La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) adoptó nuevas órdenes para fortalecer la búsqueda, identificación y entrega digna de personas dadas por desaparecidas, tras una audiencia pública nacional de seguimiento a la medida cautelar que protege los derechos de las víctimas de desaparición forzada.

La Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia condenó al exgobernador del Amazonas, César Antonio Lugo Morales, a 191 meses y 16 días de prisión por delitos contra la administración pública, entre ellos falsedad ideológica, peculado, cohecho, interés indebido en la celebración de contratos y celebración de contratos sin requisitos legales.

Una medida cautelar emitida por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) permitió la recuperación de 34 cuerpos de personas dadas por desaparecidas durante el conflicto armado, así como el avance en la protección del Cementerio Católico de Saravena, considerado un sitio de interés forense prioritario.

La Comisión Segunda de la Cámara aprobó en primer debate el proyecto de ley que crea los Frentes de Seguridad Ciudadana, una iniciativa que busca establecer un marco normativo permanente, garantizar financiación pública y fortalecer la articulación entre ciudadanía y autoridades para enfrentar la inseguridad, pese a las advertencias y reparos expresados por algunos congresistas.

El contralor general anunció que a partir del próximo mes se posesionarán nuevos contralores municipales y departamentales para reforzar el control y la vigilancia de los recursos públicos, en respuesta a las denuncias del Congreso por obras inconclusas o abandonadas, presuntos “elefantes blancos”, irregularidades en el Programa de Alimentación Escolar y millonarios proyectos de infraestructura y agua sin ejecutar en distintas regiones del país.

La Corte Constitucional ordenó a la Fiscalía, la Registraduría Nacional y el Ministerio del Interior elaborar un protocolo intercultural para orientar la autorización judicial del registro civil de defunción de personas del pueblo Wayuu en casos de muerte violenta, garantizando la consulta previa, el respeto por su cosmovisión y la protección de los derechos fundamentales.