Mar 27, 2025 | Actualidad Prime
La Comisión Primera de la Cámara de Representantes aprobó en primer debate el Proyecto de Ley 432 de 2024, bautizado como «Ley Arles Arbeláez Morales», que busca reformar el Código Penal para cambiar radicalmente la forma en que se juzgan los delitos de homicidio y lesiones personales causados por conductores en estado de embriaguez.
La ponente del proyecto, Piedad Correal Rubiano, representante del partido liberal por Quindío, explicó que la iniciativa surge tras evidenciar una preocupante tendencia judicial que ha tratado como delitos culposos, lo que en realidad son actos de absoluta irresponsabilidad. «Hoy mandamos un mensaje claro: manejar ebrio no es un accidente, es una decisión criminal», mencionó.
Según cifras de la Agencia Nacional de Seguridad Vial presentadas en el proyecto, entre 2022 y 2023 se registraron 2.539 accidentes de tránsito originados por consumo de alcohol, resultando en 14 muertes y más de 1.528 personas con lesiones graves. El caso emblemático de Arles Arbeláez Morales, quien perdió la vida a manos de un conductor ebrio, inspiró esta iniciativa legislativa.
El proyecto establece que cuando un conductor cause lesiones o muerte estando en estado de embriaguez, será procesado por dolo eventual y no por culpa, lo que implica penas significativamente más severas. La modificación busca terminar con la «romantización» de la conducción bajo los efectos del alcohol y enviar un mensaje contundente de responsabilidad social.
La propuesta legislativa fue respaldada por las mayorías en su primer debate, demostrando un consenso político sobre la necesidad de endurecer las sanciones contra la conducción temeraria.
Fuente: camara.gov.co
Otras noticias de actualidad jurídica: Exgobernador de Chocó condenado a 22 años de prisión por corrupción en contratos de salud
Mar 26, 2025 | Actualidad Prime
La Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia condenó por corrupción a Efrén Palacios Serna, exgobernador de Chocó, a 22 años de prisión por los delitos de peculado por apropiación, contrato sin cumplimiento de requisitos legales y falsedad ideológica en documento público. La sentencia también incluye una multa de 1.270 millones de pesos y una inhabilidad para ejercer funciones públicas por el mismo período. Aunque se le negó la suspensión condicional de la pena, se le concedió la prisión domiciliaria.
El caso está relacionado con contratos firmados en 2013 por 2.200 millones de pesos para la prestación de servicios de salud y el suministro de medicamentos a población vulnerable. Las investigaciones revelaron que estos contratos fueron utilizados para desviar recursos públicos en lugar de cumplir con su propósito original.
El alto tribunal consideró que las acciones del exgobernador representaron una grave traición a la confianza de la ciudadanía, afectando de manera significativa a los sectores más necesitados del departamento. Además, resaltó que el desvío de estos recursos comprometió aún más la precaria situación financiera de Chocó, dificultando el acceso a servicios básicos esenciales para la población.
Con esta decisión, la Corte Suprema busca enviar un mensaje contundente sobre las consecuencias de la corrupción en la administración pública, especialmente en sectores críticos como la salud, donde el mal manejo de los fondos puede poner en riesgo la vida de los ciudadanos más vulnerables.
Fuente: cortesuprema.gov.co
Otras noticias de actualidad jurídica: Consejo de Estado anula personería jurídica del movimiento político Soy Porque Somos
Mar 25, 2025 | Actualidad Prime
En una reciente decisión, la Sección Quinta del Consejo de Estado declaró la nulidad de la Resolución 16439 del 13 de diciembre de 2023, mediante la cual el Consejo Nacional Electoral (CNE) otorgó personería jurídica al movimiento político Soy Porque Somos. Asimismo, anuló la Resolución 00069 del 10 de enero de 2024, que corregía el número de la primera decisión.
El alto tribunal determinó que la resolución del CNE vulneró los artículos 108 y 262 de la Constitución Política y adolecía de falsa motivación. En su argumentación, el Consejo de Estado destacó que el movimiento no participó en las elecciones al Congreso de la República del 13 de marzo de 2022, ya que no inscribió candidatos, lo que le impedía coaligarse con otras agrupaciones con personería jurídica.
Además, el fallo precisó que la trayectoria política de la vicepresidenta Francia Márquez Mina y de la representante a la Cámara Dorina Hernández Palomino no constituía un fundamento legal ni constitucional para el reconocimiento del movimiento, ya que ambas participaron en los comicios de 2022 con el aval del partido Polo Democrático Alternativo.
El Consejo de Estado sustentó su decisión en dos puntos clave:
- Determinó que el movimiento no cumplía con las reglas excepcionales establecidas por la jurisprudencia de la Corte Constitucional para la obtención de personería jurídica.
- Recordó que la implementación del Acuerdo de Paz de 2016, citado en la resolución demandada, no tiene valor normativo autónomo, sino que requiere desarrollo legislativo para su aplicación.
Fuente: consejodeestado.gov.co
Otras noticias de actualidad jurídica: Corte Constitucional ordena retiro inmediato de miembro de la FAC por vulneración de derechos fundamentales
Mar 24, 2025 | Actualidad Prime
La Corte Constitucional, a través de la sentencia T-028 de 2025, amparó los derechos fundamentales de Daniela y su hijo, ordenando a la Fuerza Aérea Colombiana (FAC) permitir su retiro inmediato del servicio activo. La decisión se produjo luego de que la institución pospusiera su retiro voluntario hasta el 1 de diciembre de 2026 sin considerar su estado de salud ni su situación personal.
La Sala Quinta de Revisión del alto tribunal concluyó que la decisión de la FAC vulneró los derechos al libre desarrollo de la personalidad, a la libertad de escoger profesión u oficio, al debido proceso administrativo, a la vida en condiciones dignas y a la salud, además de afectar el interés superior del hijo de la accionante. Según la Corte, la postergación del retiro solo otorgaba beneficios mínimos a la institución mientras generaba un impacto desproporcionado en la vida de la demandante.
El fallo enfatiza que el análisis de solicitudes de retiro voluntario debe ir más allá del cumplimiento formal de requisitos normativos, exigiendo una evaluación detallada de la situación concreta del funcionario y el equilibrio entre los intereses institucionales y los derechos del peticionario.
La Corte recordó que las Fuerzas Militares solo pueden negar o aplazar un retiro voluntario en dos escenarios: cuando existan razones de seguridad nacional o por circunstancias especiales del servicio que justifiquen la permanencia del funcionario. En ambos casos, la entidad debe demostrar una relación clara entre las funciones del servidor y la respuesta institucional a la amenaza del orden público o a las necesidades del servicio, además de probar que la medida es idónea, necesaria y proporcional.
En el caso concreto, la Sala concluyó que la FAC fundamentó su decisión en una norma inaplicable para la accionante y no demostró una relación directa entre la necesidad del servicio y las funciones de la demandante. Tampoco justificó cómo la postergación de su retiro era una medida adecuada frente a su estado de salud, su rol de cuidadora y el impacto en su vida personal y laboral.
Por estas razones, el alto tribunal revocó las decisiones de instancia, tuteló los derechos de la accionante y su hijo y ordenó a la FAC autorizar su retiro inmediato, notificándole la decisión sin más dilaciones.
Fuente: corteconstitucional.gov.co
Otras noticias de actualidad jurídica: Senado aprueba en segundo debate proyecto de ley para simplificar trámites empresariales
Mar 21, 2025 | Actualidad Prime
La Plenaria del Senado dio un paso importante en la simplificación de procesos administrativos al aprobar en segundo debate un proyecto de ley que busca reducir la burocracia y mejorar las condiciones para las pequeñas y medianas empresas (pymes). La iniciativa, impulsada por el partido Centro Democrático, propone medidas que faciliten la formalización, reduzcan costos y agilicen trámites.
Entre los principales cambios, la propuesta establece que ninguna entidad estatal podrá solicitar más de una vez documentos previamente entregados, con el fin de evitar la duplicidad de trámites y reducir la carga administrativa sobre los empresarios. Además, se contempla que las empresas en proceso de disolución no deberán pagar tasas o tarifas que no hayan sido generadas antes del inicio de su cierre, lo que contribuiría a aliviar costos en esta etapa.
En el ámbito tributario, el proyecto obliga a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) a devolver los saldos a favor de los contribuyentes en un plazo máximo de dos meses, lo que permitiría mejorar el flujo de caja de las empresas y brindarles mayor liquidez para su operación.
Otra de las disposiciones incluidas busca que el registro y la matrícula mercantil activen automáticamente el proceso de registro de marca y sus complementarios, facilitando la protección legal de los negocios y fomentando la innovación en el sector empresarial.
Asimismo, la propuesta contempla la creación de un Registro Único de Proponentes simplificado, con el objetivo de permitir que más micro y pequeñas empresas accedan a los procesos de contratación con el Estado sin los altos costos y trámites que actualmente enfrentan.
El proyecto ha sido bien recibido por sectores que promueven la formalización empresarial, aunque algunos congresistas han señalado que es necesario complementar estas medidas con incentivos que hagan más atractivo el proceso para los emprendedores.
Tras su aprobación en el Senado, la iniciativa continuará su trámite en la Cámara de Representantes, donde deberá superar dos debates más antes de convertirse en ley.
Fuente: senado.gov.co
Otras noticias de actualidad jurídica: Avanza en el Congreso proyecto de ley que otorga licencia por luto ante la muerte de mascotas
