Como medida para fortalecer la administración de justicia en Colombia, el Consejo Superior de la Judicatura ha definido, mediante el Acuerdo PCSJA24-12137 de 2024, la competencia territorial de 40 juzgados penales municipales con función de control de garantías ambulantes en todo el país.
Estos juzgados tendrán la responsabilidad de conocer los procesos legales contra miembros de Grupos Armados Organizados (GAO), Grupos Delictivos Organizados (GDO), y facciones residuales de las extintas FARC, que no participaron en los procesos de negociación con el Gobierno Nacional, identificadas como GAOR – residual.
Lo destacable de esta medida es que los jueces asignados a estos juzgados poseen la facultad de desplazarse a las áreas donde se llevan a cabo los procesos penales contra dichos grupos al margen de la ley. Esta movilidad se ha establecido con el objetivo de garantizar los derechos de todas las partes involucradas y asegurar un proceso judicial justo y transparente.
Los juzgados penales municipales con función de control de garantías ambulantes estarán distribuidos estratégicamente en los distritos judiciales de Barranquilla, Cartagena, Mocoa, Montería, Neiva, Pasto, Popayán, Quibdó, Riohacha, Santa Marta, Sincelejo, Valledupar, Bucaramanga, Buga, Cúcuta, Antioquia y Villavicencio.
Esta iniciativa responde a la necesidad de abordar de manera más efectiva los casos relacionados con actividades criminales de los mencionados grupos, brindando a la justicia una herramienta ágil y flexible para enfrentar las complejidades territoriales y lograr una mayor eficacia en la persecución y sanción de estos delitos.
Con esta nueva delimitación de competencias, se espera una mayor celeridad en los procesos legales, así como una respuesta más contundente por parte de la justicia colombiana frente a las amenazas de los Grupos Armados Organizados, Grupos Delictivos Organizados y las facciones residuales de las FARC que persisten al margen de la legalidad.
Fuente: ramajudicial.gov.co
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