Ago 21, 2024 | Actualidad Prime
La Sala Primera de Revisión de la Corte Constitucional, a través de la sentencia T-141 de 2024, protegió los derechos fundamentales a la igualdad y al trabajo en condiciones dignas de Karina, una mujer que denunció haber sido víctima de represalias laborales luego de presentar una queja de acoso en contra de su jefe en una universidad.
Karina, quien trabajó en la institución educativa durante más de 12 años y obtuvo evaluaciones de desempeño positivas, presentó en 2022 una denuncia por acoso laboral contra su jefe, motivada por el apoyo que brindó a una colega que también había denunciado al mismo superior por acoso laboral y violencia de género. Sin embargo, el comité de convivencia laboral de la universidad no dio trámite a su denuncia, y a finales de ese año, la universidad decidió no renovar su contrato de trabajo.
Ante lo que consideró una represalia, Karina interpuso una acción de tutela para proteger sus derechos. La Corte Constitucional, al analizar el caso, determinó que, aunque no fue posible establecer con certeza si Karina había sido víctima de acoso laboral, existían suficientes indicios para concluir que la no renovación de su contrato fue una retaliación por haber presentado la queja.
La Corte identificó que los hechos se alineaban con un patrón conocido como violencia de segundo orden o violencia de género aislante, que afecta a quienes apoyan a víctimas de violencia de género, buscando desincentivar el apoyo a estas.
En su sentencia, la Corte ordenó el reintegro de Karina a su puesto de trabajo y el pago de los salarios y prestaciones sociales que dejó de percibir. Además, instruyó al Ministerio del Trabajo para realizar un estudio con perspectiva de género sobre los hechos denunciados.
Asimismo, la Corte exigió a la universidad realizar un diagnóstico del ambiente laboral con un enfoque de género y adoptar un protocolo de atención oportuno y preventivo para tratar las denuncias de acoso laboral, con el objetivo de garantizar un entorno laboral seguro y equitativo para todos los trabajadores.
Esta decisión subraya la importancia de reconocer y combatir la violencia de segundo orden, protegiendo a quienes se atreven a apoyar a las víctimas de violencia de género, y asegurando que el ejercicio de derechos fundamentales como la igualdad y el trabajo en condiciones dignas no sea objeto de represalias.
Fuente: corteconstitucional.gov.co
Ago 20, 2024 | Actualidad Prime
Por medio de la sentencia T-290 de 2024, la Sala Quinta de Revisión de la Corte Constitucional protegió los derechos a la salud, a la vivienda digna y a la intimidad de los habitantes del sector de Los Cocos, en el barrio Bellavista de Santa Marta, tras resolver una acción de tutela interpuesta por los residentes. Los demandantes argumentaron que la empresa de acueducto y la administración distrital no solucionaron los graves problemas generados por el desbordamiento del sistema de aguas residuales en la zona.
Los afectados señalaron que el crecimiento desmedido de proyectos inmobiliarios, sin tener en cuenta la capacidad de las redes de acueducto y alcantarillado, ha saturado el sistema, provocando desbordamientos constantes de aguas residuales. Las nuevas edificaciones, con alta densidad poblacional, superaron la capacidad de las infraestructuras existentes, lo que ha resultado en condiciones insalubres y peligrosas para los residentes.
La Corte, al analizar el caso, subrayó la responsabilidad del Estado en garantizar la prestación eficiente de los servicios públicos, destacando que estos deben asegurar el bienestar general y mejorar la calidad de vida de la población. Asimismo, recordó que los seres humanos no están obligados a soportar olores nauseabundos ni los riesgos a la salud derivados de las fallas en el sistema de alcantarillado.
En su sentencia, la Corte determinó que es inadmisible que, durante más de cinco años, los vecinos del sector Los Cocos hayan vivido en un entorno insalubre debido a la incapacidad de las autoridades para solucionar el problema. Además, la decisión destacó la gravedad de que las aguas residuales sean vertidas irresponsablemente al mar, afectando tanto el ecosistema marino como la salud de quienes utilizan esas aguas.
En consecuencia, la Corte ordenó a la Alcaldía de Santa Marta y a la Superintendencia de Servicios Públicos supervisar las obras necesarias en la Estación de Bombeo de Aguas Residuales Norte para garantizar su adecuado funcionamiento. Asimismo, instruyó a la Secretaría de Salud de Santa Marta para realizar brigadas de salud en el sector afectado, con el fin de evaluar el impacto en la salud de los residentes y atender las enfermedades generadas por esta situación.
Finalmente, la Corte ordenó a la Secretaría de Planeación de Santa Marta revisar las licencias de urbanización y construcción otorgadas en el sector desde 2017, y reportar a la Superintendencia de Servicios Públicos o a la Fiscalía General cualquier irregularidad detectada en la expedición de certificaciones relacionadas con la disponibilidad de servicios públicos.
Fuente: corteconstitucional.gov.co
Otras noticias de actualidad jurídica: Corte Constitucional protege derechos de madre y anula custodia monoparental otorgada al padre
Ago 19, 2024 | Actualidad Prime
La Sala Cuarta de Revisión de la Corte Constitucional emitió la sentencia T-255 de 2024, en la cual protegió el derecho al debido proceso de una madre y el derecho de sus hijos a tener una familia y no ser separados de ella. Como resultado, la Corte dejó sin efecto la sentencia de un juzgado de Barranquilla que había otorgado la custodia monoparental de los niños al padre.
La controversia inició cuando un juzgado en Río de Janeiro, Brasil, donde residen la madre y sus hijos, decretó el divorcio de la pareja y concedió la custodia compartida a ambos padres. Sin embargo, un juzgado en Barranquilla, Colombia, posteriormente decidió otorgar la custodia exclusiva al padre, permitiendo a la madre visitar a sus hijos solo durante los meses de junio y diciembre. La madre impugnó esta decisión, argumentando que el juzgado no evaluó adecuadamente las pruebas y descartó su idoneidad para ejercer la custodia. Además, consideró que se ignoraron las normativas y el precedente en materia de custodia compartida, así como el principio del interés superior de los niños.
La Corte Constitucional determinó que el juzgado de Barranquilla había utilizado una metodología inadecuada al centrarse en comparar la idoneidad entre los padres en lugar de evaluar la viabilidad de un régimen de custodia compartida desde el inicio. Según la jurisprudencia, los jueces deben determinar si es posible establecer la custodia compartida como primera opción, dado que esta modalidad, en muchos casos, asegura un desarrollo pleno de los menores al mantener la participación activa de ambos padres en su crianza.
La Sala destacó que el otorgamiento de la custodia no debe tratarse como una competencia entre los intereses individuales de los padres, sino que debe priorizar el bienestar de los menores. Además, subrayó la importancia de evitar la estigmatización de la madre basada en estereotipos de género, especialmente en contextos de separación o divorcio, donde las mujeres a menudo asumen el rol principal en el cuidado de los hijos.
En conclusión, la Corte ordenó al juzgado accionado proferir una nueva decisión que considere la posibilidad de la custodia compartida y que evalúe de manera más exhaustiva el bienestar emocional de los niños y la madre. Esta sentencia reafirma el compromiso de la Corte Constitucional con la protección de los derechos de los menores y de los padres en procesos judiciales de custodia, asegurando que se adopten decisiones que prioricen el interés superior de los niños.
Fuente: corteconstitucional.gov.co
Otras noticias de actualidad jurídica: Audiencia Pública en el Congreso sobre la Protección de los Ecosistemas de Páramos
Ago 16, 2024 | Actualidad Prime
En una reciente Audiencia Pública organizada por la Comisión Accidental de Agua y Biodiversidad del Congreso de la República, se abordaron temas cruciales relacionados con la preservación y protección de los ecosistemas de páramos en Colombia. El evento, realizado en el Salón Luis Carlos Galán del Capitolio Nacional, congregó a representantes de la población civil, entidades gubernamentales, autoridades ambientales y congresistas, quienes discutieron los riesgos que enfrentan estos ecosistemas y las medidas necesarias para su conservación.
La comisión, liderada por su secretaria Juanita de Los Ángeles Ariza Guzmán, fundadora de la Red Nacional del Agua y la Biodiversidad, ha demostrado un fuerte compromiso en sensibilizar a las comunidades sobre la importancia del cuidado del agua y la biodiversidad en el territorio nacional. Durante la audiencia, los participantes destacaron la necesidad de fortalecer la legislación y la aplicación de políticas públicas que protejan estos vitales ecosistemas.
La senadora Aida Avella, presidenta de la comisión, enfatizó en la urgencia de proteger los páramos del país, resaltando la importancia de preservar la fauna y flora locales y hacer cumplir las normativas existentes para evitar la caza y la expansión agrícola en estas áreas. En una línea similar, la senadora Catalina Pérez subrayó la riqueza hídrica de Colombia y la necesidad de cuidar la madre tierra para garantizar el desarrollo sostenible.
Por su parte, el senador Carlos Guevara realizó un recuento de la Ley de Páramos, insistiendo en la importancia de garantizar un saneamiento predial y acompañamiento a los guardianes de los páramos, quienes juegan un papel fundamental en la protección de estos territorios. También se destacó la preocupación por la contaminación y afectación del agua en zonas como el Lago de Tota, y se hizo un llamado a las autoridades ambientales para aplicar con rigor las normativas de protección.
La audiencia también contó con la participación virtual de Pedro Arrojo Agudo, Relator Especial de las Naciones Unidas sobre los derechos humanos al agua potable y al saneamiento, quien enfatizó la necesidad de reconciliarse con los sistemas acuáticos y adoptar un enfoque de respeto sagrado hacia el agua.
Como conclusión del evento, se propuso la creación de un pacto nacional para la conservación del agua y la implementación de un plan de manejo integral de los páramos. La senadora Avella hizo un llamado a unir esfuerzos para defender las reservas hídricas del país y establecer una gran Red Nacional que proteja los páramos y las ciénagas, esenciales para la sostenibilidad ambiental y el bienestar de las futuras generaciones.
Fuente: senado.gov.co
Otras noticias de actualidad jurídica: Proyecto de ley busca prohibir la venta de suvenires con la imagen de Pablo Escobar
Ago 15, 2024 | Actualidad Prime
En un esfuerzo por erradicar la glorificación de figuras criminales en Colombia, un proyecto de ley ha sido radicado recientemente en la Cámara de Representantes. La iniciativa, que ha generado un amplio debate en el país, busca prohibir la comercialización y posesión de suvenires y objetos que exhiban la imagen de Pablo Escobar, el narcotraficante que sembró el terror en Colombia durante las décadas de los ochenta y noventa. Este proyecto de ley tiene especial relevancia en ciudades como Bogotá y Medellín, donde es común encontrar estos artículos en sitios turísticos.
La propuesta, impulsada por el representante Juan Sebastián Gómez del Partido Nuevo Liberalismo, tiene como objetivo frenar lo que considera una «apología al delito». Según Gómez, es preocupante que se promocione la imagen de un individuo que dejó un legado de violencia y dolor en la historia del país. «No podemos permitir que se venda la imagen de un personaje siniestro como si fuera un modelo a seguir», señaló Gómez.
El proyecto también cuenta con el respaldo de Cristian Avendaño, del Partido Alianza Verde, quien subrayó que la iniciativa no solo se centra en Escobar, sino también en otros criminales que han sido glorificados a través de series de televisión, películas, telenovelas y géneros musicales populares. Según Avendaño, esta cultura de exaltación del crimen debe ser erradicada para evitar que las nuevas generaciones idealicen a figuras que han causado tanto daño al país.
Ante la preocupación expresada por algunos sectores sobre el impacto económico que podría tener la prohibición de estos artículos, especialmente en el público extranjero, el proyecto de ley contempla un periodo de transición. Durante este tiempo, se otorgarán apoyos económicos a los comerciantes para facilitar su adaptación y eliminar de su inventario productos como camisetas, llaveros, vasos y otros objetos que exhiban la imagen de Escobar y otros criminales.
El proyecto de ley ya ha sido radicado en la Secretaría General de la Cámara de Representantes y se espera que su primer debate en comisión se realice en las próximas semanas.
Fuente: camara.gov.co
Otras noticias de actualidad jurídica: Corte Constitucional ordena a entidades públicas garantizar servicios funerarios gratuitos y celeridad en la entrega de cadáveres a familiares de escasos recursos
