JEP condena a 20 años de prisión al coronel (r) Publio Hernán Mejía por crímenes de guerra y de lesa humanidad

En un fallo histórico, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) profirió su primera sentencia en un Juicio Adversarial Transicional y condenó a 20 años de prisión al coronel retirado Publio Hernán Mejía Gutiérrez por crímenes de guerra y de lesa humanidad cometidos entre 2002 y 2003.

La Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad determinó que el exoficial fue responsable penal de 35 hechos que dejaron 72 personas asesinadas, algunas de ellas desaparecidas forzadamente y torturadas, en el norte del Cesar y el sur de La Guajira. Las víctimas, en su mayoría campesinos, integrantes de comunidades indígenas y afrodescendientes, fueron presentadas ilegítimamente como bajas en combate.

La JEP concluyó que los crímenes hicieron parte de un patrón de macrocriminalidad ejecutado a través de un Ilegal Aparato Organizado de Poder que operó en el Batallón ‘La Popa’, en alianza con estructuras paramilitares y mediante prácticas sistemáticas de encubrimiento para garantizar la impunidad.

Además de la pena privativa de la libertad, la sentencia ordenó medidas en favor de las víctimas, como la revocatoria de condecoraciones otorgadas al condenado, la realización de un acto público de perdón por parte de las Fuerzas Militares y acciones para garantizar la búsqueda, identificación y entrega digna de personas desaparecidas. Con esta decisión, la JEP resolvió de manera definitiva la situación jurídica del condenado por estos hechos.

Fuente: jep.gov.co

Otras noticias de actualidad jurídica: Corte Constitucional mantiene abierto incidente de desacato contra el Ministro de Salud para garantizar el derecho a la salud

Corte Constitucional mantiene abierto incidente de desacato contra el Ministro de Salud para garantizar el derecho a la salud

Mediante el Auto 2061 de 2025, la Sala Especial de Seguimiento de la Corte Constitucional decidió continuar el trámite del incidente de desacato iniciado contra el ministro de Salud y Protección Social, por el presunto incumplimiento de órdenes relacionadas con la suficiencia de la Unidad de Pago por Capitación (UPC).

El incidente fue abierto en el Auto 2049 de 2025, en el marco del seguimiento a la Sentencia T-760 de 2008, luego de que la Corte considerara que el Ministerio no acreditó un cumplimiento material, real e inmediato de las órdenes impartidas para garantizar el derecho fundamental a la salud. Aunque el ministro presentó un informe solicitando el archivo del trámite, la Sala concluyó que las medidas reportadas no demostraban avances suficientes.

La Corte reiteró que el Ministerio debe corregir las deficiencias del sistema de información para el cálculo de la UPC, garantizar su suficiencia real y equiparar la UPC del régimen subsidiado al 95 % de la del régimen contributivo, mientras no se demuestre su suficiencia.

Como parte del proceso, la Sala abrió formalmente la etapa probatoria, incorporó la documentación presentada y ordenó la realización de una mesa técnica que se llevará a cabo en febrero de 2026. Asimismo, negó la práctica de pruebas solicitadas por el Ministerio que corresponden a competencias propias de esa cartera y de la Superintendencia Nacional de Salud.

La Corte reiteró que el incidente de desacato busca asegurar el cumplimiento efectivo de sus órdenes y advirtió que el incumplimiento puede dar lugar a la imposición de sanciones legales, con el fin de proteger el derecho fundamental a la salud.

Fuente: corteconstitucional.gov.co

Otras noticias de actualidad jurídica: Corte Constitucional presenta hoja de ruta sobre derechos de las personas migrantes

Corte Constitucional presenta hoja de ruta sobre derechos de las personas migrantes

En el marco del Día Internacional del Migrante, la Corte Constitucional presentó un boletín temático que reúne y sistematiza su jurisprudencia sobre los derechos de las personas migrantes, con el objetivo de ofrecer una herramienta clara y accesible para esta población y para la ciudadanía en general.

El documento, elaborado por la Relatoría de la Corte y disponible en su página web, compila reseñas y extractos destacados de decisiones judiciales en las que se han abordado los derechos de las personas migrantes, los contextos en los que estos pueden verse vulnerados y los mecanismos jurídicos previstos para su protección.

La información se organiza en líneas temáticas que incluyen, entre otros, el derecho al debido proceso en trámites migratorios, el derecho a la nacionalidad, a la personalidad jurídica, a la salud, al trabajo y a la seguridad social, así como el derecho a la unidad familiar, la educación, la vivienda digna y la protección frente a la trata de personas y el tráfico de migrantes.

El boletín también incorpora herramientas prácticas como un glosario, un índice de normas nacionales e internacionales, un listado de siglas y enlaces a contenidos audiovisuales producidos por la Corte, que facilitan la comprensión de la jurisprudencia y fortalecen el acceso a la información sobre los derechos de las personas migrantes.

Fuente: corteconstitucional.gov.co

Otras noticias de actualidad jurídica: Entra en vigencia decreto que ordena la desclasificación de archivos del extinto DAS

Entra en vigencia decreto que ordena la desclasificación de archivos del extinto DAS

Entró en vigencia el Decreto 1400 de 2025, mediante el cual el Gobierno nacional ordena la desclasificación de los archivos de inteligencia, contrainteligencia y gastos reservados del extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS). La medida responde a una directriz del presidente Gustavo Petro orientada a garantizar el derecho a la verdad y fortalecer los procesos de memoria histórica y justicia.

La norma autoriza el levantamiento de la reserva de más de 57.000 cajas de documentos, en cumplimiento de decisiones de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y de sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), relacionadas con la reparación integral de las víctimas y las garantías de no repetición.

El decreto se sustenta en la facultad constitucional del presidente para autorizar la desclasificación total o parcial de documentos de inteligencia, incluso antes del vencimiento del término legal de reserva, conforme a lo establecido en la Ley 1621 de 2013.

El Gobierno destacó que esta decisión responde al interés general y busca aportar al esclarecimiento de la verdad, sin comprometer la seguridad nacional ni el orden democrático. Asimismo, anunció que esta política de apertura documental se extenderá a otras entidades, como la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (DIPOL), con el fin de consolidar una política integral de acceso a la información histórica del Estado.

Fuente: presidencia.gov.co

Otras noticias de actualidad jurídica: Radican proyecto de ley para reglamentar el contrato y jornal agropecuario

Radican proyecto de ley para reglamentar el contrato y jornal agropecuario

El Gobierno nacional radicó ante el Congreso de la República el proyecto de ley 504 de 2025, que busca reglamentar el contrato y el jornal agropecuario con el objetivo de reducir la informalidad laboral en el campo, que actualmente alcanza el 84 %.

La iniciativa fue presentada por los ministros de Trabajo, Antonio Sanguino, y de Agricultura y Desarrollo Rural, Martha Viviana Carvajalino, y responde a lo dispuesto en la Ley 2466 de 2025. El proyecto crea una modalidad contractual para personas que laboran en actividades agropecuarias de producción y transformación primaria, con garantías laborales y condiciones especiales de asegurabilidad.

El ministro Sanguino señaló que la propuesta hace parte de la reforma laboral del Gobierno y busca saldar una deuda histórica con los trabajadores rurales, promoviendo el trabajo digno y la formalización laboral. Entre sus disposiciones se establece que el jornal agropecuario no podrá ser inferior al salario mínimo diario legal vigente, más un factor prestacional de al menos el 30 %, así como el pago de horas extras conforme a la ley.

El proyecto también prohíbe la intermediación laboral en el sector rural y exige que el contrato conste por escrito, especificando remuneración, periodicidad y condiciones del trabajo. Por su parte, la ministra Carvajalino destacó que la iniciativa reconoce el papel fundamental de los trabajadores rurales en la seguridad alimentaria del país y fortalece su acceso a derechos laborales y seguridad social.

Fuente: mintrabajo.gov.co

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