Oct 31, 2025 | Actualidad Prime
El Senado de la República avanza en la discusión de un proyecto de ley que propone eliminar el cobro por reconexión de los servicios públicos domiciliarios, con el propósito de aliviar la carga económica de los hogares más vulnerables del país, especialmente aquellos pertenecientes a los estratos 1, 2 y 3.
La iniciativa plantea que las empresas de servicios públicos no podrán exigir tarifas adicionales por reinstalar el servicio una vez el usuario haya normalizado sus pagos, medida que busca corregir una práctica considerada inequitativa y que afecta el acceso a derechos básicos.
De acuerdo con los impulsores del proyecto, la propuesta constituye un paso hacia la equidad social y la protección de los derechos de los usuarios, bajo la premisa de que el acceso a servicios esenciales no debe ser tratado como un privilegio, sino como una garantía fundamental.
Tras su aprobación en primer debate, la iniciativa continuará su trámite en la plenaria del Senado. En caso de obtener el respaldo de la corporación, pasará a la Cámara de Representantes para los dos debates restantes antes de convertirse en ley.
Fuente: senado.gov.co
Oct 30, 2025 | Actualidad Prime
El Congreso de la República avanza en la discusión del Proyecto de Ley No. 048 de 2025, una iniciativa que busca crear un marco de protección integral para las personas desplazadas por factores ambientales en Colombia. La propuesta surge como respuesta a la sentencia T-123 de 2024 de la Corte Constitucional, que reconoció la existencia del desplazamiento interno forzado por causas ambientales y advirtió vacíos normativos en la atención de esta población.
El proyecto, impulsado por los representantes Cristian Avendaño y Andrés Cancimance, propone reconocer a las víctimas del desplazamiento ambiental como sujetos de especial protección constitucional, equiparando su atención a la que reciben actualmente las víctimas del conflicto armado.
La iniciativa incluye medidas para garantizar derechos fundamentales como el acceso a vivienda digna, servicios básicos, salud y empleo. También contempla acciones preventivas, entre ellas, la implementación de sistemas de alerta temprana, programas de adaptación al cambio climático y estrategias de reubicación segura.
Uno de los puntos más relevantes del proyecto es la creación de un registro nacional que permita identificar y caracterizar a las personas desplazadas por factores ambientales. Además, se evaluará la posibilidad de canalizar los recursos a través de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, con el fin de atender a las más de 22 mil personas afectadas por desastres naturales en el país.
Con esta iniciativa, el Congreso busca responder a una problemática creciente que, según cifras internacionales, afecta a millones de personas en la región y representa un nuevo desafío humanitario y ambiental para Colombia.
Fuente: camara.gov.co
Otras noticias de actualidad jurídica: Corte Constitucional ordena garantizar accesibilidad a mujer con discapacidad y fija pautas para conjuntos residenciales
Oct 29, 2025 | Actualidad Prime
En la sentencia T-386 de 2025, la Corte Constitucional reiteró que la inclusión de las personas con discapacidad no puede depender de la buena voluntad de terceros, sino que constituye un deber jurídico y social. El pronunciamiento se dio al resolver la tutela de Patricia, una mujer con movilidad reducida que debía subir 98 escalones para llegar a su vivienda, ubicada en un conjunto residencial que se negó a realizar las adecuaciones necesarias para garantizar su accesibilidad.
La accionante había solicitado la construcción de una rampa o una puerta peatonal trasera que le permitiera desplazarse sin riesgo, pero la administración del conjunto argumentó falta de recursos y descartó la viabilidad de las obras. Aunque se comprometió a someter el tema a consideración de la asamblea de copropietarios, la solicitud nunca fue discutida, lo que llevó a Patricia a acudir a la acción de tutela.
La Sala Séptima de Revisión, integrada por la magistrada Paola Andrea Meneses Mosquera (presidenta), el magistrado (e) Juan Jacobo Calderón Villegas y el magistrado Héctor Alfonso Carvajal Londoño, amparó los derechos fundamentales a la igualdad, la libertad de locomoción y la vivienda digna de la accionante.
En su decisión, la Corte precisó cuatro subreglas que deben guiar la actuación de los conjuntos residenciales y edificios frente a las personas en situación de discapacidad (PSD):
- Deber de remover barreras físicas o arquitectónicas que limiten la accesibilidad de las PSD.
- Definición participativa de soluciones, a cargo de las copropiedades, siempre que sean material y jurídicamente posibles, y se discutan de manera seria y razonable.
- Implementación en tiempos razonables, bajo control del juez constitucional si hay negligencia.
- Prohibición de omitir medidas de inclusión, pues la negativa o inactividad de las mayorías no es una opción válida en un Estado Social de Derecho.
El alto tribunal subrayó que las decisiones de las asambleas de copropietarios no pueden desconocer los derechos fundamentales de las minorías, y que la protección de las personas con discapacidad tiene carácter contramayoritario, es decir, prevalece incluso frente a la voluntad de la mayoría.
En el caso concreto, la Corte ordenó a la urbanización donde reside Patricia continuar el proceso participativo para definir una solución integral de accesibilidad e implementar las medidas elegidas en un plazo máximo de un año. Además, instruyó al Distrito a acompañar técnicamente al conjunto en la evaluación y posible construcción del acceso peatonal posterior.
Fuente: corteconstitucional.gov.co
Otras noticias de actualidad jurídica: Corte Constitucional ordena al Ejército Nacional incluir el marcador de género “no binario” en su sistema de información
Oct 28, 2025 | Actualidad Prime
La Corte Constitucional, mediante la sentencia T-401 de 2025, le ordenó al Ejército Nacional realizar los ajustes técnicos y administrativos necesarios para incorporar el marcador de “sexo” o género “no binario” en sus sistemas de información, con el fin de reflejar la identidad de género de una persona que interpuso acción de tutela luego de que la entidad negara su reconocimiento durante el trámite de definición de la situación militar.
La Corte concluyó que la negativa del Ejército vulneró los derechos fundamentales a la igualdad, al libre desarrollo de la personalidad y a la identidad de género de la persona accionante, al basarse en un sistema informático binario que no contempla identidades diversas.
El tribunal recordó que el derecho a la identidad de género comprende la libertad de vivir conforme a la autopercepción personal, la expresión del género y la prohibición de discriminación por esta causa. Asimismo, implica la obligación estatal de garantizar procedimientos adecuados para modificar el marcador de género en los registros oficiales y abstenerse de imponer requisitos desproporcionados.
En su análisis, la Corte reiteró la línea jurisprudencial establecida en las sentencias T-033 de 2022 y T-527 de 2024, que reconocieron la identidad de género “no binaria” dentro del sistema jurídico colombiano y ordenaron a la Registraduría Nacional adecuar sus plataformas tecnológicas para permitir la expedición de cédulas con dicho marcador. En este caso, pese a que la persona ya contaba con documentos oficiales que reflejaban su identidad no binaria, el Ejército desconoció esa condición al mantener un modelo binario en su sistema de reclutamiento.
La Sala advirtió que conservar estructuras institucionales que excluyen identidades diversas reproduce una visión limitada del género y resulta incompatible con el principio de pluralismo. Por ello, la adecuación del sistema del Ejército debe entenderse como una obligación constitucional, orientada a garantizar el reconocimiento y la protección de los derechos fundamentales.
En consecuencia, la Corte ordenó a la entidad que, en un plazo de un mes, actualice sus sistemas para permitir el registro del marcador “no binario” y, en un término máximo de dos meses, implemente un plan de capacitación para el personal encargado de su administración, con el propósito de asegurar el respeto por los derechos de las personas con identidades de género diversas.
Finalmente, el alto tribunal aclaró que esta decisión no implica la inclusión del marcador no binario en la libreta militar, ni determina si las personas no binarias están obligadas a definir su situación militar. La Corte precisó que es el Congreso de la República quien debe, mediante un debate amplio y participativo, definir los criterios y condiciones aplicables en los casos en que el sexo sea un factor determinante.
Fuente: corteconstitucional.gov.co
Otras noticias de actualidad jurídica: Corte Constitucional ordena a la Fiscalía investigar con enfoque de género el asesinato de una joven y traslada el caso a una unidad especializada en feminicidios
Oct 27, 2025 | Actualidad Prime
Mediante la sentencia T-391 de 2025, la Corte Constitucional ordenó el traslado de una investigación penal relacionada con el asesinato de una joven, identificada como Camila, a una unidad de la Fiscalía especializada en delitos contra la mujer o feminicidios, al considerar que la entidad no aplicó los estándares de debida diligencia ni la perspectiva de género en el desarrollo del proceso.
Camila fue asesinada en 2022, y el informe forense determinó que la causa de su muerte fueron maniobras asfícticas por estrangulamiento, con indicios de violencia basada en género. La víctima era madre de un niño que quedó al cuidado de su expareja, Mauricio, quien tenía antecedentes por agresiones en su contra y posteriormente sacó al menor del país.
Ante esta situación, la madre de Camila, Francisca, interpuso una acción de tutela solicitando que la muerte de su hija fuera investigada como un feminicidio, que el caso fuera remitido a una unidad especializada y que se garantizara la protección de los derechos de su nieto. Sin embargo, la Fiscalía no aplicó el enfoque de género ni trasladó la investigación, y el ICBF se abstuvo de adelantar un proceso de verificación de derechos del menor, alegando desconocer su paradero.
Al estudiar el caso, la Corte recordó que los hechos de violencia letal contra las mujeres exigen ser investigados con sensibilidad, formación especializada y análisis contextual, considerando factores como las relaciones de poder y los actos de discriminación que suelen anteceder a estas violencias. En consecuencia, concluyó que la Fiscalía vulneró los derechos de las víctimas al no asignar el caso a un grupo especializado y al omitir el enfoque de género exigido por los estándares internacionales.
Asimismo, el alto tribunal encontró que el ICBF desconoció el interés superior del niño, al negarse injustificadamente a intervenir para verificar su situación, pese a tener herramientas para hacerlo.
Por lo anterior, la Corte ordenó a la Fiscalía General de la Nación trasladar la investigación a una unidad especializada en feminicidios y establecer espacios periódicos de seguimiento para garantizar su avance. Además, dispuso que el ICBF adelante una diligencia de verificación de derechos respecto del niño, quien regresó al país en diciembre de 2024.
Fuente: corteconstitucional.gov.co
Otras noticias de actualidad jurídica: Cámara de Representantes aprueba en primer debate proyecto que restablece la mesada 14 para los docentes oficiales
