Ene 14, 2026 | Actualidad Prime
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) calificó como genocidio el ataque sistemático contra la Unión Patriótica (UP) y atribuyó responsabilidad penal a cinco altos mandos retirados del Ejército Nacional, al concluir que existió una intención deliberada de destruir a este partido político.
La Sala de Reconocimiento de Verdad determinó que los hechos encajan en la tipificación de genocidio político prevista en el artículo 101 del Código Penal y decidió renombrar el Caso 06 como “Genocidio contra el partido político Unión Patriótica”. Entre los imputados como coautores se encuentran los generales retirados Iván Ramírez Quintero, excomandante de la Primera División, y Rito Alejo del Río Rojas, excomandante de la Brigada XVII, junto con tres tenientes coroneles retirados.
Además del genocidio, la JEP imputó crímenes de guerra por homicidio en persona protegida y crímenes de lesa humanidad, como exterminio, deportación, traslado forzoso de población y otros actos inhumanos. La investigación estableció que el ataque dejó al menos 8.924 víctimas, de las cuales 5.729 fueron asesinadas o desaparecidas y más de 3.200 sufrieron otras formas de violencia, incluidos atentados, desplazamientos forzados, exilio, tortura y detenciones arbitrarias.
Según la Sala, la estigmatización de la UP como supuesto “brazo político” de las Farc-EP fue un elemento central del patrón criminal, al facilitar su segregación y el abandono de sus militantes por parte de la fuerza pública. La violencia se extendió por todo el país, con una concentración significativa en regiones como Urabá, Meta y el Magdalena Medio, siendo Apartadó uno de los casos más representativos del patrón macrocriminal identificado.
Los comparecientes cuentan ahora con 30 días hábiles para aceptar o rechazar las imputaciones. Si reconocen responsabilidad, el proceso avanzará hacia la imposición de sanciones propias; en caso contrario, el expediente será remitido a la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP, donde podrían enfrentar penas de hasta 20 años de prisión.
Fuente: jep.gov.co
Otras noticias de actualidad jurídica: La JEP confirma la identificación de una quinta víctima en La Escombrera: una niña desaparecida en 2002
Ene 13, 2026 | Actualidad Prime
De cara a 2026, la Jurisdicción recuerda que, mediante el Auto AI-48 del 21 de agosto de 2025, la Sección con Ausencia de Reconocimiento vinculó al Ministerio de Hacienda y al Ministerio del Interior al trámite cautelar con el fin de garantizar la sostenibilidad financiera e institucional de la intervención en La Escombrera. El auto ordenó adoptar medidas para asegurar la disponibilidad de recursos, maquinaria y personal especializado, indispensables para continuar con la búsqueda en el área protegida.
El cumplimiento de estas órdenes será determinante para asegurar que la intervención continúe sin interrupciones y para consolidar los resultados obtenidos este año. La JEP hará seguimiento al avance de estas medidas y continuará adoptando las acciones necesarias para proteger el sitio y fortalecer el proceso de recuperación e identificación.
En mayo de 2025, la Sala ordenó al Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes adelantar, en articulación con la Gobernación de Antioquia y la Alcaldía de Medellín, y en coordinación con la Oficina Asesora de Justicia Restaurativa y la Oficina Asesora de Memoria Institucional y del Sistema Integral para la Paz, el diseño, análisis de viabilidad e implementación de un proceso de memoria y reparación simbólica en La Escombrera. En cumplimiento de esta orden, la propuesta fue elaborada y presentada dentro del plazo establecido, y actualmente se encuentra en revisión por parte de la Sección con Ausencia de Reconocimiento, que evaluará su viabilidad y los pasos siguientes para su eventual implementación.
La intervención judicial que adelanta el GATEF de la JEP en La Escombrera es un componente central para esclarecer lo ocurrido con las víctimas de desaparición forzada en la Comuna 13 de Medellín. Estos esfuerzos se articulan con la investigación del Subcaso Antioquia del Caso 08, que investiga crímenes presuntamente cometidos por miembros de la fuerza pública en asociación con grupos paramilitares en este territorio. El trabajo forense y judicial adelantado hasta ahora contribuye a la reconstrucción de los hechos y al esclarecimiento de uno de los episodios más graves del conflicto armado en la ciudad.
Fuente: jep.gov.co
Otras noticias de actualidad jurídica: Corte ordena ajustes al Ejército y la Registraduría para garantizar derechos de personas no binarias
Ene 12, 2026 | Actualidad Prime
La Corte Constitucional ordenó al Ejército Nacional y a la Registraduría Nacional del Estado Civil adoptar medidas técnicas y administrativas que permitan la interoperabilidad de sus sistemas de información en materia de género, con el fin de garantizar los derechos fundamentales de las personas con identidad de género no binaria.
La decisión se produjo tras estudiar una acción de tutela presentada por Ariel, una persona de género no binario, a quien no se le permitió inscribirse para definir su situación militar debido a que la plataforma del Ejército solo contemplaba los marcadores masculino y femenino. Aunque el Ejército respondió posteriormente la solicitud, la Corte consideró necesario pronunciarse de fondo, dado que Ariel tuvo que identificarse como mujer para continuar el trámite.
En la sentencia T-497 de 2025, la Sala Novena de Revisión concluyó que la ausencia de mecanismos institucionales para reconocer identidades de género no binarias constituye una forma de exclusión que vulnera el derecho a la identidad de género y el debido proceso administrativo. La Corte destacó que estos vacíos no son omisiones neutrales, sino prácticas que invisibilizan a estas personas y restringen su acceso a derechos.
Como parte de las órdenes, el Ejército deberá ofrecer disculpas por escrito a Ariel y adelantar las gestiones necesarias para que en todas sus bases de datos el marcador de género sea reemplazado por “NB” o “no binario”. Asimismo, deberá adecuar formularios, plataformas y procedimientos administrativos para garantizar el reconocimiento efectivo de estas identidades.
La Corte también reiteró el exhorto al Congreso de la República para que regule de manera integral los derechos, obligaciones y servicios que tienen en el sexo o el género un criterio de asignación, y aseguró que la falta de interoperabilidad entre entidades no puede justificar la negación de derechos fundamentales.
Fuente: corteconstitucional.gov.co
Otras noticias de actualidad jurídica: Senado avanza en proyecto que redefine tarifas de peajes y reglas para concesiones viales
Ene 9, 2026 | Actualidad Prime
La Comisión Sexta del Senado aprobó en primer debate el Proyecto de Ley 029 de 2025 que busca actualizar el modelo de concesiones viales en Colombia, vigente desde hace más de tres décadas. La iniciativa plantea nuevos lineamientos técnicos para los estudios previos, la definición de las tarifas de peajes y la destinación del recaudo en los proyectos concesionados.
El proyecto fue defendido por el senador Guido Echeverry, quien explicó que la propuesta surge tras recientes debates legislativos que evidenciaron fallas estructurales en el modelo actual. Según indicó, el objetivo no es únicamente regular la creación de peajes, sino modernizar el marco normativo que orienta la implementación de concesiones, incorporando elementos acordes con las realidades actuales del país.
Durante la discusión, el senador destacó que el esquema de concesiones ha evolucionado hacia proyectos de distintas generaciones, lo que ha generado nuevos desafíos técnicos, jurídicos y financieros. En ese contexto, advirtió sobre la alta litigiosidad que enfrenta el Estado, con múltiples proyectos en disputa y demandas de gran impacto fiscal, lo que refuerza la necesidad de reglas más claras y equilibradas.
La iniciativa contempla una mayor participación de las autoridades territoriales en el diseño y la administración de los proyectos, así como requisitos técnicos más estrictos, definiciones precisas sobre estudios y cronogramas, y criterios para la fijación de tarifas. Además, incluye disposiciones sobre exenciones, sistemas de pago electrónico interoperable y criterios para la ubicación de peajes.
Con su aprobación en primer debate, el proyecto continuará su trámite legislativo, en un proceso que buscará ajustar el modelo de concesiones viales a las condiciones actuales, mejorar la transparencia y promover una distribución más equitativa de las cargas para los usuarios.
Fuente: senado.gov.co
Otras noticias de actualidad jurídica: Un debate necesario sobre las tarifas de energía en Colombia
Ene 8, 2026 | Actualidad Prime
El costo del servicio de energía eléctrica ha sido motivo de preocupación constante para numerosos hogares en Colombia. En respuesta a esta situación, el Proyecto de Ley 258 de 2025, actualmente en trámite en el Congreso, plantea una revisión de los criterios con los que se calculan las tarifas, con el objetivo de hacerlas más equitativas y comprensibles para los usuarios.
La iniciativa parte del reconocimiento de que las condiciones de consumo no son homogéneas en todo el país. Factores como la capacidad de pago de las familias y las condiciones climáticas de cada región inciden de manera directa en el uso del servicio y, por tanto, en el valor final de la factura. Incorporar estas variables al esquema tarifario busca ajustar el sistema a las realidades económicas y territoriales existentes.
Más allá de los aspectos técnicos, el proyecto propone avanzar hacia un modelo más transparente, que permita a los usuarios entender con mayor claridad cómo se definen los cobros y cuál es la lógica que los sustenta. Al mismo tiempo, plantea el reto de mantener la sostenibilidad del servicio eléctrico sin trasladar cargas desproporcionadas a los hogares con menores ingresos.
Actualmente, el Proyecto de Ley 258 de 2025 se encuentra a la espera de su primer debate. Como ocurre en todo trámite legislativo, el texto podrá ser objeto de ajustes y modificaciones. No obstante, su discusión representa una oportunidad para revisar el equilibrio entre eficiencia, equidad y acceso en la prestación del servicio de energía en el país.
Fuente: senado.gov.co
Otras noticias de actualidad jurídica: JEP condena a 20 años de prisión al coronel (r) Publio Hernán Mejía por crímenes de guerra y de lesa humanidad
