La Jurisdicción Especial para la Paz calificó como genocidio el ataque sistemático contra la Unión Patriótica, renombró el Caso 06 y imputó responsabilidad penal a cinco altos mandos retirados del Ejército por crímenes de guerra y de lesa humanidad, al establecer un patrón nacional de persecución política que dejó más de 8.900 víctimas entre asesinatos, desapariciones, desplazamientos forzados y otras graves violaciones a los derechos humanos.

De cara a 2026, la Jurisdicción recuerda que, mediante el Auto AI-48 del 21 de agosto de 2025, la Sección con Ausencia de Reconocimiento vinculó al Ministerio de Hacienda y al Ministerio del Interior al trámite cautelar con el fin de garantizar la sostenibilidad financiera e institucional de la intervención en La Escombrera. El auto ordenó adoptar medidas para asegurar la disponibilidad de recursos, maquinaria y personal especializado, indispensables para continuar con la búsqueda en el área protegida.

La Corte Constitucional ordenó al Ejército Nacional y a la Registraduría Nacional del Estado Civil adoptar medidas técnicas y administrativas que permitan la interoperabilidad de sus sistemas de información en materia de género, con el fin de garantizar los derechos fundamentales de las personas con identidad de género no binaria.

La Comisión Sexta del Senado aprobó en primer debate el Proyecto de Ley 029 de 2025 que busca actualizar el modelo de concesiones viales en Colombia, vigente desde hace más de tres décadas. La iniciativa plantea nuevos lineamientos técnicos para los estudios previos, la definición de las tarifas de peajes y la destinación del recaudo en los proyectos concesionados.

El costo del servicio de energía eléctrica ha sido motivo de preocupación constante para numerosos hogares en Colombia. En respuesta a esta situación, el Proyecto de Ley 258 de 2025, actualmente en trámite en el Congreso, plantea una revisión de los criterios con los que se calculan las tarifas, con el objetivo de hacerlas más equitativas y comprensibles para los usuarios.

En un fallo histórico, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) profirió su primera sentencia en un Juicio Adversarial Transicional y condenó a 20 años de prisión al coronel retirado Publio Hernán Mejía Gutiérrez por crímenes de guerra y de lesa humanidad cometidos entre 2002 y 2003.