La Corte Constitucional ordenó a la Unidad de Víctimas garantizar con celeridad la reparación integral de un Consejo Comunitario víctima del conflicto armado, tras advertir retrasos de más de ocho meses en el proceso de la Ruta de Reparación Colectiva. Además, dispuso que la Defensoría del Pueblo Regional Magdalena continúe acompañando a la comunidad para fortalecer su cohesión social y asegurar una respuesta efectiva.

La Corte Constitucional protegió los derechos de un hombre con discapacidad al ordenar a Colpensiones reconocerle la sustitución pensional. El alto tribunal recordó que la fecha de pérdida de capacidad laboral no puede depender únicamente del dictamen de la Junta de Invalidez, sino que debe establecerse a partir de un análisis integral de la historia clínica y de la evolución de enfermedades crónicas, degenerativas o congénitas.

La Corte Constitucional ordenó a la Alcaldía de Montelíbano construir en un plazo máximo de dos años un puente sobre la quebrada El Perro, en el corregimiento de Puerto Nuevo (Córdoba). La decisión busca proteger los derechos fundamentales de la comunidad, que durante años dependió de una estructura artesanal e insegura para acceder a salud, educación y otros servicios básicos.

El Senado de la República aprobó en segundo debate dos proyectos de ley: uno que extiende la cuota monetaria del subsidio familiar a trabajadores independientes y contratistas, y otro que crea un fondo de estabilización para el sector arrocero con el fin de garantizar precios a los productores y atender la crisis del gremio. Ambos pasarán ahora a la Cámara de Representantes.

La iniciativa propone la creación de Bancos Territoriales de Iniciativas Juveniles, programas de liderazgo y mecanismos de participación en corporaciones públicas, con el fin de dar mayor relevancia a los Consejos de Juventud. El proyecto surge ante el bajo conocimiento de estas instancias por parte de la población joven y la falta de recursos en los municipios, y pretende cerrar estas brechas para garantizar una participación efectiva y transformadora.

La Corte Constitucional protegió los derechos de un niño y dos niñas a quienes la Registraduría había negado la inscripción extemporánea de sus nacimientos. El alto tribunal determinó que exigir exclusivamente el registro civil apostillado, sin admitir la declaración juramentada de testigos, impone una carga desproporcionada y vulnera el acceso a la nacionalidad, la personalidad jurídica y el debido proceso administrativo.