Nov 8, 2024 | Actualidad Prime
La Comisión Tercera del Senado de la República ha aprobado en primera instancia un proyecto de ley dirigido a impulsar políticas públicas en beneficio de los micronegocios en barrios y zonas rurales del país. Esta iniciativa, liderada por el senador liberal Mauricio Gómez Amín, busca promover y formalizar los comercios locales como tiendas y panaderías, claves en la economía popular y comunitaria de Colombia.
El proyecto no solo apunta a fortalecer los pequeños negocios en los barrios y veredas, sino que también contempla su integración en los planes nacionales de seguridad alimentaria, nutricional y de abastecimiento. Para ello, el Departamento Nacional de Planeación será responsable de incluir a estos micronegocios en las estrategias y planes tanto sectoriales como territoriales, reconociéndolos como actores estratégicos dentro de la economía local.
Tras esta primera aprobación en la Comisión, la propuesta se encamina a un segundo debate en el Senado, en un proceso que busca consolidar el papel de los micronegocios en el desarrollo económico y social del país.
Fuente: senado.gov.co
Otras noticias de actualidad jurídica: Proyecto de ley busca proteger a personas desplazadas por factores ambientales en respuesta a crisis climática
Nov 7, 2024 | Actualidad Prime
En la Cámara de Representantes de Colombia, el congresista Andrés Cancimance, del partido Colombia Humana, ha impulsado un proyecto de ley orientado a salvaguardar los derechos de personas desplazadas debido a factores ambientales. Esta propuesta responde a la necesidad urgente de adaptar la legislación del país a las consecuencias del cambio climático, que ha generado desplazamientos forzados, especialmente en zonas afectadas por desastres ambientales como la Amazonía.
La disminución alarmante del caudal del río Amazonas ha dejado a comunidades locales en situaciones de extrema vulnerabilidad, provocando escasez de alimentos, muerte de especies y dificultades de transporte. Ante esta crisis, muchas personas se han visto obligadas a abandonar sus territorios en busca de condiciones de vida más seguras, pues el acceso a recursos esenciales y oportunidades de trabajo se ha vuelto prácticamente inexistente en estas áreas afectadas.
El proyecto responde a fallos recientes de la Corte Constitucional, que han puesto de relieve la falta de protección constitucional para los desplazados por desastres y el cambio climático. Estas sentencias instan al Congreso a desarrollar regulaciones específicas que aborden esta problemática y garanticen derechos básicos como el acceso a una vivienda digna, agua potable, alimentos, servicios médicos y seguridad para quienes enfrentan desplazamiento ambiental.
De ser aprobada, esta ley obligaría al Estado colombiano a implementar medidas de protección y asistencia, incluyendo el retorno voluntario o el reasentamiento sostenible de las personas afectadas. Con un enfoque en los derechos humanos y el bienestar de las comunidades, este proyecto podría representar un cambio crucial en la respuesta de Colombia ante la creciente crisis climática. Se espera que, dada su importancia, el Congreso le otorgue prioridad en el proceso de debate.
Fuente: camara.gov.co
Otras noticias de actualidad jurídica: Corte Constitucional reafirma protección de derechos de soldado profesional retirado por razones de salud
Nov 6, 2024 | Actualidad Prime
La Sala Segunda de Revisión de la Corte Constitucional amparó los derechos fundamentales de un soldado profesional retirado del Ejército Nacional por razones de salud. La sentencia T-373 de 2023 estableció que se vulneraron los derechos al debido proceso, acceso a la justicia, igualdad, mínimo vital y seguridad social del exsoldado, luego de que las autoridades militares lo desvincularan tras diagnosticarle una patología psiquiátrica y calificar su pérdida de capacidad laboral en un 18.55%.
El retiro del soldado se fundamentó en el riesgo potencial para otros miembros de la institución y para el cumplimiento de las funciones misionales. Sin embargo, el exmilitar inició una acción judicial solicitando la nulidad de esta decisión y su reintegro al Ejército, logrando una decisión favorable en primera instancia, que fue luego revocada en segunda. En respuesta, el afectado interpuso una tutela que fue denegada por los jueces en ambas instancias, decisión que fue finalmente revisada por la Corte Constitucional.
La Corte precisó que, de acuerdo con el artículo 10 del Decreto 1793 de 2000, el retiro de un soldado profesional no debe ser automático ni arbitrario. Señaló que la desvinculación solo es procedente cuando la incapacidad para desempeñar cualquier actividad dentro de la institución sea evidente y no exista posibilidad de reubicación en labores administrativas, técnicas o de instrucción. Además, para justificar la desvinculación por salud, se requiere una pérdida de capacidad laboral igual o superior al 50%, en cuyo caso procedería la pensión por invalidez.
En el caso concreto, la Corte subrayó que la calificación del exsoldado (18.55%) amerita un análisis de su reubicación en lugar de su desvinculación, garantizando así el derecho a la estabilidad laboral reforzada de las personas con discapacidad. La institución debía analizar si era posible asignarle una labor acorde a sus habilidades y su estado de salud.
La Sala de Revisión ordenó al tribunal accionado emitir una nueva sentencia que evalúe las pruebas y aplique el precedente constitucional, considerando especialmente la reubicación del soldado dentro del Ejército. Esta sentencia destaca el deber de las instituciones castrenses de adoptar medidas que reconozcan y protejan a sus miembros con discapacidades, quienes están en situaciones de vulnerabilidad por las condiciones de su servicio.
Fuente: corteconstitucional.gov.co
Otras noticias de actualidad jurídica: Consejo de Estado ordena nuevas medidas para proteger el humedal La Conejera en Bogotá
Nov 5, 2024 | Actualidad Prime
Mediante decisión en segunda instancia, el Consejo de Estado emitió una sentencia que establece medidas estrictas para la protección del humedal La Conejera, localizado en la localidad de Suba, Bogotá. La decisión responde a un recurso de apelación interpuesto por el Distrito Capital y otros actores institucionales, así como por una constructora y un curador urbano, en contra de la sentencia emitida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca en 2019.
La sentencia del Consejo de Estado obliga a la Secretaría Distrital de Planeación, la Secretaría Distrital de Ambiente y la Alcaldía Local de Suba a realizar la delimitación clara de las zonas de protección del humedal, con el fin de evitar la expedición de licencias de construcción que se superpongan con áreas ecológicamente protegidas. Además, las autoridades deberán implementar programas de educación y vigilancia que promuevan el compromiso de la comunidad y de otras entidades en la preservación de este importante ecosistema urbano.
El caso se originó tras la emisión de una licencia de construcción que afectaba un área protegida del humedal, violando el derecho colectivo a un ambiente sano y al uso adecuado del espacio público. El Tribunal de Cundinamarca, en su fallo de primera instancia, había declarado la protección de estos derechos, y ahora el Consejo de Estado ratifica dicha decisión, con algunas modificaciones.
La alta Corte reconoció que la administración distrital ya había implementado ciertas medidas de protección, como el Plan de Manejo Ambiental del humedal La Conejera y una regulación específica para el uso del suelo en las zonas aledañas al canal Afidro, integradas en el sistema hídrico de la ciudad. Sin embargo, el Consejo de Estado también encontró pruebas suficientes de acciones y omisiones por parte de las autoridades, las cuales propiciaron daños ambientales en el humedal debido a la contaminación sonora y a la afectación del hábitat de especies de aves y otras especies dependientes del ecosistema.
La sentencia subraya que el humedal está catalogado como parque ecológico distrital de humedales dentro del Plan de Ordenamiento Territorial (POT) de Bogotá, por lo que cualquier actividad en esa área debe cumplir con estrictas normativas de conservación. La Sala también reiteró la responsabilidad de la Secretaría de Planeación en velar por que las licencias de construcción se ajusten a las disposiciones de protección ambiental.
Finalmente, el Consejo de Estado destacó que la protección del humedal La Conejera responde a normativas internacionales, nacionales y distritales, enfatizando su importancia como fuente de equilibrio ecológico, hábitat de especies biológicas diversas, y vital componente del sistema de drenaje pluvial de la ciudad.
Fuente: consejodeestado.gov.co
Otras noticias de actualidad jurídica: Corte Constitucional refuerza protección al derecho a la salud de personas adultas mayores
Nov 4, 2024 | Actualidad Prime
En una reciente decisión, la Corte Constitucional de Colombia, mediante la sentencia T-377 de 2024, protegió los derechos a la salud de tres personas adultas mayores que, mediante acciones de tutela, denunciaron la falta de atención oportuna y completa de parte de sus Entidades Promotoras de Salud (EPS). La Sala Tercera de Revisión de la Corte recordó la importancia de brindar un acceso integral y ágil a los servicios de salud, en particular para aquellos con enfermedades graves o necesidades especiales.
Uno de los casos más relevantes involucró a una mujer con diagnóstico de cáncer de colon, quien señaló retrasos en la prestación de servicios y falta de acceso a medicamentos esenciales. La Corte hizo un llamado especial a las EPS en estos casos, recordando la Ley 2360 de 2024, que establece una protección reforzada para personas con diagnóstico o sospecha de cáncer. Según la sentencia, estos pacientes requieren una atención continua e integral sin demoras injustificadas, y cualquier interrupción en su tratamiento puede ser particularmente perjudicial. En este caso específico, la Corte ordenó a la EPS involucrada que garantice la entrega oportuna de los medicamentos y pañales formulados, así como una revisión exhaustiva de los cambios no justificados en la prescripción de la paciente.
Los otros dos casos abordados en la sentencia se referían a adultos mayores que, por dificultades de acceso a medicamentos en su lugar de residencia, debían trasladarse a otros municipios para recoger los fármacos recetados. La Corte consideró que esta situación genera barreras administrativas innecesarias, especialmente para personas con limitaciones económicas o de movilidad, y subrayó que las EPS deben tomar medidas para asegurar la entrega de los medicamentos en el municipio de residencia de los pacientes. Como resultado, la Sala Tercera ordenó a las EPS garantizar la entrega continua y oportuna de los medicamentos en el lugar de residencia de los dos ciudadanos afectados.
La decisión de la Corte marca un precedente importante, recordando a las EPS su obligación de respetar los principios de accesibilidad, integralidad y oportunidad en la prestación de servicios de salud, especialmente hacia personas adultas mayores o con enfermedades graves.
Fuente: corteconstitucional.gov.co
Otras noticias de actualidad jurídica: Avanza en el Congreso proyecto de ley para uso obligatorio de Sistemas de Retención Infantil (SRI)
