El Gobierno radicó un instrumento jurídico que reconoce la justicia propia de 115 sistemas de justicia indígena. El proyecto refuerza el derecho de los pueblos a gobernar sus territorios de manera autónoma, brindando seguridad jurídica a sus derechos y particularidades.

También establece mecanismos de coordinación interjurisdiccional. Se incluyen herramientas como la traducción de lenguaje y capacitación para autoridades judiciales. El objetivo es promover una justicia más inclusiva, siguiendo la jurisprudencia del fuero indígena.

Reglamentación y Fundamentos del Proyecto

La iniciativa fue radicada por el Ministerio de Justicia y el Consejo Superior de la Judicatura. Busca establecer la coordinación entre la Jurisdicción Especial Indígena (JEI) y el Sistema Judicial Nacional, reglamentando el artículo 246 de la Constitución.

El ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, afirmó que esta coordinación es una garantía del acceso a la justicia. La iniciativa pretende llenar vacíos normativos que han afectado a las comunidades indígenas por décadas.

Montealegre aclaró que no se crean ni modifican competencias. El proyecto establece reglas para mecanismos de coordinación efectivos y principios que resuelvan conflictos sin improvisación.

Salvaguardas para los Derechos de las Mujeres

El proyecto incluye salvaguardas para los derechos de las mujeres. Establece compromisos de debida diligencia para la JEI y la Justicia Ordinaria. Esto busca transformar prácticas que puedan afectar los derechos de las mujeres en las comunidades.

El proyecto es resultado de un trabajo conjunto de entidades del Sector Justicia, la Rama Judicial y organizaciones indígenas, en el marco de la COCOIN. Con esta propuesta, el Gobierno busca garantizar la justicia a los pueblos indígenas, respetando su identidad cultural.

Fuente: presidencia.gov.co

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