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Colombia avanza hacia la adhesión al Protocolo Facultativo de la Convención sobre Discapacidad

La plenaria del Senado de la República definirá en último debate la adhesión de Colombia al Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, un acuerdo internacional que reforzaría el marco jurídico para la protección de esta población. La iniciativa, presentada por el Gobierno Nacional en 2024 y con ponencia favorable, busca garantizar el cumplimiento de compromisos internacionales y avanzar en la igualdad y dignidad de las personas con discapacidad, en coherencia con el Plan Nacional de Desarrollo y la reciente creación del Ministerio de Igualdad y Equidad.

Publicado: 22 de agosto de 2025

El Senado de la República se prepara para definir en último debate la adhesión de Colombia al Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 2006.

La iniciativa, presentada por el Gobierno Nacional en 2024 y que cuenta con ponencia favorable de los senadores Lidio García Turbay y José Luis Pérez, busca consolidar un marco de protección más robusto para garantizar la igualdad de derechos de las personas con discapacidad, que representan el 5,5 % de la población nacional, según cifras de la Organización Mundial de la Salud y de Colombia.

Aunque la Convención fue aprobada en 2009 mediante la Ley 1346 y su constitucionalidad ratificada en 2010 por la Corte Constitucional, el Protocolo aún no hace parte del ordenamiento interno. Su aprobación significaría avanzar en el cumplimiento de compromisos internacionales y fortalecer las políticas públicas en línea con el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026.

En ese marco, el país ya ha dado pasos importantes, como la creación del Ministerio de Igualdad y Equidad mediante la Ley 2281 de 2023, que en su estructura contempla la Dirección para la Garantía de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Con la adhesión al Protocolo, estas instancias contarían con mayores herramientas jurídicas para atender las necesidades de esta población.

Fuente: senado.gov.co

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