La Corte Constitucional ordenó a la Fiscalía General de la Nación trasladar la investigación por el asesinato de una joven a una unidad especializada en delitos contra la mujer o feminicidios. El alto tribunal concluyó que la entidad no aplicó la debida diligencia ni la perspectiva de género exigidas en este tipo de casos, a pesar de que existían indicios de que el crimen estuvo motivado por razones de género.

La Cámara de Representantes aprobó en primer debate el proyecto de acto legislativo que busca restablecer la mesada 14 para los docentes oficiales del país, modificando el artículo 48 de la Constitución. La propuesta beneficiaría a más de 164 mil maestros pensionados y se sustenta en la autonomía financiera del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG).

El Ministerio de Minas y Energía presentó ante la Cámara de Representantes el Proyecto de Ley “Regulación Justa y Democratización del Sector Energético”, con el propósito de reformar aspectos clave del sistema eléctrico nacional. La iniciativa propone ajustes en la entrega de subsidios, la redistribución de deudas tarifarias, la facturación del servicio y la ampliación de los espacios de participación ciudadana.

La Corte Constitucional reiteró que las administradoras de fondos de pensiones no pueden exigir requisitos adicionales a los previstos en la ley para reconocer sustituciones pensionales. Al resolver una tutela contra la AFP Protección, el alto tribunal protegió los derechos al debido proceso, a la seguridad social y al mínimo vital de una mujer de 69 años y su hijo en situación de discapacidad, y ordenó el pago de la prestación negada.

El Consejo de Estado declaró la nulidad parcial de algunos acuerdos expedidos por la Comisión Nacional del Servicio Civil (CNSC) que permitían delegar en cargos directivos y asesores el conocimiento y decisión de procesos sancionatorios por presuntas violaciones al régimen de carrera administrativa. La corporación judicial señaló que estas funciones son de naturaleza constitucional y no pueden ser transferidas, pues forman parte esencial de la misión de la entidad. La decisión reafirma que la administración y vigilancia del sistema de carrera deben permanecer bajo control directo de la CNSC.

La Corte Constitucional amparó los derechos fundamentales de un ciudadano que fue condenado en un proceso judicial sin haber sido debidamente notificado. El caso se originó en una demanda del INPEC, entidad que aseguró falsamente desconocer otras direcciones del demandado, lo que llevó a su emplazamiento irregular. La Corte determinó que esa actuación vulneró los derechos al debido proceso y al acceso a la justicia, y además evidenció una falta de defensa técnica y un defecto procedimental al no tramitarse la nulidad solicitada por el afectado.