Dic 30, 2025 | Actualidad Prime
La Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia condenó al exgobernador del Amazonas, César Antonio Lugo Morales, a 191 meses y 16 días de prisión por delitos contra la administración pública, entre ellos falsedad ideológica, peculado, cohecho, interés indebido en la celebración de contratos y celebración de contratos sin requisitos legales.
La Corte lo halló responsable de 38 cargos y le impuso, además, una multa de 1.479 salarios mínimos legales mensuales vigentes y la inhabilidad para ejercer cargos públicos. También negó los beneficios de prisión domiciliaria y suspensión condicional de la pena, ordenando su reclusión inmediata.
Según la investigación, Lugo Morales incurrió en irregularidades contractuales, aceptó dádivas y manipuló documentos para favorecer a contratistas, lo que ocasionó un grave detrimento patrimonial superior a los cinco mil millones de pesos. Los recursos, destinados a necesidades básicas como agua potable y alimentación escolar, fueron desviados para fines particulares.
La Corte concluyó que el exmandatario vulneró de manera sistemática los principios de legalidad, planeación y responsabilidad fiscal, afectando de forma grave la administración pública y el patrimonio del Estado.
Fuente: cortesuprema.gov.co
Otras noticias de actualidad jurídica: Medida cautelar de la JEP permitió recuperar 34 cuerpos de personas dadas por desaparecidas en el Cementerio Católico de Saravena
Dic 29, 2025 | Actualidad Prime
Una medida cautelar emitida por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) permitió la recuperación de 34 cuerpos de personas dadas por desaparecidas durante el conflicto armado, así como el avance en la protección del Cementerio Católico de Saravena, considerado un sitio de interés forense prioritario.
La medida, ordenada en 2023 por la Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad (SARV), ha posibilitado cuatro intervenciones humanitarias realizadas por la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD), en articulación con la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la JEP y el Instituto Nacional de Medicina Legal.
Como resultado, se ha avanzado en la intervención forense de 81 cuerpos, de los cuales 34 fueron recuperados por ser competencia de la UBPD. De estos, 27 fueron trasladados a Medicina Legal para su proceso de identificación, mientras que en otros siete se realizaron verificaciones y toma de muestras óseas para análisis posteriores.
Las labores se desarrollaron en el marco del Plan Regional de Búsqueda del Sarare y enfrentaron retos técnicos derivados de la falta de registros históricos y de inhumaciones múltiples en fosas comunes. Las exploraciones incluyeron el uso de georradar y excavaciones en áreas priorizadas del cementerio.
La JEP destacó que esta intervención representa un avance significativo en la protección del camposanto y en el esclarecimiento de la desaparición forzada en la región. Las acciones han contado con el apoyo de autoridades locales, organizaciones sociales y la comunidad de Saravena.
La Unidad de Búsqueda reiteró que las labores continúan e invitó a la ciudadanía a aportar información que contribuya a la identificación de las personas desaparecidas y a la dignificación de las víctimas.
Fuente: jep.gov.co
Otras noticias de actualidad jurídica: Comisión Segunda de la Cámara aprueba en primer debate proyecto que crea Frentes de Seguridad Ciudadana
Dic 26, 2025 | Actualidad Prime
La Comisión Segunda Constitucional Permanente de la Cámara de Representantes aprobó en primer debate el Proyecto de Ley 161 de 2025, que propone la creación de los Frentes de Seguridad Ciudadana y establece disposiciones para su funcionamiento a nivel nacional. La iniciativa fue respaldada por 10 votos a favor y 2 en contra, luego de superar un debate de carácter procedimental.
El proyecto parte del principio de que todos los asuntos que impactan al país, incluida la situación de violencia y las acciones del sector defensa para enfrentarla, están sometidos al control político del Congreso. En ese marco, la propuesta busca mejorar la percepción de seguridad y fortalecer los canales de comunicación entre la ciudadanía y las autoridades, en respuesta a los persistentes hechos de inseguridad.
La iniciativa plantea la creación de un marco normativo integral y permanente para consolidar los frentes de seguridad, figuras que ya existen en Colombia y que actualmente agrupan a más de 1.900 frentes activos y cerca de 46.000 ciudadanos. Entre sus objetivos centrales se encuentran garantizar financiación pública, fortalecer su estructura operativa y promover una mayor participación comunitaria en la prevención y atención de problemáticas de seguridad.
Durante el trámite, se precisó que los Frentes de Seguridad Ciudadana no son equiparables a las antiguas asociaciones conocidas como “Convivir”, con el fin de despejar confusiones que han surgido en el debate público. Desde la presidencia de la Comisión Segunda se destacó que el proyecto apunta a articular acciones conjuntas entre ciudadanía y autoridades, incentivando el compromiso comunitario con el entorno y la seguridad local.
No obstante, la iniciativa también generó reparos. El representante Alejandro Toro, por Antioquia, votó en contra y dejó constancia de sus preocupaciones, anunciando que propondrá ajustes durante el debate en plenaria. Entre los puntos señalados se encuentran los límites de actuación de estos frentes, la posible interpretación del uso de uniformes como incentivos indebidos y la destinación de recursos públicos, a la luz de antecedentes recientes de excesos registrados en Medellín.
El proyecto continuará ahora su trámite legislativo en la plenaria de la Cámara de Representantes, donde se espera un debate de fondo sobre su alcance, controles y salvaguardas institucionales.
Fuente: camara.gov.co
Otras noticias de actualidad jurídica: Corte Constitucional ordena protocolo intercultural para el registro civil de defunción de personas Wayuu en casos de muerte violenta
Dic 25, 2025 | Actualidad Prime
En una audiencia pública realizada en el Congreso de la República, el contralor general Carlos Hernán Rodríguez presentó el balance de la gestión institucional al cierre del año y anunció que, a partir del próximo mes, se posesionarán los nuevos contralores municipales y departamentales, quienes asumirán un rol activo en la vigilancia del uso de los recursos públicos en las obras públicas de todo el país.
El anuncio se dio en medio de las preocupaciones expresadas por varios congresistas frente a la persistencia de obras inconclusas, mal ejecutadas o paralizadas, conocidas como “elefantes blancos”, que continúan generando pérdidas millonarias pese a las denuncias y llamados de atención realizados en años recientes. Desde el Legislativo se insistió en la necesidad de fortalecer el control fiscal para evitar que estas situaciones se repitan y queden en la impunidad.
Durante la sesión, se expusieron casos concretos como el de la Ruta de la Libertad, una vía estratégica que busca conectar departamentos del centro del país con la región oriental y aliviar la congestión hacia Villavicencio y Yopal. La obra, que lleva cerca de una década en ejecución, presenta tramos inconclusos y zonas abandonadas, lo que ha impedido que cumpla su objetivo de mejorar la movilidad y el desarrollo regional.
También se solicitó intensificar la vigilancia sobre los contratistas del Programa de Alimentación Escolar (PAE), al considerar que se trata de uno de los sectores más sensibles del gasto público. Según lo manifestado en el debate, en distintos territorios los recursos destinados a la alimentación de los estudiantes resultan insuficientes o se agotan antes de finalizar el calendario escolar, afectando la garantía del derecho a la educación y a la nutrición de miles de niños y niñas.
La situación en La Guajira fue otro de los puntos destacados, donde se han invertido cuantiosos recursos en proyectos de acueductos, plantas de tratamiento y sistemas de desalinización que no han sido entregados, han quedado abandonados o no se han ejecutado, a pesar de la crítica problemática de acceso al agua en el departamento.
Frente a este panorama, el contralor general señaló que la posesión de los nuevos funcionarios territoriales estará orientada a priorizar la vigilancia de este tipo de proyectos en todas las regiones. Asimismo, anunció la intención de impulsar una política pública anticorrupción que permita ejercer control fiscal antes, durante y después de la ejecución de las obras financiadas con recursos del Gobierno Nacional, con el fin de prevenir irregularidades y garantizar una inversión eficiente y transparente.
Fuente: camara.gov.co
Otras noticias de actualidad jurídica: Comisión Segunda de la Cámara aprueba en primer debate proyecto que crea Frentes de Seguridad Ciudadana
Dic 24, 2025 | Actualidad Prime
La Corte Constitucional, mediante la sentencia T-476 de 2025, ordenó a la Fiscalía General de la Nación, la Registraduría Nacional del Estado Civil y el Ministerio del Interior elaborar un protocolo que oriente la autorización judicial para la inscripción del registro civil de defunción de integrantes del pueblo Wayuu en casos de muerte violenta.
El protocolo deberá construirse en un plazo de seis meses con la participación de la Defensoría del Pueblo y del Instituto Colombiano de Antropología e Historia (ICANH), e incluir un proceso de consulta previa con el pueblo Wayuu, conforme a sus formas de representación. Adicionalmente, el Ministerio del Interior deberá divulgar el contenido de la sentencia en lengua wayuunaiki.
La decisión se produjo al revisar la tutela presentada por Marilenis Morrón Barrios contra la Fiscalía 2 Seccional de la Unidad de Vida de Maicao y la Notaría Única de ese municipio, luego de que estas entidades negaran la autorización e inscripción de la defunción de su hijo, Diomedez Manrique Morrón, fallecido de manera violenta. La negativa se basó en la no práctica de la necropsia, rechazada por la familia en atención a la cosmovisión Wayuu, que otorga un valor central a la integridad del cuerpo en sus rituales mortuorios.
Aunque la Sala Sexta de Revisión declaró la carencia actual de objeto por situación sobreviniente, al haberse autorizado posteriormente el registro civil, la Corte consideró necesario un pronunciamiento de fondo para prevenir la repetición de este tipo de actuaciones.
En su análisis, el tribunal precisó que la autorización judicial para el registro civil de defunción en casos de muerte violenta debe supeditarse a la acreditación de la muerte y de la identidad del fallecido, y no, por regla general, a la determinación de la causa o circunstancias del deceso, propias de la investigación penal. Si bien la necropsia es un instrumento válido, no constituye el único medio probatorio para estos fines.
La Corte concluyó que la Fiscalía vulneró derechos fundamentales al supeditar el registro de la defunción a la práctica de la necropsia, sin valorar otras pruebas objetivas que acreditaban la muerte y la identidad, lo que configuró un exceso ritual manifiesto y desconoció la diversidad étnica y cultural del pueblo Wayuu.
El alto tribunal aclaró que el protocolo ordenado se limita a los efectos del registro civil y no restringe las facultades de investigación penal de la Fiscalía, las cuales se rigen por un marco normativo propio.
Fuente: corteconstitucional.gov.co
Otras noticias de actualidad jurídica: Consejo de Estado ratifica vigencia de la mesada 14 en el régimen especial de la Fuerza Pública
