La Corte Constitucional protegió los derechos fundamentales a la salud, la intimidad y la propia imagen de una mujer en condición de habitabilidad de calle, diagnosticada con VIH y esquizofrenia, al ordenar su valoración médica integral y el retiro definitivo de una fotografía íntima que fue difundida sin consentimiento en redes sociales, reiterando que la libertad de expresión no puede usarse para vulnerar derechos ajenos y que el Estado y la sociedad tienen el deber solidario de proteger a esta población.

La Corte Constitucional protegió los derechos fundamentales de una pareja campesina sancionada por la tala de árboles sin permiso, al sustituir la multa económica por servicio comunitario ambiental. Además, instó a las autoridades a adoptar un enfoque de derechos sensible a las realidades del campo, reconociendo al campesinado como aliado en la protección de la naturaleza y promoviendo medidas que combatan la exclusión y discriminación histórica de esta población.

El Consejo de Estado estableció los regímenes jurídicos aplicables a los contratos celebrados con recursos del Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, diferenciando entre contratación pública para la administración de bienes y contratación privada para la ejecución de acciones en zonas de desastre. Además, precisó las competencias del director de la UNGRD en materia precontractual, contractual y disciplinaria, y advirtió sobre los riesgos de corrupción, resaltando la importancia de aplicar principios como la transparencia, la moralidad administrativa y la buena fe para garantizar el cumplimiento del interés público y la finalidad social del Fondo.

El Congreso aprobó la reforma laboral en Colombia, que modifica la jornada nocturna, aumenta recargos dominicales, mejora condiciones para trabajadores de plataformas digitales y fortalece los contratos de aprendizaje. La normativa entrará en vigor en seis meses.

A pocos meses de cumplirse cuatro décadas de la tragedia de Armero, el Congreso aprobó una ley que reconoce al municipio de Armero y al volcán Nevado del Ruiz como patrimonio cultural de la Nación. La norma impulsa la creación de un centro de memoria histórica, fomenta la investigación y educación en gestión del riesgo, y promueve el turismo sostenible mediante la formación de guías especializados y la inclusión de contenidos educativos sobre la catástrofe de 1985.

La Corte Constitucional reiteró que la participación de comunidades étnicas debe ir más allá de la simple asistencia a reuniones, e incluir un diálogo intercultural con enfoque étnico, incluso sin afectación directa. Ordenó medidas a favor del Cabildo Indígena Zenú de Bayunca Caizeba por vulneraciones en el marco de un proyecto aeroportuario en Cartagena, incluyendo una nueva socialización y una visita de verificación al territorio.