La Corte Constitucional amparó los derechos de un demandante cuya familia no fue informada oportunamente sobre un diagnóstico de cáncer, tras identificar fallas en la valoración probatoria de un proceso de responsabilidad médica. Ordenó emitir una nueva sentencia y exhortó a regular protocolos claros para la entrega de resultados clínicos.

El Consejo de Estado ordenó al Gobierno nacional expedir, en un plazo de seis meses, la reglamentación de la Ley 2407 de 2020, que prohíbe en Colombia la experimentación, importación, fabricación y comercialización de productos cosméticos que hayan sido probados en animales. La decisión se produjo tras una acción de cumplimiento, al considerar que el Ejecutivo incumplió el mandato legal de reglamentar esta norma orientada a proteger el bienestar animal.

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El Congreso de la República aprobó el fortalecimiento del Día Nacional de la Niñez y Adolescencia Indígena Ancestrales, institucionalizando su conmemoración el 26 de agosto con un enfoque en la valoración de los saberes patrimoniales, la protección de sus derechos y la autonomía de los pueblos indígenas para celebrar según sus tradiciones.

La Cámara de Representantes aprobó nuevamente la proposición sustitutiva que adopta el texto del Senado sobre la Reforma Pensional, tal como lo ordenó la Corte Constitucional para corregir un vicio de procedimiento. La votación se realizó durante sesiones extraordinarias convocadas por el Gobierno Nacional y se remitirá el informe correspondiente al Alto Tribunal, que mantiene suspendida la entrada en vigencia de la reforma mientras continúa el estudio de otras demandas de inconstitucionalidad.

La Corte Constitucional protegió los derechos fundamentales a la salud, la intimidad y la propia imagen de una mujer en condición de habitabilidad de calle, diagnosticada con VIH y esquizofrenia, al ordenar su valoración médica integral y el retiro definitivo de una fotografía íntima que fue difundida sin consentimiento en redes sociales, reiterando que la libertad de expresión no puede usarse para vulnerar derechos ajenos y que el Estado y la sociedad tienen el deber solidario de proteger a esta población.