El Consejo de Estado anuló una ordenanza del Valle del Cauca que cobraba una tasa de seguridad en la factura de energía. La Asamblea carecía de competencia, pues la ley habilitante no precisaba el hecho generador del tributo.

La Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia condenó a tres exgobernadores de La Guajira. Hernando David Deluque Freyle, exgobernador, recibió una pena de 103 meses de prisión y multa por contrato sin cumplimiento de requisitos legales. También fueron condenados los gobernadores encargados Alejandro Magno Builes Suárez y Raúl Nicolás Gragozo Daza por el mismo delito.

El senador Guido Echeverri radicó un proyecto de ley que propone una reforma estructural al sistema de peajes en Colombia, con el objetivo de garantizar tarifas más justas, mayor transparencia en la inversión pública y control ciudadano en las decisiones sobre concesiones viales, respondiendo a criterios ambientales, proporcionales y socioeconómicos.

El Proyecto de Ley 13 de 2024, que será discutido en plenaria del Senado, propone eliminar las barreras económicas que enfrentan jóvenes del Sisben IV al presentar por primera vez la prueba Saber 11, Pre Saber o la prueba de validación del bachillerato. La iniciativa establece la gratuidad total en la primera aplicación y del 50% en la segunda, previa verificación socioeconómica, con el fin de promover el acceso equitativo a la educación superior en Colombia.

El Consejo de Estado declaró responsable a la Nación por las lesiones sufridas por un soldado tras la explosión de una mina antipersonal en Tierralta, atribuida a las FARC, y ordenó repetir contra los responsables o el fondo creado en el Acuerdo de Paz, al establecer una falla en el servicio por parte del Ejército y la concurrencia de un ilícito internacional.

La Corte Constitucional de Colombia protegió los derechos fundamentales de una mujer con discapacidad múltiple, desarrolló el concepto del cuidado comunitario y ordenó reformar los criterios de priorización en las políticas públicas para personas con discapacidad, resaltando la importancia de un enfoque interseccional, la capacidad jurídica y la figura del defensor personal.