La JEP reconoce al río Cauca como víctima del conflicto armado: Un paso hacia la reconciliación ambiental

En un acto de significativa trascendencia, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ha notificado oficialmente a las comunidades del río Cauca sobre el reconocimiento de este afluente como víctima del conflicto armado en Colombia. Esta diligencia, que tuvo lugar en el corregimiento La Balsa, municipio de Buenos Aires (Cauca), marca un punto de inflexión en la justicia ambiental y la búsqueda de reconciliación en el país.

Con el río Cauca como protagonista, la JEP realizó un recorrido por sus corrientes en compañía de representantes de los Consejos Comunitarios de la Cuenca del Cauca, la Microcuenca de los ríos Teta y Mazamorrero, así como otras organizaciones afrocolombianas, indígenas y campesinas. A través de cantos, elementos simbólicos y ofrendas, se notificó a estas comunidades que el río Cauca ha sido reconocido como una víctima del conflicto, en el marco del Caso 05 que prioriza la situación territorial del norte del Cauca y el sur del Valle del Cauca.

Este reconocimiento, catalogado como «con pertinencia natural», busca iniciar un proceso de reconciliación con el río y la naturaleza, reconociendo el papel central que desempeña el Cauca en la vida de las comunidades caucanas. Durante años, este afluente ha sido testigo de graves violaciones, incluyendo el uso de sus aguas como fosa común por parte de grupos paramilitares con la complicidad de la fuerza pública.

La notificación de la JEP, que se llevó a cabo con actos restaurativos y armonización, representa un primer paso hacia la reconstrucción de los vínculos rotos por la violencia entre las comunidades y el entorno natural. Para las víctimas del conflicto, sanar es el único camino hacia adelante, reconociendo el valor esencial que tiene el río Cauca en sus vidas.

Este reconocimiento fue motivado por la evidencia judicial que revela el uso sistemático del río como fosa común entre los años 2000 y 2004. Como parte del proceso de notificación, la JEP recorrió junto a las comunidades algunos sitios emblemáticos de la violencia, honrando la memoria de las víctimas y buscando restaurar la conexión perdida entre las comunidades y el río.

La participación de representantes de comunidades ancestrales, negras e indígenas de los departamentos del Cauca y Valle del Cauca, así como autoridades territoriales y organismos de control, subraya la importancia de este proceso para la reconciliación nacional. En un simbólico recorrido en canoas por el río Cauca, las comunidades y la JEP cerraron este acto de notificación con pertinencia natural.

Fuente: jep.gov.co

Otras noticias de actualidad jurídica: Proyecto de ley para la protección de usuarios en redes sociales es radicado en la Cámara de Representantes

Proyecto de ley para la protección de usuarios en redes sociales es radicado en la Cámara de Representantes

En respuesta a los crecientes riesgos de seguridad en línea que enfrentan los usuarios de redes sociales en Colombia, el representante a la Cámara por Alianza Verde, Carlos Vallejo, ha presentado un proyecto de ley destinado a establecer medidas para la protección y el manejo responsable de las redes sociales en el país.

El proyecto, respaldado por los representantes José Eliecer Salazar del Partido de la U, y Germán Rozo del Partido Liberal, busca abordar una serie de problemas que van desde el phishing hasta el acoso cibernético y el robo de identidad. Consta de siete artículos, entre los cuales se destaca la creación del ‘Día Nacional de la Prevención y el buen uso de las Redes Sociales’, así como la implementación de medidas para alertar a los usuarios sobre el uso no autorizado de sus imágenes por terceros.

Entre los objetivos principales de la iniciativa se encuentra combatir la suplantación de identidad, la proliferación de perfiles falsos, y el uso indebido de imágenes personales por parte de terceros. Además, se pretende ajustar la normatividad para garantizar una mayor vigilancia y acompañamiento familiar en el uso de las redes sociales.

Germán Rozo, uno de los promotores del proyecto, subrayó que su implementación permitirá abordar de manera más efectiva problemas como el bullying, las estafas, las extorsiones y el ciberacoso, delitos que están directamente relacionados con el mal uso de las redes sociales.

Una de las disposiciones más destacadas del proyecto es la exigencia de que las políticas de acceso a las redes sociales se ajusten para incluir medidas adicionales de seguridad, como la información biométrica, con el fin de garantizar la protección de los usuarios.

Este proyecto de ley lleva el nombre de «Ley Ana María Chávez Niño», en memoria de una joven estudiante universitaria de 19 años que fue víctima de un crimen a manos de un individuo que ganó su confianza a través de las redes sociales.

Se espera que este proyecto sea debatido en la Cámara de Representantes en los próximos meses, con la esperanza de que pueda convertirse en ley y proporcionar un marco legal sólido para proteger a los usuarios de las redes sociales en Colombia.

Fuente: camara.gov.co

Otras noticias de actualidad jurídica: Ponencia alternativa de reforma a la salud radicada en la Comisión Séptima del Senado

Ponencia alternativa de reforma a la salud radicada en la Comisión Séptima del Senado

En un giro significativo dentro del proceso de reforma a la salud en Colombia, el senador Fabián Díaz Plata, del Partido Alianza Verde, ha presentado una ponencia alternativa en la Comisión Séptima del Senado para el primer debate del proyecto de ley No. 216 de 2023. Este proyecto de ley, titulado «Reforma a la Salud: Transformación del Sistema de Salud en Colombia y otras disposiciones», ha generado un intenso debate en el ámbito legislativo y público.

La iniciativa del senador Díaz Plata busca facilitar espacios de concertación entre los diversos actores del sistema de salud colombiano. Al respecto, el senador expresó: «Radicamos nuestra ponencia alternativa con la que buscamos consensos y tender puentes entre los diferentes sectores del sistema de salud, como también entre los senadores y el Gobierno nacional, para avanzar en el trámite de una reforma que es necesaria para nuestro país. Es importante hacer cambios que permitan mejorar el sistema de salud».

Este movimiento surge como respuesta a la ponencia negativa presentada por ocho senadores de la Comisión Séptima el pasado 12 de marzo, quienes solicitaron el archivo del proyecto de reforma. Argumentaron que la propuesta carece de claridad en cuanto a los recursos y la sostenibilidad financiera del sistema.

La senadora Martha Peralta, presidenta de la Comisión Séptima, enfatizó la importancia de la voluntad política para construir un texto de reforma a la salud que proteja los derechos fundamentales y garantice el acceso y la calidad en la atención a la salud de los ciudadanos.

Se espera que en los próximos días la mesa directiva de la Comisión convoque y anuncie la fecha para el debate y la votación del proyecto de reforma a la salud. Es relevante destacar que la Comisión Séptima ha llevado a cabo más de 10 Audiencias Públicas en varias ciudades del país, así como siete mesas técnicas, con el objetivo de asegurar la participación de todos los actores del sistema de salud en el proceso de discusión de la reforma en el Senado de la República.

La Comisión Séptima del Senado, responsable de legislar sobre asuntos sociales fundamentales para el bienestar de los colombianos, se ha consolidado como un espacio crucial para el debate y la construcción de políticas que impactan directamente en la calidad de vida de la población, especialmente en temas como la salud, la vivienda, el trabajo y la infancia.

Fuente: senado.gov.co

Otras noticias de actualidad jurídica: Ratificada condena contra cómplice en atentado con carro bomba en la Escuela de Cadetes de la Policía

Ratificada condena contra cómplice en atentado con carro bomba en la Escuela de Cadetes de la Policía

La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia ha rechazado el recurso de casación presentado por Ricardo Andrés Carvajal Salgar, consolidando así la condena de 45 años y 7 meses de prisión en su contra por su participación en el atentado con carro bomba en la Escuela de Cadetes de la Policía General Francisco de Paula Santander en Bogotá.

Este acto terrorista, que tuvo lugar el 17 de enero de 2019, cobró la vida de 22 personas y dejó a 64 heridas, sacudiendo los cimientos de la sociedad colombiana. Carvajal fue hallado culpable como coautor de diversos delitos, entre ellos terrorismo agravado, fabricación y tráfico de armas, homicidio agravado, y daño en bien ajeno agravado.

Según las pruebas presentadas durante el juicio, Carvajal desempeñó un papel crucial en la logística del atentado, siendo responsable del mantenimiento de la bodega donde se armó el vehículo cargado de explosivos, demostrando así su pleno conocimiento y voluntad en los actos criminales.

La Corte Suprema de Justicia, en su auto de inadmisión, condenó enérgicamente el terrorismo que cobró la vida de jóvenes aspirantes a oficiales de la Policía Nacional, subrayando el impacto devastador que tuvo en la sociedad colombiana. Asimismo, elogió la respuesta de la administración de justicia ante este ataque y el trabajo de los funcionarios involucrados en el proceso penal.

Fuente: cortesuprema.gov.co

Otras noticias de actualidad jurídica: Corte Constitucional ampara derechos de periodista frente a retiro de esquema de seguridad

Corte Constitucional ampara derechos de periodista frente a retiro de esquema de seguridad

La Sala Sexta de Revisión de la Corte Constitucional por medio de la sentencia T-038 de 2024, ha emitido un importante pronunciamiento en defensa de los derechos fundamentales de un periodista, cuyo esquema de seguridad fue retirado por la Unidad Nacional de Protección (UNP) sin considerar nuevas amenazas en su contra.

El caso involucra a un comunicador que ha sido beneficiario de medidas de protección desde el año 2013. Sin embargo, pese a presentar una nueva denuncia de amenazas, la UNP procedió a retirar su esquema de seguridad sin tomar en cuenta estos nuevos riesgos.

La Corte Constitucional enfatizó la obligación de las autoridades competentes de evaluar diligentemente el riesgo al que se enfrenta un periodista en ejercicio de su labor. Es crucial considerar todas las circunstancias que rodean su trabajo para adoptar medidas de protección adecuadas y garantizar su seguridad personal.

En este caso particular, la Sala destacó que la UNP no cumplió con su deber de solicitar información a entidades de control ni de valorar integralmente los factores de riesgo, lo que constituyó una vulneración de los derechos del periodista. La decisión de retirar el esquema de seguridad sin tener en cuenta la nueva amenaza denunciada durante el proceso de evaluación fue considerada como una falta de debida diligencia por parte de la UNP.

En virtud de lo anterior, la Corte revocó la decisión de instancia, amparando los derechos del periodista y ordenando a la UNP realizar una nueva evaluación de las condiciones de riesgo, teniendo en cuenta su perfil como comunicador, el contenido de la información que divulga y la nueva amenaza reportada.

Esta sentencia resalta la importancia de garantizar la seguridad de los periodistas en el ejercicio de su labor, así como el deber del Estado de proteger y salvaguardar el derecho a la libertad de prensa en Colombia.

Fuente: corteconstitucional.gov.co

Otras noticias de actualidad jurídica: Consejo de Estado ratifica validez de elección de senadores de la República para el periodo 2022-2026

Consejo de Estado ratifica validez de elección de senadores de la República para el periodo 2022-2026

La Sección Quinta del Consejo de Estado ha rechazado las demandas acumuladas que buscaban la nulidad de la elección de los senadores de la República para el periodo en curso. Estas demandas, impulsadas por distintos actores políticos, entre ellos los partidos Liberal y Conservador, alegaban irregularidades en los documentos electorales, específicamente discrepancias entre los votos registrados en los formularios E-14 (mesa de votación) y E-24 (comisiones escrutadoras), que presuntamente no fueron justificadas mediante recuentos o modificaciones válidas. Uno de los principales objetivos de estas demandas era la reducción de una curul para la coalición Pacto Histórico, pasando de 20 a 19 curules.

El fallo emitido tras el análisis de 128.227 registros provenientes de 40.374 mesas de votación, de un total de 112.000 instaladas en el país y consulados, reveló que las diferencias injustificadas en los registros demandados representaban menos del 10% del total. Estas discrepancias se atribuyeron principalmente a la falta de explicación en las actas de escrutinio sobre los cambios realizados por las comisiones escrutadoras, la falta de claridad en la representación de los recuentos efectuados por los jurados de votación en los formularios, y el desconocimiento por parte del Consejo Nacional Electoral del artículo 135 del Código Electoral, que establece la incineración de los votos sobrantes que exceden el número de sufragantes de la mesa.

Sin embargo, a pesar de estas diferencias detectadas, los ajustes realizados no tuvieron un impacto significativo en los resultados originales de la elección. Las discrepancias no produjeron ningún cambio en la distribución de las curules obtenidas por las listas que superaron el umbral electoral.

En consecuencia, la decisión del Consejo de Estado ratifica la legitimidad de las curules de los 100 senadores de la República elegidos en la circunscripción ordinaria, manteniendo así la composición actual de esta corporación legislativa para el periodo 2022-2026.

Fuente: consejodeestado.gov.co/

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