La Corte Constitucional amparó los derechos fundamentales a la educación y de petición de una ciudadana a quien una universidad le negó injustificadamente el acceso al proceso de admisión para cursar Derecho, impidiéndole avanzar en la convalidación de su título profesional. El fallo ordena a la institución permitirle participar en el proceso de ingreso en igualdad de condiciones, brindarle información completa y responder de forma clara y congruente a su solicitud.

La Corte Suprema de Justicia de Colombia ratificó por primera vez una condena por maltrato animal, en un caso ocurrido en Málaga, Santander, donde un hombre atacó con un machete a un perro. Esta histórica decisión fortalece la protección jurídica de los animales como seres sintientes y consolida su reconocimiento dentro del marco del Estado Social de Derecho.

La Cámara de Representantes aprobó el proyecto que modifica la Ley 549 de 1999 y extiende la vigencia del FONPET hasta 2044, con el fin de garantizar el pago de pensiones a empleados públicos de los sectores de salud y educación. La iniciativa también autoriza el uso de excedentes para inversión local y establece una junta de vigilancia para mayor transparencia, aunque recibió críticas por su posible impacto fiscal y cuestionamientos sobre el uso de recursos pensionales.

La Ley 2210 de 2022 reconoce oficialmente a los entrenadores deportivos en Colombia, estableciendo un registro profesional y otro provisional para regular su labor, promover su profesionalización y garantizar su inclusión en un marco legal. Esta normativa busca fortalecer el sistema deportivo nacional, mejorar la calidad del entrenamiento y brindar mayores oportunidades de desarrollo y protección a quienes forman parte esencial del crecimiento atlético del país.

La Corte Suprema de Justicia amparó los derechos fundamentales a la diversidad e identidad cultural de un indígena wayuu, al ordenar a la Fiscalía facilitar el registro civil de defunción de su hijo asesinado, sin exigir necropsia ni levantamiento del cadáver, en reconocimiento de las prácticas funerarias tradicionales de su comunidad.

La Corte Constitucional recordó que el derecho a la educación debe garantizarse de forma continua y sin discriminación, especialmente en zonas rurales afectadas por el conflicto armado. Aunque el caso fue declarado sin objeto por hecho superado, el alto tribunal reiteró que los criterios administrativos, como el mínimo de estudiantes, no pueden prevalecer sobre los derechos fundamentales de los niños y niñas en contextos vulnerables.