La Corte Constitucional ordenó al Ministerio de Educación y a la Gobernación de Arauca incorporar un enfoque de derechos humanos en la planeación y viabilidad del transporte escolar rural, tras amparar los derechos de 37 estudiantes que deben caminar largos trayectos en una zona afectada por riesgos como el reclutamiento forzado. La decisión destaca la obligación de las entidades públicas de garantizar un acceso seguro y efectivo a la educación mediante contratos y proyectos que consideren las condiciones geográficas, sociales y de seguridad de las comunidades rurales.

La Cámara de Representantes dio luz verde a la denominada “Ley Empatía”, una iniciativa que introduce de manera obligatoria la enseñanza del respeto, la protección y el bienestar animal en los programas educativos de colegios públicos y privados del país. La propuesta también incorpora contenidos sobre protección animal y conservación de la biodiversidad dentro de la Política Nacional de Educación Ambiental, con el fin de fortalecer la conciencia ecológica y promover una cultura de respeto hacia todas las formas de vida desde la infancia.

El Senado de la República aprobó la reglamentación del artículo 246 de la Constitución Política, que define los mecanismos de coordinación entre la jurisdicción especial indígena y el sistema judicial nacional. La iniciativa, de carácter estatutario y respaldada por amplio consenso político, busca garantizar la autonomía de los pueblos indígenas y fortalecer el pluralismo jurídico en Colombia. Con esta aprobación, que ahora pasa a la Cámara de Representantes, el Congreso avanza en el reconocimiento pleno de la justicia propia de las comunidades originarias y en la consolidación de un Estado intercultural basado en el respeto y la armonización de los distintos sistemas jurídicos del país.

El Consejo de Estado declaró responsable a la Nación por la muerte del magistrado auxiliar Jorge Alberto Echeverry Correa durante el holocausto del Palacio de Justicia de 1985, al considerar que la tragedia fue consecuencia conjunta de la acción del M-19 y de fallas del Estado en su deber de protección y uso proporcional de la fuerza.

La Corte Suprema de Justicia reiteró que los jueces laborales deben analizar con especial rigor las pruebas médicas en los procesos de pensión de invalidez derivados de enfermedades crónicas, degenerativas o congénitas, privilegiando la realidad y las condiciones de salud del afiliado sobre criterios estrictamente formales. El alto tribunal enfatizó que los jueces cuentan con amplias facultades para valorar integralmente los dictámenes médicos, apartarse de ellos cuando sea necesario y garantizar decisiones justas que reconozcan la verdadera afectación funcional del trabajador, recordando que son los jueces —y no las juntas de calificación— quienes determinan en última instancia el grado de invalidez.

La Corte Constitucional reiteró que el derecho a la vivienda digna comprende siete condiciones esenciales —seguridad jurídica de la tenencia, disponibilidad de servicios, gastos soportables, habitabilidad, asequibilidad, ubicación y adecuación cultural—, y no se limita al acceso a la propiedad. En el caso analizado, la Sala Cuarta de Revisión amparó los derechos de una ciudadana cuya vivienda resultó afectada por una obra de pavimentación ejecutada por el municipio, destacando que las intervenciones urbanísticas deben mejorar, y no deteriorar, la calidad de vida de los habitantes.