El Senado avanza en la creación del Servicio Nacional Forestal como sucesor de Conaf

El Senado chileno inició el debate en particular del proyecto de ley que establece la creación del Servicio Nacional Forestal (Sernafor), una nueva institución descentralizada que asumirá las funciones de la Corporación Nacional Forestal (Conaf). Esta iniciativa, que se encuentra en su segundo trámite legislativo, tiene como objetivo principal regular la sustentabilidad de los bosques del país y fomentar su conservación, preservación y recuperación.

El Servicio Nacional Forestal estará bajo la supervisión del Ministerio de Agricultura y contará con personalidad jurídica y patrimonio propio. Entre sus funciones, destacan la promoción del uso sostenible de los recursos forestales, el desarrollo de nuevas formaciones vegetales, y la implementación de medidas para la protección contra incendios forestales. Asimismo, el proyecto contempla la creación de una Política Nacional para la Reducción de Riesgo de Desastres, que busca robustecer la coordinación en esta materia.

El debate en la Sala del Senado incluyó informes presentados por las Comisiones unidas de Agricultura y de Medio Ambiente, Cambio Climático y Bienes Nacionales, además de la Comisión de Hacienda. También se analizaron las normas laborales asociadas al proyecto en la Comisión de Trabajo y Previsión Social. Se confirmó que el personal de Conaf será traspasado al Servicio Nacional Forestal sin interrupción en sus contratos laborales y que regirán las disposiciones del Código del Trabajo y el decreto ley N° 249, de 1974.

Diversos senadores destacaron la importancia de esta reforma institucional para abordar desafíos como la protección de los bosques, la mitigación del cambio climático y el combate a los incendios forestales. Algunos plantearon inquietudes sobre aspectos laborales y presupuestarios, subrayando la necesidad de asegurar una transición adecuada para los trabajadores de Conaf y garantizar recursos suficientes para el funcionamiento del Servicio Nacional Forestal.

El ministro de Agricultura, Esteban Valenzuela, destacó el carácter histórico de la iniciativa y recordó que la demanda por un servicio forestal especializado se remonta a los años 80. Además, señaló avances paralelos en la Ley de Incendios, que otorgará nuevas potestades para la prevención y sanción en casos de megaincendios forestales.

El proyecto continuará su discusión en el Senado, con la expectativa de consolidar un marco normativo que refuerce la gestión sostenible y la protección de los bosques en el contexto de los desafíos ambientales y climáticos actuales.

Fuente: senado.cl

Seminario sobre la Ley 21.484 resalta avances y desafíos en el sistema de pago de pensiones alimenticias

La Comisión de la Mujer y Equidad de Género y el Ministerio de la Mujer realizaron un seminario para analizar los impactos de la Ley 21.484. Representantes de instituciones como juzgados de familia, la Corporación de Asistencia Judicial y el Registro Civil expusieron datos y reflexiones sobre la implementación de esta normativa que busca garantizar el cumplimiento de las pensiones alimenticias.

La senadora Loreto Carvajal, presidenta de la Comisión, inauguró el evento enfatizando la importancia de agilizar las medidas establecidas por la ley. Recordó que esta norma nació gracias al trabajo de diversas senadoras y un mensaje presidencial, con el objetivo de establecer mecanismos efectivos para el cobro de pensiones adeudadas.

La ministra Antonia Orellana destacó que, hasta octubre, los tribunales de familia lograron ordenar el pago de más de 1,3 billones de pesos mediante los mecanismos previstos en la ley, lo que ha permitido recuperar cerca de $588 mil millones. Este monto representa casi el doble de lo recaudado hasta mayo. También señaló que el 37% de los deudores inscritos en el registro han saldado sus deudas o alcanzado acuerdos judiciales.

Evaluación del sistema y propuestas de mejora

La jueza Paz Pérez, del Tercer Juzgado de Familia de Santiago, analizó el funcionamiento de la normativa y sugirió ajustes para optimizar su impacto. Propuso crear un sistema de recopilación de datos estadísticos con enfoque en infancia y género, que permita identificar obstáculos y evaluar si el modelo actual cumple con los estándares necesarios para garantizar el derecho de los menores a un nivel de vida adecuado.

Rodrigo Mora, director de la Corporación de Asistencia Judicial, expuso los resultados de un programa piloto que ofrece orientación y representación judicial a mujeres demandantes de pensiones alimenticias en la Región Metropolitana. Destacó que la iniciativa ha superado las metas establecidas en cobertura y cumplimiento de casos.

El abogado Félix Marín, del Servicio de Registro Civil e Identificación, resaltó los beneficios del Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos, que incluye restricciones para los deudores, mayor transparencia en los procesos de cobro y datos útiles para diseñar políticas públicas. Según sus cifras, hasta la fecha, 262.785 personas figuran como deudoras, acumulando una deuda total de más de $20 mil millones.

Queda trabajo por hacer

Parlamentarios presentes coincidieron en que, aunque se han logrado avances, es necesario profundizar los esfuerzos. La senadora Claudia Pascual subrayó la importancia de cambiar la cultura del no pago, mientras que el senador Gustavo Sanhueza propuso prohibir que deudores registrados puedan postularse a cargos de elección popular.

Por su parte, la senadora Fabiola Campillai, desde su experiencia personal, enfatizó que la ley representa un gran avance, pero llamó a seguir trabajando para garantizar que más hombres cumplan con sus obligaciones de pensión alimenticia.

El seminario cerró con un llamado transversal a fortalecer los mecanismos existentes y promover cambios legislativos y culturales que permitan construir una sociedad más responsable y comprometida con el bienestar de niños, niñas y adolescentes.

Fuente: senado.cl

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Comisión de Gobierno del Senado respaldó proyecto de modificación a Ley de Migración

La Comisión de Gobierno aprobó por unanimidad la idea de legislar un proyecto que modifica la Ley N° 21.325 de migración y extranjería. La propuesta, en segundo trámite constitucional, se encuentra a la espera del informe técnico de la secretaría para ser analizada por la Sala del Senado.

Durante las sesiones, presididas por el senador Manuel José Ossandón, participaron la ministra del Interior, Carolina Tohá, junto a representantes del Servicio Jesuita Migrante, Corporación Humana, organización Migrantes, colectivo Sin Fronteras, y Álvaro Bellolio.

Modificaciones clave

El proyecto incorpora cambios significativos. Desde el Ejecutivo se detallaron nuevas prohibiciones de ingreso al país para personas con condenas por violencia intrafamiliar, delitos de crimen organizado o manipulación de pruebas en juicios. También se amplían las causales de expulsión, incluyendo a quienes hayan sido condenados en el extranjero o tengan procesos judiciales pendientes.

Además, la iniciativa introduce nuevas condiciones para rechazar o revocar permisos de residencia y actualiza los procedimientos de ingreso para menores de edad no acompañados.

Derechos Sociales

El debate más complejo se centra en los derechos sociales. La Cámara de Diputados propuso garantizar que la situación migratoria irregular no afecte el acceso a beneficios estatales en salud y educación. Sobre este punto, se establece el deber de registrar a los migrantes en condición irregular.

La senadora Luz Ebensperger subrayó la necesidad de evitar discriminaciones arbitrarias, aunque cuestionó situaciones específicas, como la prioridad para niños migrantes en programas educativos.

Nacionalización y sanciones

El proyecto duplica el periodo de residencia exigido para optar a la nacionalización, pasando de 5 a 10 años. También refuerza el registro nacional de extranjeros, incorporando datos biométricos, y ajusta los plazos para impugnar órdenes de expulsión.

En materia de sanciones, se endurecen las multas para medios de transporte y se aumentan las penas por promover el ingreso ilegal al país.

Preocupaciones por migración ilegal

El senador Ossandón advirtió sobre las dificultades para ejecutar las expulsiones mencionadas en el proyecto y calificó la migración ilegal como «una bomba de tiempo social». Por su parte, el senador Esteban Velásquez planteó la necesidad de mitigar el impacto de la migración en Chile, reconociendo su dimensión global.

El proyecto continúa generando discusión sobre cómo equilibrar la regulación migratoria con los derechos fundamentales y las responsabilidades del Estado.

Fuente: senado.cl

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Avanza proyecto de obligatoriedad del voto en elecciones y plebiscitos

La Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización del Senado, presidida por Manuel José Ossandón, aprobó una moción que establece el voto obligatorio en elecciones y plebiscitos definidos por la Constitución, excluyendo las elecciones primarias.

El texto, respaldado por los legisladores Ossandón, Matías Walker, Luz Ebensperger y Ximena Rincón, busca fortalecer la participación electoral, la legitimidad del sistema político y la democracia.

Multas para quienes no voten

La propuesta incluye sanciones para quienes no cumplan con su deber de sufragar. Las multas pueden alcanzar los 330 mil pesos, equivalente a entre 0,5 y 5 unidades tributarias mensuales y se destinarán a beneficio municipal.

Excepciones contempladas

La normativa considera eximidos de la sanción a quienes se encuentren en las siguientes situaciones el día de la elección:

  • Enfermedad.
  • Ausencia del país.
  • Residencia a más de 200 kilómetros del local de votación.
  • Cumplimiento de funciones electorales conforme a la ley N° 18.700.
  • Impedimentos graves, siempre que se acrediten ante el juez de policía local.

El juez evaluará los antecedentes presentados bajo las reglas de la sana crítica.

El proyecto será revisado por la sala del Senado una vez que la secretaría técnica emita el informe correspondiente.

Fuente: senado.cl

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Senado aprueba proyecto que modifica sistema registral y notarial y lo envía a la Cámara de Diputados

El Senado concluyó la votación en particular del proyecto que reforma el sistema registral y notarial, cumpliendo así un paso clave antes de su tercer trámite en la Cámara de Diputados.

La iniciativa introduce un procedimiento en el que la Alta Dirección Pública (ADP) seleccionará a los postulantes a notarios, conservadores de bienes raíces y archiveros. Los candidatos deberán rendir un examen y la ADP elaborará una terna con los mejores puntajes para que el ministro de Justicia y Derechos Humanos haga la nominación final. Esta medida elimina la participación del Poder Judicial en estos nombramientos.

El debate comenzó con la revisión de indicaciones presentadas por el senador Pedro Araya, quien propuso excluir a la ADP del proceso. Argumentó que esta entidad no era la más adecuada para realizar las selecciones. Sin embargo, tanto el Ejecutivo como el senador Alfonso De Urresti defendieron la propuesta, citando recomendaciones de la Corte Suprema. Con 30 votos en contra y solo 4 a favor, la Sala rechazó las indicaciones del senador Araya.

Otras modificaciones aprobadas

Entre las disposiciones aprobadas destaca la obligación del Fiscal Judicial de rendir una cuenta pública anual sobre sus funciones, especialmente en supervisión. Además, deberá mantener información disponible a través de un sitio web.

En cuanto a la creación de nuevos oficios notariales, se rechazaron indicaciones que buscaban establecer criterios específicos, como la obligatoriedad de crear notarías en lugares con más de 20 mil repertorios. La Sala respaldó una norma más flexible que facilita la creación de oficios en zonas alejadas.

El proyecto también eliminó del texto el denominado «folio real electrónico», debido a la magnitud del cambio tecnológico que implica. Aunque las propuestas para incluirlo fueron rechazadas, los senadores coincidieron en que se debe abordar en un futuro proyecto independiente.

Regulaciones y fiscalización

El debate también abordó nuevas normas sobre el funcionamiento de registros conservatorios y la prohibición de contratar parientes en notarías. Se aprobó la facultad del Presidente de la República para dividir o reorganizar oficios conservatorios, excluyendo al Conservador de Bienes Raíces de Santiago.

Por último, se discutieron las facultades del Sernac para fiscalizar el sistema notarial y registral. Tras una aclaración del Ejecutivo sobre el alcance de esta fiscalización, la norma fue aprobada.

El proyecto avanza ahora a su tercer trámite en la Cámara de Diputados, consolidando cambios significativos en la transparencia y modernización del sistema registral y notarial del país.

Fuente: senado.cl

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