Oct 15, 2024 | Actualidad Prime
La Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado ha rechazado una solicitud de nulidad presentada por el abogado del presidente Gustavo Petro, en contra de la decisión del 6 de agosto de 2024 que resolvió el conflicto de competencias entre el Consejo Nacional Electoral (CNE) y la Comisión Legal de Investigación y Acusaciones de la Cámara de Representantes. El conflicto surgió en el contexto de una investigación por presuntas irregularidades en la financiación y presentación de informes de ingresos y gastos de las campañas del «Pacto Histórico» durante las elecciones de 2022, en las que Petro fue candidato.
La Sala sostuvo que las decisiones que resuelven conflictos de competencia son definitivas y obligatorias, por lo que no admiten recurso alguno. Además, aclaró que no ejerce funciones jurisdiccionales, motivo por el cual también declaró improcedente la medida cautelar solicitada por el apoderado de Petro.
En su pronunciamiento, la Sala enfatizó que la decisión del 6 de agosto de 2024 no vulneró el fuero constitucional del presidente de la República, tal como lo establece la Constitución en sus artículos 174, 175 y 178, y la Ley 996 de 2005. Asimismo, reafirmó su competencia para resolver conflictos entre autoridades judiciales y administrativas, conforme a los artículos 29, 236 y 237 de la Constitución y el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en concordancia con la jurisprudencia de la Corte Constitucional.
Esta decisión cierra una etapa clave en el proceso de clarificación de competencias entre organismos del Estado, en un caso de alta relevancia política y jurídica en Colombia.
Fuente: consejodeestado.gov.co
Otras noticias de actualidad jurídica: Corte Constitucional ampara derechos de trabajadora a quien no se le renovó contrato de prestación de servicios
Oct 14, 2024 | Actualidad Prime
La Corte Constitucional, en la sentencia T-208 de 2024, protegió los derechos de una trabajadora a quien no se le renovó el contrato de prestación de servicios, a pesar de estar en una situación de debilidad manifiesta por razones de salud. La Sala Novena de Revisión determinó que la entidad empleadora vulneró los derechos de la accionante, Laura, al desconocer su estado de salud al momento de decidir no renovar el vínculo contractual.
El caso se remonta a julio de 2022, cuando Laura fue diagnosticada con cáncer de unión gastroesofágica, lo que afectó su capacidad de ingerir alimentos sólidos y su estado nutricional. A pesar de estas dificultades, Laura cumplió con sus labores hasta la terminación del contrato. La Corte concluyó que, aunque se trataba de un contrato de prestación de servicios, no se podía desconocer el derecho a la estabilidad laboral reforzada que ampara a las personas en condiciones de debilidad manifiesta por razones de salud.
En primera instancia, un juez había concedido el amparo de manera transitoria, pero el fallo fue revocado en segunda instancia al considerar que no se cumplía el requisito de subsidiariedad. No obstante, la Corte Constitucional constató que la acción de tutela sí procedía debido a la urgencia de proteger los derechos fundamentales de la trabajadora, quien se encontraba en una situación de vulnerabilidad agravada por su estado de salud, sus múltiples intervenciones médicas y su rol como madre cabeza de familia.
La Corte también destacó que la entidad empleadora actuó de manera discriminatoria al no renovar el contrato justo cuando la salud de la trabajadora se deterioró y sin contar con la autorización del inspector de trabajo, como exige la ley para estos casos. Además, señaló que el simple vencimiento del plazo contractual no justifica el desconocimiento de los derechos fundamentales de la trabajadora.
En su fallo, la Corte ordenó a la entidad demandada renovar el contrato bajo condiciones similares o, si la salud de Laura no le permitía realizar las mismas funciones, reubicarla según las recomendaciones médicas, asegurando su integración social y capacitación. También se instó a la empresa a evaluar la posibilidad de asignarle una vacante permanente en planta.
Este caso reafirma la obligación de los empleadores de garantizar la estabilidad laboral de las personas en condiciones de debilidad manifiesta, incluso cuando se trata de contratos de prestación de servicios, y subraya la responsabilidad del Estado en proteger el derecho al trabajo en condiciones dignas y justas.
Fuente: corte constitucional.gov.co
Otras noticias de actualidad jurídica: El Senado formaliza la creación de la Comisión Legal de Paz
Oct 11, 2024 | Actualidad Prime
Esta semana, el Senado de la República de Colombia consolidó la creación de la Comisión Legal de Paz, después de varios años de esfuerzos para integrarla a las comisiones legales del Congreso. Con esta decisión, la Comisión tendrá un papel clave en el apoyo a la implementación de los acuerdos de paz y la realización de acciones humanitarias en favor de la preservación de la paz en el país.
El senador Iván Cepeda, miembro del Pacto Histórico y presidente de la Comisión, destacó la relevancia de esta consolidación para el poder legislativo, señalando que las decisiones que se tomen ahora tendrán un carácter más vinculante dentro del Congreso. Este paso busca fortalecer el papel del Congreso en la construcción de la paz, permitiendo que las medidas adoptadas tengan un impacto más significativo.
La Comisión estará integrada por once senadores de diversas fuerzas políticas, entre los que se encuentran representantes del Pacto Histórico, el Partido Conservador, el Partido Liberal, el Partido Verde, el Centro Democrático, Cambio Radical, el Partido de la U, el MIRA-Colombia Justa Libres y el Partido Comunes.
La creación de esta comisión fue respaldada por 60 congresistas que coinciden en la necesidad de una política de paz que contribuya al cese del conflicto armado que persiste en varias regiones del país. Además de su labor en la implementación de los acuerdos de paz, la Comisión también se encargará de realizar estudios y análisis sobre la realidad social del país, con el objetivo de promover una cultura de paz y la resolución pacífica de los conflictos.
Este avance representa un nuevo esfuerzo del Congreso colombiano por apoyar la paz y la estabilidad en el país, a través de mecanismos que favorezcan la convivencia y la reconciliación.
Fuente: senado.gov.co
Otras noticias de actualidad jurídica: Radican proyecto de reforma penal para agilizar la justicia y reducir la impunidad en Colombia
Oct 10, 2024 | Actualidad Prime
Recientemente, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Gerson Chaverra Castro, junto a la fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo Garzón, y la ministra de Justicia, Ángela María Buitrago Ruiz, presentaron ante el Senado de la República un proyecto de reforma que busca enfrentar la alta impunidad y mejorar la eficiencia del sistema judicial en Colombia.
La iniciativa, que surgió tras un proceso de concertación con diversos sectores, tiene como objetivo introducir cambios estructurales en el Sistema Penal Oral Acusatorio para lograr una justicia más pronta y eficaz. Entre los principales aspectos de la reforma, se destaca la reducción de tiempos procesales y la optimización del funcionamiento del aparato judicial, con especial énfasis en garantizar los derechos de las víctimas.
El proyecto retoma el espíritu original del sistema penal colombiano, creado en 2004, para fomentar la justicia premial. Sin embargo, las modificaciones realizadas en los últimos años han restringido el uso de herramientas como los preacuerdos y los principios de oportunidad, mecanismos clave para la resolución anticipada de procesos. Actualmente, solo el 10% de los casos se resuelven mediante estos métodos, lo que ha contribuido a la congestión de los tribunales y ha aumentado el riesgo de prescripciones y vencimientos de términos.
La reforma propone flexibilizar estas restricciones para que un mayor porcentaje de casos pueda resolverse de manera ágil, sin necesidad de llegar a juicio, como ocurre en los modelos penales de otros países. Entre las principales modificaciones se encuentran:
- La extinción de la acción penal por la reparación integral a las víctimas.
- Aplicación del principio de oportunidad desde la fase de indagación.
- Concesión de beneficios para personas capturadas en flagrancia que se allanen a cargos.
- Extensión de los preacuerdos a todos los tipos de delitos.
Según cifras del proyecto, en 2023 se reportaron más de 1.8 millones de noticias criminales, y el total de casos activos en el sistema supera los 3.2 millones, lo que refleja la necesidad urgente de medidas que reduzcan la congestión judicial. De las más de 52 mil acusaciones presentadas por la Fiscalía el año pasado, solo el 5% fueron producto de preacuerdos, un dato que subraya el desafío de optimizar el sistema penal.
Este proyecto representa un esfuerzo conjunto entre la Corte Suprema de Justicia, la Fiscalía y el Ministerio de Justicia para devolverle al sistema penal colombiano su capacidad de respuesta rápida y eficaz, al mismo tiempo que se asegura la protección de las víctimas.
Fuente: cortesuprema.gov.co
Otras noticias de actualidad jurídica: Corte Constitucional ampara derechos de madre e hijo desalojados por estafa y ordena medidas de asistencia social
Oct 9, 2024 | Actualidad Prime
En una decisión clave para la protección de los derechos de los adultos mayores en situación de vulnerabilidad, la Corte Constitucional, mediante la sentencia T-308 de 2024, amparó los derechos fundamentales a la protección y asistencia social de Manuela y Francisco, madre e hijo de 90 y 70 años, quienes denunciaron haber sido víctimas de una estafa que los llevó a ser desalojados del apartamento en el que residían en arriendo. Desde entonces, se han visto forzados a vivir en hoteles de paga diaria, centros de atención temporal y, en ocasiones, en el aeropuerto El Dorado de Bogotá.
Manuela y Francisco son beneficiarios del Servicio de Apoyos Económicos para Personas Mayores, proporcionado por la Secretaría Distrital de Integración Social de Bogotá (SDIS), a través del cual reciben un subsidio conjunto de 260.000 pesos mensuales. Sin embargo, ambos argumentaron que el nivel del Sisbén que se les adjudicó no corresponde con su situación de vulnerabilidad, lo que les ha impedido acceder a otros servicios y beneficios sociales.
La Sala Séptima de Revisión de la Corte amparó su derecho a la protección y asistencia social integral, reiterando que los adultos mayores en situación de vulnerabilidad, como en el caso de Manuela y Francisco, son sujetos de especial protección constitucional. En su sentencia, la Corte subrayó que el derecho a la protección social y a una atención integral no solo debe garantizar la satisfacción de necesidades básicas como la alimentación, vivienda, salud y vestimenta, sino también el acceso a un sistema de subsidios y auxilios que promueva su bienestar.
No obstante, la Corte advirtió que debido a la escasez de recursos con los que se enfrenta la implementación de políticas públicas para combatir la pobreza, el acceso a dichos programas no puede exigirse de manera inmediata. Por ello, señaló que la administración distrital debe asegurar que los procesos de priorización en la asignación de ayudas se ajusten a los principios de igualdad, progresividad y no discriminación.
En el caso específico de Manuela y Francisco, la Corte concluyó que las autoridades distritales no les proporcionaron información clara y oportuna sobre los programas a los que podían acceder para satisfacer sus necesidades básicas. La Alcaldía Mayor de Bogotá, en particular, no informó a los accionantes acerca de los requisitos ni los servicios disponibles que podrían haber aliviado su situación.
Como resultado, la Corte ordenó a la SDIS brindar la asistencia necesaria a Manuela y Francisco para que puedan acceder a los servicios y estrategias dirigidos a satisfacer sus necesidades. Además, la entidad deberá acompañarlos en los trámites administrativos que deban realizar para asegurar su ingreso a dichos programas de protección social.
Fuente: corteconstitucional.gov.co
Otras noticias de actualidad jurídica: Corte Constitucional protege derechos a la salud y dignidad de paciente de 94 años, pero niega enfermería domiciliaria completa
Oct 8, 2024 | Actualidad Prime
En la sentencia T-243 de 2024, la Sala Sexta de Revisión de la Corte Constitucional decidió proteger los derechos fundamentales a la salud y a la dignidad humana de Pablo, un adulto mayor de 94 años, diagnosticado con enfermedad pulmonar obstructiva crónica. El caso fue presentado por su nieto, quien actuó como agente oficioso, alegando que la EPS Sanitas se negó a autorizar el servicio de enfermería domiciliaria prescrito por el médico tratante.
El solicitante afirmó que Pablo necesitaba 20 terapias físicas mensuales y una enfermera domiciliaria 24 horas al día durante tres meses para garantizar su bienestar mediante tareas como aseo, alimentación, administración de medicamentos y prevención de escaras.
No obstante, la Corte concluyó que, aunque el servicio de enfermería había sido ordenado formalmente, no era necesario que la EPS lo cubriera. La razón fue que las actividades que requería el paciente no necesariamente debían ser realizadas por personal de enfermería, ya que podían ser llevadas a cabo por los familiares.
La Sala recordó que, por lo general, el cuidado de un paciente es responsabilidad del núcleo familiar, excepto en casos donde este no tiene la capacidad física o económica para brindar la atención requerida, o cuando resulta imposible capacitar adecuadamente a los familiares. En el caso de Pablo, no se demostró que su familia no pudiera cumplir con estas funciones ni que careciera de los recursos para contratar a un cuidador.
Sin embargo, teniendo en cuenta la avanzada edad del paciente, su estado de salud y de dependencia, la Corte ordenó a la EPS ofrecer un entrenamiento a los familiares para que pudieran brindar los cuidados necesarios, en aras de garantizar el principio de solidaridad. Además, solicitó que se actualizara el diagnóstico médico, dado que la orden prescripta tenía más de un año, y se redefinieran los servicios requeridos. La Corte también exigió a la EPS garantizar el tratamiento integral del paciente, incluyendo las terapias físicas domiciliarias ordenadas por el médico tratante.
Fuente: corteconstitucional.gov.co
Otras noticias de actualidad jurídica: Corte Constitucional establece que los animales de compañía son bienes inembargables
