La Corte Constitucional amparó los derechos a la igualdad, la libertad de locomoción y la vivienda digna de una mujer con discapacidad que debía subir 98 escalones para llegar a su vivienda, y precisó cuatro pautas que deben cumplir los conjuntos residenciales frente a las personas con afectaciones de salud. El alto tribunal reiteró que la inclusión no depende de la voluntad de las mayorías, sino que constituye un deber constitucional, y ordenó a la copropiedad garantizar una solución integral de accesibilidad en un plazo máximo de un año, con acompañamiento del Distrito para evaluar la viabilidad de una entrada peatonal alternativa.

La Corte Constitucional, mediante la sentencia T-401 de 2025, le ordenó al Ejército Nacional realizar los ajustes técnicos y administrativos necesarios para incorporar...

La Corte Constitucional ordenó a la Fiscalía General de la Nación trasladar la investigación por el asesinato de una joven a una unidad especializada en delitos contra la mujer o feminicidios. El alto tribunal concluyó que la entidad no aplicó la debida diligencia ni la perspectiva de género exigidas en este tipo de casos, a pesar de que existían indicios de que el crimen estuvo motivado por razones de género.

La Cámara de Representantes aprobó en primer debate el proyecto de acto legislativo que busca restablecer la mesada 14 para los docentes oficiales del país, modificando el artículo 48 de la Constitución. La propuesta beneficiaría a más de 164 mil maestros pensionados y se sustenta en la autonomía financiera del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG).

El Ministerio de Minas y Energía presentó ante la Cámara de Representantes el Proyecto de Ley “Regulación Justa y Democratización del Sector Energético”, con el propósito de reformar aspectos clave del sistema eléctrico nacional. La iniciativa propone ajustes en la entrega de subsidios, la redistribución de deudas tarifarias, la facturación del servicio y la ampliación de los espacios de participación ciudadana.

La Corte Constitucional reiteró que las administradoras de fondos de pensiones no pueden exigir requisitos adicionales a los previstos en la ley para reconocer sustituciones pensionales. Al resolver una tutela contra la AFP Protección, el alto tribunal protegió los derechos al debido proceso, a la seguridad social y al mínimo vital de una mujer de 69 años y su hijo en situación de discapacidad, y ordenó el pago de la prestación negada.