Dic 2, 2025 | Actualidad Prime
La Corte Constitucional, mediante la sentencia T-438 de 2025, fijó nuevos parámetros para la garantía del derecho a morir dignamente en situaciones en las que la persona, debido a una condición de salud o discapacidad, no puede manifestar su consentimiento de manera directa. La decisión surge tras el estudio de una tutela en la que la madre de un paciente en coma solicitó el acceso al procedimiento, el cual había sido negado por falta de un documento de voluntad anticipada y de elementos suficientes para evaluar su estado clínico.
El tribunal advirtió que persisten barreras estructurales para el ejercicio de este derecho cuando la persona no puede expresar su voluntad. En este contexto, la Corte reemplazó el tradicional concepto de “consentimiento sustituto” por el de “apoyo interpretativo de la voluntad”, una figura que obliga a reconstruir las preferencias del paciente con base en manifestaciones previas verificables, tales como escritos, conversaciones, documentos o cualquier otro indicio que permita identificar su deseo frente al final de la vida. Este enfoque, según la Corporación, se ajusta mejor a los estándares constitucionales e internacionales sobre capacidad jurídica y autonomía.
Para orientar la labor de los comités interdisciplinarios que estudian este tipo de solicitudes, la Corte estableció varios criterios: la evaluación de la existencia de redes de apoyo capaces de realizar la mejor interpretación posible de la voluntad del paciente; la verificación de que se agotaron todos los medios para conocer sus preferencias a través de cualquier formato comunicativo; y la aplicación del estándar previsto en el artículo 4, numeral 3, de la Ley 1996 de 2019, que regula los apoyos para el ejercicio de la capacidad jurídica.
En el caso analizado, la Corte concluyó que la EPS y la IPS vulneraron los derechos fundamentales del paciente al no indagar sobre su situación médica ni sobre posibles manifestaciones previas relacionadas con su decisión frente a la muerte digna. Aunque el proceso terminó en un daño consumado debido al fallecimiento del accionante, el tribunal impartió órdenes estructurales para evitar que situaciones similares se repitan.
Entre ellas, instruyó al Gobierno Nacional a fortalecer la difusión y promoción de información sobre el derecho a morir dignamente, la capacidad jurídica de las personas con discapacidad y la correcta aplicación del estándar de mejor interpretación posible de la voluntad, con el fin de garantizar procedimientos más rigurosos, humanizados y respetuosos de la autonomía personal.
Fuente: corteconstitucional.gov.co
Otras noticias de actualidad jurídica: Corte Constitucional reafirma que ninguna persona trans puede ser excluida de su familia por ejercer su identidad de género
Dic 1, 2025 | Actualidad Prime
La Corte Constitucional, a través de la sentencia T-395 de 2025, emitió un pronunciamiento de alcance estructural sobre la protección de los derechos de las personas trans dentro del entorno familiar. En su decisión, la Sala Cuarta de Revisión concluyó que ninguna persona puede ser expulsada del núcleo familiar ni sometida a tratos discriminatorios por ejercer su derecho a la identidad de género. El fallo advierte que la familia debe ser un espacio de acogida y respeto, especialmente en contextos marcados por tensiones o rupturas internas.
El caso analizado involucró a Fabiola, una mujer transgénero que presentó tutela contra una comisaría de familia por no aplicar enfoque de género en los procesos relacionados con episodios de violencia familiar que enfrentaba por parte de su madre y hermanos. La Corte determinó que la omisión de este enfoque vulneró sus derechos fundamentales a la dignidad humana, a la igualdad, a la identidad de género, al debido proceso y a la vivienda digna.
En la sentencia, el tribunal reiteró que el enfoque de género, en casos que involucren a personas trans, exige la adopción de garantías reforzadas, como la necesidad de desvirtuar presunciones discriminatorias y reconocer interseccionalidades particulares. La falta de esta perspectiva, indicó la Corte, produce afectaciones directas a la igualdad y al reconocimiento de la dignidad humana.
Como subregla, la corporación estableció que cuando una autoridad familiar no aplica correctamente los enfoques diferenciales en asuntos que involucren sujetos de especial protección constitucional (como integrantes de la comunidad LGBTIQ+, mujeres, adultos mayores o menores de edad), se configura una vulneración de los derechos fundamentales de quien resulte afectado por dichas decisiones.
El fallo también pone énfasis en el valor de la familia como núcleo esencial de la sociedad y primer espacio de protección. Subraya que la posibilidad de “ser, pertenecer y sanar” dentro del hogar depende del reconocimiento de la dignidad humana de todos sus integrantes. En el caso de las personas trans, la Corte recordó que la transición de género suele darse en entornos sociales adversos, marcados por discriminación y violencia, lo que hace aún más imperativa la obligación de brindar apoyo y evitar cualquier forma de exclusión.
Aunque reconoce la complejidad emocional que puede rodear situaciones familiares de esta naturaleza, la Sala invitó a los familiares de Fabiola a promover dinámicas de diálogo, reconocimiento mutuo y respeto, aclarando que ni el afecto ni el perdón pueden imponerse, pero sí puede cultivarse una reflexión orientada a superar estereotipos que históricamente han marginado a la población trans.
La Corte concluyó que el caso debe ser entendido no solo como un asunto jurídico, sino como una oportunidad para reafirmar la importancia del respeto por la diferencia y la construcción de una convivencia pacífica e incluyente. Recordó, además, que Colombia, como Estado social de derecho, tiene la obligación de garantizar que todas las personas puedan vivir con libertad, igualdad y respeto, sin distinción alguna.
Fuente: corteconstitucional.gov.co
Otras noticias de actualidad jurídica: Cámara de Representantes avanza en proyecto que crea Sello Ambiental para proteger páramos y frenar la deforestación
Nov 28, 2025 | Actualidad Prime
La Comisión Quinta de la Cámara de Representantes dio un paso decisivo en el trámite del proyecto que busca fortalecer la protección ambiental, con especial énfasis en los páramos afectados por actividades ganaderas y cultivos de pancoger. La iniciativa, promovida por los congresistas Julia Miranda y Gabriel Parrado, propone la creación del Sello Ambiental para Zonas Protegidas de la Deforestación, un mecanismo que pretende articular la conservación de ecosistemas estratégicos con incentivos económicos para el sector ganadero.
El sello permitirá certificar que los procesos de crianza, levante y engorde del ganado se desarrollan fuera de áreas que antes estuvieron cubiertas por bosques, páramos u otras zonas ambientalmente protegidas. Esta distinción facilitaría el acceso a mercados nacionales e internacionales que valoran prácticas de producción sostenibles, lo que se traduce en mejores precios y mayores oportunidades de comercialización para los productores bovinos.
El proyecto también contempla la delimitación de fronteras agrícolas y ganaderas, con el fin de evitar la expansión de estas actividades sobre territorios que requieren altos niveles de protección ambiental. La medida busca frenar la ocupación indebida de zonas sensibles en la región Andina, donde el avance de la ganadería y la agricultura ha generado presión sobre ecosistemas de especial importancia ecológica.
Actualmente, el sector ganadero alcanza cifras significativas en materia de exportaciones: en lo que va del año, Colombia ha enviado al exterior más de 238.000 bovinos en pie, con ingresos superiores a 180 millones de dólares, y cerca de 25.000 toneladas de carne, que han representado ventas por más de 106 millones de dólares. Según la proyección de los impulsores de la iniciativa, la adopción del Sello Ambiental Ganadero, reconocido internacionalmente como Sello Verde, podría duplicar estos resultados, debido a la creciente demanda global de productos certificados por su aporte a la protección del ecosistema.
La propuesta legislativa continúa su curso en el Congreso y se perfila como una herramienta clave para armonizar la actividad productiva con la conservación de los ecosistemas más frágiles del país.
Fuente: camara.gov.co
Otras noticias de actualidad jurídica: Cámara de Representantes avanza en proyecto que obligaría a candidatos a asistir a debates públicos
Nov 27, 2025 | Actualidad Prime
La Comisión Primera de la Cámara de Representantes aprobó en su primer debate un proyecto de ley que busca imponer la obligación a los candidatos y candidatas a la Presidencia, gobernaciones y alcaldías de participar en los debates públicos convocados por los medios de comunicación. La iniciativa resurge en plena coyuntura electoral, con el propósito de garantizar espacios programáticos en los que se expongan propuestas y soluciones para el país.
Aunque el proyecto obtuvo respaldo mayoritario, también generó discrepancias sobre las sanciones previstas para quienes no asistan a los debates. Algunos congresistas consideran que las medidas sugeridas, como restricciones para intervenir en medios o la reducción de la financiación pública, podrían resultar desproporcionadas.
Tras superar su primera discusión, la propuesta legislativa continuará su trámite en la Plenaria de la Cámara, donde deberá enfrentar su segundo debate antes de avanzar hacia las siguientes etapas del proceso legislativo.
Fuente: camara.gov.co
Otras noticias de actualidad jurídica: Corte Constitucional ordena capacitación en enfoque de género para comisarías del país en casos de violencia intrafamiliar
Nov 26, 2025 | Actualidad Prime
La Corte Constitucional, mediante la sentencia T-341 de 2025, ordenó al Ministerio de Justicia implementar un plan nacional de capacitación en enfoque de género e interseccionalidad dirigido a funcionarios y funcionarias de las comisarías de familia. La decisión surge tras analizar la tutela presentada por Sandra, mujer indígena, en nombre propio y de su hija Luisa, por presuntas omisiones en la protección de sus derechos durante un proceso de violencia intrafamiliar.
La Sala Novena de Revisión concluyó que la comisaría accionada vulneró los derechos fundamentales de ambas al no pronunciarse sobre las reiteradas denuncias de Sandra respecto a la restricción injustificada del contacto con su hija, pese a contar con custodia compartida. Aunque existían elementos que evidenciaban conductas obstaculizadoras por parte del padre de la niña, la entidad solo otorgó una medida de protección a favor de la madre y omitió evaluar el derecho de Luisa a mantener su vínculo familiar.
El alto tribunal también reprochó las demoras injustificadas en la actuación administrativa, que profundizaron el escenario de vulneración, y destacó que nuevas pruebas recogidas durante el trámite evidenciaron hechos de violencia contra la niña. En su análisis, la Sala reiteró la obligación de las autoridades de garantizar el interés superior de niños y niñas, así como de aplicar una perspectiva de género que evite reproducir patrones de discriminación, especialmente cuando se trata de mujeres indígenas, quienes enfrentan riesgos diferenciados.
Como parte de las órdenes, la Corte dispuso remitir el expediente original al juzgado que conoce la apelación interpuesta por Sandra para que valore los hechos recientes y adopte medidas ajustadas a la protección integral de la menor. Además, instruyó al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y a las autoridades del cabildo indígena a coordinar acciones que aseguren la integridad de Luisa y brinden acompañamiento psicosocial para restablecer el vínculo maternofilial.
La decisión también exhortó a las fiscalías a agilizar las investigaciones contra la expareja de Sandra por posibles delitos de ejercicio arbitrario de custodia y violencia intrafamiliar, y compulsó copias a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial para determinar si hubo faltas disciplinarias por parte de la comisaría.
Finalmente, la Corte envió copia del fallo al Ministerio de Justicia, que deberá diseñar y ejecutar una capacitación nacional sobre enfoque de género e interseccionalidad dirigida a todas las comisarías del país, con énfasis en la atención de mujeres indígenas víctimas de violencia.
Fuente: corteconstitucional.gov.co
Otras noticias de actualidad jurídica: Corte Constitucional ordena al Ejército adoptar protocolos rigurosos de verificación para el ingreso a sus filas
