportunidad de presentar indicaciones a la normativa. El objetivo es claro: examinar detalladamente el contenido del proyecto, especialmente los tipos penales y las sanciones asociadas, con el fin de modernizar y fortalecer la persecución de los delitos terroristas.

Este proyecto en primer trámite es el resultado de la fusión de cuatro mociones y un mensaje, presentados por distintos senadores y el Presidente de la República. En el centro del debate está la necesidad de actualizar la normativa, dado que se reconoce la dificultad actual para probar el ánimo terrorista, lo que ha limitado significativamente la aplicación efectiva de la ley vigente. Se destaca especialmente la presencia de acciones terroristas en regiones como la Metropolitana, Tarapacá, Valparaíso y Araucanía.

Los tiempos legislativos también fueron objeto de discusión durante el debate. Mientras algunos senadores urgieron por una tramitación rápida dada la situación delictual actual y la antigüedad de las mociones, otros abogaron por un cuidadoso proceso de redacción para no complicar aún más la aplicación de la ley.

Objetivizar los tipos penales

En la Sala, el presidente de la Comisión de Seguridad Pública, el senador Felipe Kast, explicó la necesidad de objetivar la ley antiterrorista, destacando la importancia de describir las conductas de manera objetiva para permitir su aplicación efectiva.

En el debate participaron numerosos senadores, quienes mayoritariamente coincidieron en la necesidad de actualizar la ley ante el cambiante escenario de inseguridad. Se valoró positivamente que el proyecto busque objetivar los tipos penales, lo que se espera facilite la persecución de estos delitos. Sin embargo, hubo ciertas reservas respecto a la conveniencia de insistir en la iniciativa, argumentando que las penas contempladas podrían no diferir significativamente de las de otras leyes en uso.

La discusión también giró en torno a la redacción del proyecto, con algunos legisladores señalando la necesidad de revisar ciertas definiciones ambiguas que podrían confundir su aplicación. Se reconoció abiertamente la falta de consenso político en la aplicación de la ley actual, lo que ha llevado a considerarla obsoleta en la práctica.

Fuente: senado.cl

Fortalecimiento del Ministerio Público: aumento de fiscales y nuevas unidades especializadas

El Ministerio Público se encamina hacia la aprobación en general por parte de la Comisión de Constitución de una iniciativa que contempla el fortalecimiento integral del organismo persecutor. Esta medida, que surge en respuesta a las nuevas modalidades delictivas y el aumento de delitos violentos o de alta connotación pública, busca adecuar la estructura y aumentar la dotación del Ministerio Público para mejorar su eficacia en la investigación y persecución penal, así como en la atención a víctimas y testigos de delitos.

La propuesta, presentada por el Ejecutivo, ha pasado por un riguroso proceso de evaluación que incluyó una serie de audiencias con autoridades, especialistas y asociaciones de funcionarios del Ministerio Público. Tras ser aprobada en general por la Comisión de Constitución, la iniciativa ahora se encuentra en la Comisión de Hacienda para su análisis en aspectos financieros, antes de ser remitida a la Sala.

Uno de los puntos destacados de esta propuesta es el aumento significativo en la dotación del Ministerio Público. Se prevé incrementar un total de 819 cargos en un período de cuatro años, distribuidos en diversas áreas clave del organismo, como jefes de unidad, fiscales adjuntos, profesionales, técnicos y administrativos. Esta medida no solo busca aumentar la capacidad de tramitación de causas, sino también fortalecer las unidades especializadas existentes y crear nuevas, así como mejorar la operatividad de sistemas como los turnos y la atención en flagrancia.

Además del incremento de personal, el proyecto contempla cambios estructurales importantes, como la creación de la Unidad de Supervisión de la Persecución Penal y la reincorporación de fiscales regionales como fiscales adjuntos una vez concluido su período. Se propone también un nuevo sistema de incentivos basado en el desempeño colectivo, con el objetivo de promover una gestión más eficiente y orientada a resultados.

El proceso de discusión y debate ha sido fundamental en la elaboración de esta iniciativa. Durante las audiencias realizadas por la Comisión de Constitución, se recogieron opiniones y sugerencias de diversos actores relacionados con el sistema de justicia, desde el ministro de Justicia y Derechos Humanos hasta representantes de asociaciones de funcionarios y fiscales del Ministerio Público. Entre los temas abordados se encuentra la necesidad de ajustar la gradualidad del aumento de dotación, así como mejorar las condiciones laborales y de formación para fiscales y abogados asistentes.

Si bien el fortalecimiento del Ministerio Público es fundamental para enfrentar los desafíos actuales en materia de seguridad y justicia, también se ha destacado la importancia de garantizar una coordinación eficiente entre los distintos organismos del Estado, especialmente en lo que respecta al uso de datos e información relevante para la persecución penal.

Fuente: senado.cl

Buscan eximir del pago del IVA a la compra de vehículos e insumos para bomberos

La Cámara de Diputados ha aprobado por una amplia mayoría la resolución 929, con 130 votos a favor y 14 abstenciones, que busca eximir del pago del Impuesto al Valor Agregado (IVA) la adquisición de vehículos e insumos destinados a los bomberos.

El objetivo de esta iniciativa es proporcionar apoyo a los cuerpos de bomberos en la compra de bienes y equipamiento necesarios para llevar a cabo sus labores de manera eficiente y efectiva en la atención de emergencias causadas por diversos factores, como incendios y accidentes.

Se destaca el carácter voluntario de los cuerpos de bomberos en todo el país, resaltando su función principal de responder a emergencias de forma gratuita, lo que demuestra su compromiso con la seguridad y protección de la comunidad.

Aunque los bomberos reciben financiamiento del Estado, así como de aportes y donaciones, se reconoce la importancia de brindarles mayores herramientas legales para que puedan cumplir con su labor de manera óptima. En este sentido, se hace hincapié en la necesidad de evaluar el costo de adquisición de vehículos, equipamiento e insumos, y considerar su exención del pago del IVA como una medida estratégica para fortalecer su labor.

La resolución también resalta la significativa labor de los bomberos en todo el país, contando con aproximadamente 313 cuerpos y alrededor de 57 mil voluntarios y voluntarias. Estos individuos arriesgan sus vidas diariamente para proteger a la comunidad y sus bienes, mostrando un compromiso excepcional con el servicio público.

Los autores de esta resolución, entre ellos Viviana Delgado, Alejandro Bernales, Karen Medina y otros, buscan garantizar un apoyo efectivo a los bomberos y reconocer su invaluable contribución a la seguridad y bienestar de la sociedad.

Fuente: camara.cl

Limitarían la autorización del padre deudor de alimentos para salida de hijos del país

Con el objetivo de salvaguardar el bienestar de los menores y evitar situaciones de perjuicio familiar, la Comisión de Mujer y Equidad de Género ha respaldado la idea de legislar un proyecto que busca modificar la ley N° 21.389. Esta iniciativa tiene como propósito limitar la autorización del padre deudor de alimentos en relación con la salida de los hijos fuera del país, especialmente en casos de incumplimiento reiterado de su obligación legal.

La moción aprobada en general, está sujeta a indicaciones hasta el viernes 08 de marzo, con el fin de perfeccionar su contenido tanto en forma como en fondo.

La propuesta contempla la incorporación de un nuevo artículo a la ley N° 21.389, que establece que un padre incluido en el registro nacional de deudores de pensión de alimentos por más de 90 días no podrá oponerse a la salida del país de sus hijos, a menos que se trate de casos calificados.

Esta medida busca abordar situaciones donde el padre deudor de alimentos utiliza su posición para ejercer control económico sobre la familia, afectando el bienestar de los hijos. Además, se pretende simplificar el proceso legal para autorizar la salida del país en casos de completo abandono por parte del padre deudor, evitando así costos procesales y pérdida de oportunidades importantes para el desarrollo de los menores.

El Ministerio de la Mujer ha valorado esta iniciativa y ha recomendado algunos aspectos a perfeccionar, como la inclusión de la madre deudora si corresponde, así como aclarar detalles como la notificación del deudor. Se espera que estas medidas contribuyan a garantizar los derechos de los menores y prevenir situaciones de vulnerabilidad familiar.

Fuente: senado.cl