Oct 2, 2025 | Actualidad Prime
El Senado de la República adelanta el trámite del Proyecto de Ley 261 de 2024, iniciativa que busca convertir los sistemas de trazabilidad animal en un instrumento para enfrentar la deforestación, mediante la articulación de los registros agropecuarios con plataformas de monitoreo forestal y catastral.
La propuesta, presentada por congresistas de distintos partidos políticos, contempla la integración del Sistema Nacional de Identificación e Información de Ganado Bovino (SINIGAN), el SNIITA, el SIGMA, el Sistema de Monitoreo de Bosques y Carbono del IDEAM, así como las bases catastrales y de propiedad, con el propósito de reforzar el control en los Núcleos Activos de Deforestación (NAD).
El articulado también incorpora medidas complementarias como la elevación a rango legal del Sello Ambiental Colombiano, establecido en la Norma Técnica Colombiana NTC 6550:2021, para garantizar la comercialización de productos certificados como “libres de deforestación”. A ello se suman obligaciones de debida diligencia dirigidas a plantas de beneficio, subastas y exportadores, quienes deberán implementar buenas prácticas en un plazo máximo de dos años.
La iniciativa crea, además, las Zonas de Alta Vigilancia, que podrán ser declaradas por el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) en territorios con mayor riesgo de deforestación, con el fin de reforzar la inspección y control en estas áreas.
El proyecto, que ya superó su primer debate en la Comisión Quinta, se encuentra listo para discusión en la Plenaria del Senado, en donde continuará el análisis sobre su impacto en la sostenibilidad del sector ganadero y la protección de los ecosistemas estratégicos del país.
Fuente: senado.gov.co
Otras noticias de actualidad jurídica: Corte Suprema avala prisión domiciliaria por razones de edad en caso de omisión tributaria
Oct 1, 2025 | Actualidad Prime
La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, mediante la sentencia SP1863-2025, confirmó parcialmente la condena contra una mujer de 87 años por el delito de omisión del agente retenedor o recaudador, pero le concedió la posibilidad de cumplir la pena en su lugar de residencia.
La procesada, en calidad de representante legal de una empresa, incumplió con la obligación de consignar a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) los recursos recaudados por concepto del Impuesto al Valor Agregado (IVA) en varios períodos fiscales. Por estos hechos, había sido condenada en primera instancia por un juzgado de Bucaramanga y, en segunda instancia, por el Tribunal Superior de la misma ciudad, que negó la sustitución de la pena por prisión domiciliaria.
El alto tribunal consideró que las decisiones previas desconocieron garantías esenciales del debido proceso y omitieron un análisis con enfoque de vulnerabilidad etaria, al tratarse de una mujer de avanzada edad. En este sentido, precisó que no existen prohibiciones legales para otorgar la prisión domiciliaria en casos como este y que la valoración de tales circunstancias no podía dejarse exclusivamente en manos del juez de ejecución de penas.
La Corte Suprema dispuso que la condenada cumpla la sanción en su domicilio, previa suscripción de un compromiso y el pago de una caución equivalente a un salario mínimo legal mensual vigente. Además, ordenó al Inpec realizar la reseña y demás trámites administrativos directamente en la vivienda de la condenada, garantizando que reciba todos los permisos médicos necesarios para atender su estado de salud.
Fuente: cortesuprema.gov.co
Otras noticias de actualidad jurídica: Consejo de Estado ordena actualizar datos de abogada transgénero en la Rama Judicial
Sep 30, 2025 | Actualidad Prime
El Consejo de Estado ordenó al Consejo Superior de la Judicatura actualizar la información personal de una abogada en la base de datos de la Rama Judicial, conforme a su identidad de género y nombre vigentes en el registro civil. La decisión se dio en el marco de una medida provisional dentro de una acción de tutela interpuesta por la profesional del derecho, quien solicitó que los datos de su tarjeta profesional reflejaran las modificaciones obtenidas tras un trámite de cambio de nombre y género ante la Registraduría Nacional.
La sala consideró que la persistencia de los datos anteriores configuraba una vulneración a derechos fundamentales como el libre desarrollo de la personalidad, la identidad de género, la igualdad, el habeas data y la educación, al impedirle a la accionante el pleno ejercicio de su personalidad jurídica.
El alto tribunal subrayó la necesidad de aplicar criterios diferenciales que eliminen barreras estructurales que afectan a mujeres transgénero y otros grupos en situación de vulnerabilidad, con el fin de garantizar la protección efectiva de sus derechos. La medida se mantendrá vigente hasta que se adopte una decisión definitiva en el proceso de tutela.
Consulte esta decisión por medio del siguiente enlace.
Fuente: consejodeestado.gov.co
Otras noticias de actualidad jurídica: Senado avanza en proyecto de ley para crear política pública contra la tuberculosis en Colombia
Sep 29, 2025 | Actualidad Prime
La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, mediante la sentencia SP1897-2025, revocó la condena impuesta a un trabajador de la plaza de mercado de Ibagué que había sido hallado responsable del delito de inasistencia alimentaria. El alto tribunal concluyó que las decisiones previas desconocieron las limitaciones económicas del procesado y valoraron de manera errónea las pruebas sobre su capacidad de pago.
El hombre había sido condenado inicialmente en primera instancia, en un proceso penal especial abreviado, tras incumplir con la cuota alimentaria equivalente al 25 % de su salario ordenada por un juez de familia. La Fiscalía formuló cargos y, posteriormente, el Tribunal Superior de Ibagué confirmó la condena. Sin embargo, al resolver el recurso de casación, la Corte consideró que no se acreditó de manera suficiente que el acusado contara con los medios económicos para cumplir con la obligación.
Según el fallo, se demostró que el procesado realizaba labores informales de carga en la plaza de mercado, sin ingresos fijos ni estabilidad laboral, y residía en una zona de invasión de la ciudad. La Sala Penal advirtió que su situación de precariedad lo ubicaba en un escenario de imposibilidad material para entregar el dinero destinado a la manutención de sus hijos.
Si bien el tribunal reconoció la afectación padecida por la víctima ante la ausencia de apoyo económico, subrayó que la obligación alimentaria está condicionada tanto por la necesidad del beneficiario como por la capacidad económica del deudor. En este caso, precisó, exigir el pago significaba comprometer la subsistencia del propio trabajador, quien se encontraba atrapado en un círculo de pobreza estructural.
Fuente: cortesuprema.gov.co
Otras noticias de actualidad jurídica: Senado avanza en proyecto de ley para crear política pública contra la tuberculosis en Colombia
Sep 26, 2025 | Actualidad Prime
La tuberculosis, considerada una de las enfermedades más letales y con mayor capacidad de contagio a nivel mundial, continúa siendo un desafío para la salud pública. Cada día, alrededor de 3.500 personas fallecen por esta causa en el planeta, y en Colombia se diagnostican en promedio 57 nuevos casos diarios, según cifras oficiales del Ministerio de Salud y Protección Social.
En este contexto, el Senado de la República estudia un proyecto de ley que busca establecer una política pública integral de salud y protección social dirigida a las personas afectadas por la enfermedad, así como a sus familias y comunidades. La iniciativa, impulsada por los senadores Soledad Tamayo, Nadia Blel y Marcos Daniel Pineda, del Partido Conservador, y Lorena Ríos, de Colombia Justa Libres, está próxima a surtir su tercer debate en la Comisión Séptima de esa corporación.
El proyecto plantea una estrategia que abarca desde la promoción de la salud y la prevención, hasta el diagnóstico, tratamiento y rehabilitación. También prevé el fortalecimiento de la investigación y la innovación para el manejo de la patología, además de lineamientos para que entidades territoriales, distritales y municipales adopten acciones afirmativas en la materia.
Entre las ciudades con mayor incidencia de contagios se encuentran Medellín, Barranquilla, Bucaramanga, Villavicencio, Ibagué, así como los distritos de Bogotá, Cali y Barranquilla.
De aprobarse la propuesta legislativa, el Ministerio de Salud y el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social quedarían a cargo de definir los protocolos y lineamientos para su aplicación a nivel nacional.
Fuente: senado.gov.co
Otras noticias de actualidad jurídica: Aprobado proyecto de ley que declara a la Ciénaga Grande de Santa Marta zona de interés ambiental y turístico
