Dic 13, 2024 | Actualidad Prime
El Senado de la República aprobó un proyecto de ley que busca simplificar los trámites de divorcio, eliminando la necesidad de invocar causales específicas para disolver un matrimonio. Con 63 votos a favor, la iniciativa, conocida como «divorcio libre», permite que cualquiera de los cónyuges solicite unilateralmente la disolución de la unión marital, señalando únicamente su voluntad como motivo suficiente.
La reforma elimina las causales tradicionales establecidas en el Código Civil, como la infidelidad o problemas de adicción, argumentando que estas no deberían ser requisitos para poner fin a una relación. El senador David Luna, impulsor de la propuesta, afirmó que este cambio refuerza las libertades individuales y busca prevenir situaciones de chantaje o violencia que pueden surgir en los procesos de divorcio actuales. Según el legislador, el proyecto refleja la necesidad de garantizar que las relaciones sean producto del afecto y no de la obligación.
La medida ha generado posiciones encontradas. La senadora liberal Karina Espinosa expresó su preocupación por la eliminación de requisitos previos como terapias de pareja, advirtiendo que podría debilitar la institución familiar y su rol en la sociedad. Por otro lado, María José Pizarro, del Pacto Histórico, defendió la iniciativa, subrayando que los matrimonios deben basarse en el amor y la libertad.
El proyecto ahora está a la espera de la sanción presidencial para convertirse en ley, marcando un hito en la legislación colombiana al priorizar el respeto por las decisiones individuales en el ámbito matrimonial.
Fuente: senado.gov.co
Otras noticias de actualidad jurídica: Senado aprueba proyecto de ley que moderniza la gestión de pasivos pensionales en entidades territoriales
Dic 12, 2024 | Actualidad Prime
En una decisión orientada a fortalecer la autonomía y la capacidad financiera de las entidades territoriales, la plenaria del Senado aprobó el proyecto de ley que actualiza la Ley 549 de 1999. Este marco legal regula el manejo de los pasivos pensionales de alcaldías y gobernaciones, permitiendo mayor participación de estos entes en la toma de decisiones sobre los recursos destinados al pago de pensiones.
El proyecto, impulsado por el presidente del Congreso y senadores de distintos partidos, busca descentralizar las decisiones relacionadas con el manejo de los recursos pensionales, actualmente concentradas en el Gobierno Nacional. La iniciativa responde a las dificultades que enfrentan muchas entidades territoriales para cumplir con sus obligaciones pensionales, a la vez que procura liberar recursos que pueden ser utilizados en proyectos de inversión local.
Los impulsores de la propuesta subrayan la importancia de garantizar transparencia y eficiencia en el reconocimiento, giro y pago de las mesadas pensionales. También destacan que esta medida permitirá destrabar el flujo de recursos y aliviar la presión financiera que limita el desarrollo local.
El proyecto también aborda reclamos históricos de alcaldías y gobernaciones, relacionados con la necesidad de reorganizar el sistema, ampliar las fuentes de financiación y generar estabilidad financiera. Se espera que, al optimizar el manejo de los recursos, las entidades puedan cumplir cabalmente con sus compromisos pensionales y disponer de recursos excedentes para financiar iniciativas de desarrollo regional.
La iniciativa establece mecanismos actualizados de financiación que permitirán a las entidades territoriales un mayor protagonismo en la gestión de sus recursos. Con esta aprobación, el Senado marca un paso significativo hacia el fortalecimiento de las finanzas territoriales y el desarrollo regional. Ahora, la propuesta pasa a la Cámara de Representantes para su discusión final.
Fuente: senado.gov.co
Otras noticias de actualidad jurídica: Corte Constitucional refuerza protección de derechos en centros de detención transitoria del país
Dic 11, 2024 | Actualidad Prime
La Corte Constitucional, mediante la sentencia T-437 de 2024, exigió al Distrito de Santiago de Cali, al Departamento del Valle del Cauca y al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) articularse para garantizar el traslado, las condiciones mínimas de detención y la vigilancia adecuada de las personas privadas de la libertad en Centros de Detención Transitoria (CDT). Esto incluye a aquellos que, por disposición judicial, deben ser trasladados a establecimientos penitenciarios o carcelarios.
El caso que dio origen a la decisión fue una acción de tutela presentada por una persona recluida en el Centro de Atención Transitoria San Nicolás, en Cali, quien denunció la vulneración de sus derechos fundamentales tras permanecer más de un año en condiciones de hacinamiento y sin garantías básicas. Este periodo excedió ampliamente el límite legal de 36 horas permitido para los centros de detención transitoria.
Condiciones inhumanas y hacinamiento alarmante
La Corte calificó las condiciones de reclusión en el CAT San Nicolás como «indignas y tortuosas», señalando un hacinamiento del 136% en este centro específico y un preocupante 294% en Cali en general, según datos de la Policía Nacional. Estas cifras evidencian una crisis persistente en los centros de detención transitoria, que ya habían sido objeto de análisis en la Sentencia SU-122 de 2022, la cual declaró un estado de cosas inconstitucional en el sistema penitenciario y carcelario del país.
Un llamado a los jueces y a la articulación institucional
La Sala criticó la falta de análisis de fondo por parte del juez de instancia en el caso, subrayando la necesidad de proteger los derechos fundamentales de manera particular, incluso en el marco de problemáticas estructurales. Además, la Corte reiteró la responsabilidad de las autoridades en la superación de estas condiciones y ordenó la coordinación interinstitucional para mitigar los efectos del hacinamiento y la precariedad en los centros de detención transitoria.
La decisión refuerza la obligación del Estado de garantizar condiciones dignas para las personas privadas de la libertad y resalta la necesidad de acciones urgentes para abordar la crisis penitenciaria en Colombia.
Fuente: corteconstitucional.gov.co
Otras noticias de actualidad jurídica: Corte Constitucional refuerza garantías en procesos disciplinarios escolares
Dic 10, 2024 | Actualidad Prime
La Corte Constitucional, mediante la sentencia T-330 de 2024, destacó la importancia de respetar el debido proceso y las particularidades de cada caso en los procesos disciplinarios escolares. La Sala Quinta de Revisión subrayó que las sanciones en el entorno educativo no deben ser arbitrarias, sino ajustadas a factores como la edad, el grado de madurez psicológica del estudiante, el contexto de la falta, las condiciones personales y familiares, las medidas preventivas implementadas por el colegio, y los efectos prácticos de las sanciones impuestas.
La decisión surge del análisis de dos casos presentados por los padres de adolescentes cuyas matrículas escolares fueron canceladas para el periodo académico 2023-2024 tras procesos disciplinarios cuestionados. En ambos casos, la Corte concluyó que se vulneraron los derechos fundamentales de los estudiantes, incluyendo el derecho al debido proceso y a la educación.
En el primer caso, se identificó un incumplimiento de las garantías mínimas del artículo 29 de la Constitución, lo que tuvo graves repercusiones en la escolarización del adolescente afectado. En el segundo caso, aunque el estudiante había sido reubicado en otra institución, la Corte determinó que la sanción impuesta fue desproporcionada, causando un impacto indebido en su derecho a la educación.
La Corte recordó que la educación es un derecho fundamental y un servicio público de función social, en el cual el Estado, la sociedad y las familias tienen responsabilidades compartidas. También reiteró la obligación estatal de garantizar la permanencia de los adolescentes en el sistema educativo.
Como medida correctiva, la Corte ordenó a las instituciones educativas revisar y ajustar sus manuales de convivencia para incluir garantías procesales claras, como la apertura de periodos probatorios y la implementación de mecanismos efectivos de comunicación. Esto busca asegurar que tanto los estudiantes como sus familias comprendan cada etapa de los procesos disciplinarios y los recursos disponibles, promoviendo un ambiente educativo respetuoso de los derechos fundamentales.
Esta sentencia reafirma el compromiso del alto tribunal con la protección de los derechos de los menores en el ámbito escolar, estableciendo un precedente significativo en materia de justicia y equidad en los procesos disciplinarios educativos.
Fuente: corteconstitucional.gov.co
Otras noticias de actualidad jurídica: Corte Constitucional protege derechos de trabajadora con enfermedad grave despedida injustificadamente
Dic 9, 2024 | Actualidad Prime
La Sala Cuarta de Revisión de la Corte Constitucional, mediante la sentencia T-367 de 2024, concluyó que la empresa Aguas de Bogotá vulneró los derechos a la salud, a la vida digna, al mínimo vital y a la igualdad de Juliana, una trabajadora diagnosticada con lupus eritematoso sistémico, al despedirla sin justa causa y en contravención al fuero de estabilidad laboral reforzada.
La Corte constató que Juliana, diagnosticada con esta enfermedad desde 2013, enfrenta graves complicaciones de salud que afectan su capacidad laboral y le han exigido hospitalizaciones en unidades de cuidado crítico. Aunque en el examen médico de ingreso de 2020 se le consideró apta para el cargo con ciertas restricciones, la empresa tenía conocimiento de su condición desde el inicio de la relación laboral, aunque no de detalles específicos por la confidencialidad de su historia clínica.
El despido, según la Corte, fue discriminatorio, ya que ignoró la protección especial que el fuero de estabilidad laboral reforzada otorga a trabajadores con condiciones de salud que limitan significativamente sus funciones. Esta protección, consagrada en el artículo 26 de la Ley 361 de 1997, aplica incluso sin un dictamen oficial sobre la disminución de capacidad laboral.
Como medida transitoria, la Corte ordenó el reintegro de Juliana a su cargo o a otro de características similares, destacando que esta protección es provisional y exhortándola a iniciar un proceso ante la jurisdicción laboral ordinaria para garantizar sus derechos de forma definitiva.
Este fallo reafirma la importancia de garantizar la estabilidad laboral de personas con condiciones de salud graves, como un mecanismo para salvaguardar su dignidad y sustento vital.
Fuente: corteconstitucional.gov.co
Otras noticias de actualidad jurídica: Reforma del Código Procesal del Trabajo: nuevos jueces y digitalización para descongestionar el sistema
Dic 6, 2024 | Actualidad Prime
En el marco de la modernización del sistema judicial laboral, el Congreso de de la República continúa avanzando en la discusión de la reforma al Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social. Este conjunto de normas, que regula las relaciones laborales y la función jurisdiccional del Estado en esta materia, está siendo revisado con el objetivo de mejorar la eficiencia, accesibilidad y agilidad en la resolución de conflictos laborales.
Uno de los cambios más relevantes de la reforma es la eliminación de los jueces laborales de única instancia, quienes serán reemplazados por jueces laborales municipales. Según lo dispuesto en el artículo 13 del proyecto, estos nuevos jueces tendrán competencia para conocer, en primera instancia, de los procesos laborales cuyo monto no supere los 40 salarios mínimos legales mensuales vigentes (SMLMV). Por su parte, los jueces del circuito se encargarán de los procesos que excedan ese umbral económico.
Otra innovación destacada es la flexibilización de la competencia territorial. El artículo 10 contempla la posibilidad de asignar casos laborales a cualquier juez o tribunal del país mediante medios electrónicos y en formato digital, atendiendo a la carga laboral de los despachos judiciales. Esta medida tiene como objetivo reducir los tiempos procesales y descongestionar los juzgados. Sin embargo, su implementación será reglamentada por el Consejo Superior de la Judicatura, que también definirá los requisitos para las partes que aleguen imposibilidad de usar tecnologías de la información y comunicación (TIC).
A pesar de estos avances, varios artículos del proyecto de ley aún están pendientes de discusión, por lo que la Cámara de Representantes retomará el debate en los próximos días. Se espera que esta renovación del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social represente un paso significativo hacia un sistema judicial más moderno y eficiente, adaptado a las necesidades de trabajadores y empleadores en el país.
Fuente: camara.gov.co
Otras noticias de actualidad jurídica: Avanza el Proyecto de Ley «Hijos del Estado» para jóvenes egresados del ICBF
