La Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia condenó al exgobernador de La Guajira, Jorge Eduardo Pérez Bernier, por su responsabilidad en un grave caso de corrupción que comprometió recursos públicos destinados al sector educativo. La sentencia le impone una pena de 269 meses y 6 días de prisión, junto con inhabilidades para ejercer derechos y funciones públicas por más de 22 años, una multa equivalente a más de 45.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes e inhabilidad perpetua para ocupar cargos públicos o contratar con el Estado.
La Corte también negó la posibilidad de beneficios como la suspensión condicional de la pena o su sustitución por prisión domiciliaria, ordenando su captura inmediata, la cual se hizo efectiva el pasado 10 de abril de 2025.
Durante el juicio se demostró que, en su calidad de gobernador entre 2008 y 2011, Pérez Bernier estructuró y promovió un proceso contractual marcado por prácticas de corrupción, con el propósito de beneficiar de forma irregular a la Unión Temporal del Norte mediante la adjudicación del contrato No. 770 de 2009. Las irregularidades abarcaron desde la fase precontractual hasta la ejecución del contrato, incluyendo adiciones y modificaciones posteriores.
Según el fallo, el exmandatario vulneró principios esenciales de la contratación pública como la transparencia, la selección objetiva y la responsabilidad fiscal, al omitir deliberadamente estudios técnicos, licencias ambientales y verificaciones de experiencia del contratista. Estas acciones facilitaron el desvío de más de 24 mil millones de pesos, a través de maniobras fraudulentas, sobrecostos, operaciones ficticias y subcontrataciones, consolidando un esquema de corrupción que perjudicó gravemente al erario.
La Corte calificó estas actuaciones como decisiones conscientes y reiteradas, orientadas a cometer actos de corrupción que impactaron directamente los recursos destinados a la educación de la niñez guajira. La sentencia enfatiza que no se trató de simples errores administrativos, sino de un comportamiento deliberado que buscó favorecer intereses particulares en detrimento del patrimonio público.
Con esta decisión, la Corte busca restablecer el orden jurídico y dejar un precedente contundente frente a la corrupción en el ejercicio de cargos públicos, especialmente cuando se trata de dineros destinados a sectores sensibles como la educación.
Fuente: cortesuprema.gov.co
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