El Ministerio de Minas y Energía presentó ante la Cámara de Representantes el Proyecto de Ley “Regulación Justa y Democratización del Sector Energético”, con el propósito de reformar aspectos clave del sistema eléctrico nacional. La iniciativa propone ajustes en la entrega de subsidios, la redistribución de deudas tarifarias, la facturación del servicio y la ampliación de los espacios de participación ciudadana.

La Corte Constitucional reiteró que las administradoras de fondos de pensiones no pueden exigir requisitos adicionales a los previstos en la ley para reconocer sustituciones pensionales. Al resolver una tutela contra la AFP Protección, el alto tribunal protegió los derechos al debido proceso, a la seguridad social y al mínimo vital de una mujer de 69 años y su hijo en situación de discapacidad, y ordenó el pago de la prestación negada.

El Consejo de Estado declaró la nulidad parcial de algunos acuerdos expedidos por la Comisión Nacional del Servicio Civil (CNSC) que permitían delegar en cargos directivos y asesores el conocimiento y decisión de procesos sancionatorios por presuntas violaciones al régimen de carrera administrativa. La corporación judicial señaló que estas funciones son de naturaleza constitucional y no pueden ser transferidas, pues forman parte esencial de la misión de la entidad. La decisión reafirma que la administración y vigilancia del sistema de carrera deben permanecer bajo control directo de la CNSC.

La Corte Constitucional amparó los derechos fundamentales de un ciudadano que fue condenado en un proceso judicial sin haber sido debidamente notificado. El caso se originó en una demanda del INPEC, entidad que aseguró falsamente desconocer otras direcciones del demandado, lo que llevó a su emplazamiento irregular. La Corte determinó que esa actuación vulneró los derechos al debido proceso y al acceso a la justicia, y además evidenció una falta de defensa técnica y un defecto procedimental al no tramitarse la nulidad solicitada por el afectado.

La Cámara de Representantes aprobó la reforma estructural del ICETEX, orientada a transformar su funcionamiento para hacerlo más flexible y con enfoque social. El proyecto introduce medidas como la eliminación de la capitalización de intereses, límites al monto total de pago, plazos definidos para responder solicitudes y desembolsos, y un acompañamiento psicosocial para los beneficiarios.

El proyecto de ley que propone identificar a los nuevos conductores con una calcomanía visible marcada con la letra “A” avanza hacia su aprobación final en la Cámara de Representantes. La medida busca modificar el Código Nacional de Tránsito para establecer esta obligación durante el primer año de expedición de la licencia, como estrategia pedagógica y preventiva orientada a reducir la siniestralidad vial y promover una cultura de conducción responsable en Colombia.