Dic 26, 2025 | Actualidad Prime
La Comisión Segunda Constitucional Permanente de la Cámara de Representantes aprobó en primer debate el Proyecto de Ley 161 de 2025, que propone la creación de los Frentes de Seguridad Ciudadana y establece disposiciones para su funcionamiento a nivel nacional. La iniciativa fue respaldada por 10 votos a favor y 2 en contra, luego de superar un debate de carácter procedimental.
El proyecto parte del principio de que todos los asuntos que impactan al país, incluida la situación de violencia y las acciones del sector defensa para enfrentarla, están sometidos al control político del Congreso. En ese marco, la propuesta busca mejorar la percepción de seguridad y fortalecer los canales de comunicación entre la ciudadanía y las autoridades, en respuesta a los persistentes hechos de inseguridad.
La iniciativa plantea la creación de un marco normativo integral y permanente para consolidar los frentes de seguridad, figuras que ya existen en Colombia y que actualmente agrupan a más de 1.900 frentes activos y cerca de 46.000 ciudadanos. Entre sus objetivos centrales se encuentran garantizar financiación pública, fortalecer su estructura operativa y promover una mayor participación comunitaria en la prevención y atención de problemáticas de seguridad.
Durante el trámite, se precisó que los Frentes de Seguridad Ciudadana no son equiparables a las antiguas asociaciones conocidas como “Convivir”, con el fin de despejar confusiones que han surgido en el debate público. Desde la presidencia de la Comisión Segunda se destacó que el proyecto apunta a articular acciones conjuntas entre ciudadanía y autoridades, incentivando el compromiso comunitario con el entorno y la seguridad local.
No obstante, la iniciativa también generó reparos. El representante Alejandro Toro, por Antioquia, votó en contra y dejó constancia de sus preocupaciones, anunciando que propondrá ajustes durante el debate en plenaria. Entre los puntos señalados se encuentran los límites de actuación de estos frentes, la posible interpretación del uso de uniformes como incentivos indebidos y la destinación de recursos públicos, a la luz de antecedentes recientes de excesos registrados en Medellín.
El proyecto continuará ahora su trámite legislativo en la plenaria de la Cámara de Representantes, donde se espera un debate de fondo sobre su alcance, controles y salvaguardas institucionales.
Fuente: camara.gov.co
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Dic 25, 2025 | Actualidad Prime
En una audiencia pública realizada en el Congreso de la República, el contralor general Carlos Hernán Rodríguez presentó el balance de la gestión institucional al cierre del año y anunció que, a partir del próximo mes, se posesionarán los nuevos contralores municipales y departamentales, quienes asumirán un rol activo en la vigilancia del uso de los recursos públicos en las obras públicas de todo el país.
El anuncio se dio en medio de las preocupaciones expresadas por varios congresistas frente a la persistencia de obras inconclusas, mal ejecutadas o paralizadas, conocidas como “elefantes blancos”, que continúan generando pérdidas millonarias pese a las denuncias y llamados de atención realizados en años recientes. Desde el Legislativo se insistió en la necesidad de fortalecer el control fiscal para evitar que estas situaciones se repitan y queden en la impunidad.
Durante la sesión, se expusieron casos concretos como el de la Ruta de la Libertad, una vía estratégica que busca conectar departamentos del centro del país con la región oriental y aliviar la congestión hacia Villavicencio y Yopal. La obra, que lleva cerca de una década en ejecución, presenta tramos inconclusos y zonas abandonadas, lo que ha impedido que cumpla su objetivo de mejorar la movilidad y el desarrollo regional.
También se solicitó intensificar la vigilancia sobre los contratistas del Programa de Alimentación Escolar (PAE), al considerar que se trata de uno de los sectores más sensibles del gasto público. Según lo manifestado en el debate, en distintos territorios los recursos destinados a la alimentación de los estudiantes resultan insuficientes o se agotan antes de finalizar el calendario escolar, afectando la garantía del derecho a la educación y a la nutrición de miles de niños y niñas.
La situación en La Guajira fue otro de los puntos destacados, donde se han invertido cuantiosos recursos en proyectos de acueductos, plantas de tratamiento y sistemas de desalinización que no han sido entregados, han quedado abandonados o no se han ejecutado, a pesar de la crítica problemática de acceso al agua en el departamento.
Frente a este panorama, el contralor general señaló que la posesión de los nuevos funcionarios territoriales estará orientada a priorizar la vigilancia de este tipo de proyectos en todas las regiones. Asimismo, anunció la intención de impulsar una política pública anticorrupción que permita ejercer control fiscal antes, durante y después de la ejecución de las obras financiadas con recursos del Gobierno Nacional, con el fin de prevenir irregularidades y garantizar una inversión eficiente y transparente.
Fuente: camara.gov.co
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Dic 19, 2025 | Actualidad Prime
La Cámara de Representantes aprobó en primer debate un proyecto de ley que busca garantizar la vacunación gratuita contra el virus del papiloma humano (VPH) para todas las mujeres en Colombia, sin restricción de edad. La iniciativa representa un avance relevante en la prevención del cáncer de cuello uterino, una de las principales causas de morbilidad y mortalidad femenina en el país.
De acuerdo con cifras oficiales del Instituto Nacional de Cancerología y el Ministerio de Salud, cada año se registran entre 4.500 y 5.500 nuevos casos de esta enfermedad, así como cerca de 2.000 muertes asociadas. El proyecto parte del reconocimiento de que el 99 % de los casos de cáncer de cuello uterino están vinculados a la infección por VPH, según datos de la Organización Mundial de la Salud.
La propuesta legislativa plantea la actualización del Programa Ampliado de Inmunización (PAI) para incorporar de manera permanente la vacuna contra el VPH dentro del esquema nacional, con cobertura en todo el territorio. Actualmente, más de 16,8 millones de mujeres mayores de 18 años no han recibido esta vacuna, lo que ha generado una brecha significativa en la protección frente a la enfermedad.
Desde el Congreso se ha destacado que la medida no solo responde a un enfoque de derechos, sino que también constituye una política pública preventiva y costo-efectiva. Cada dosis tiene un valor aproximado de 46.538 pesos, cifra considerablemente menor frente a los costos económicos, sociales y humanos que implica el tratamiento del cáncer de cuello uterino.
Con la aprobación de este primer debate, el proyecto continúa su trámite legislativo y se perfila como una herramienta clave para avanzar hacia una protección universal en salud, con el potencial de salvar miles de vidas y reducir las desigualdades en el acceso a servicios preventivos para las mujeres en Colombia.
Fuente: camara.gov.co
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Dic 12, 2025 | Actualidad Prime
La Cámara de Representantes aprobó el Proyecto de Ley 579 de 2025, mediante el cual Colombia se adhiere a la Convención Internacional contra el Reclutamiento, la Utilización, la Financiación y el Entrenamiento de Mercenarios, un instrumento adoptado por la Asamblea General de la ONU en 1989 para enfrentar la instrumentalización de personas en actividades armadas al margen del derecho internacional.
La iniciativa, impulsada por el Ministerio de Defensa, recibió concepto favorable de distintas entidades nacionales. El Ejército Nacional resaltó que la adhesión permitirá fortalecer la cooperación internacional, robustecer las políticas internas de seguridad y sancionar la participación de mercenarios tanto en escenarios externos como dentro del país, lo que contribuiría a avanzar hacia condiciones más cercanas a la paz. La Fuerza Aeroespacial Colombiana añadió que esta medida es clave para evitar que organizaciones criminales recluten a militares retirados para cometer delitos en el extranjero.
La convención establece que la actividad de los mercenarios afecta principios fundamentales del derecho internacional, como la igualdad soberana de los Estados, la integridad territorial, la independencia política y la libre determinación de los pueblos. En esa línea, el proyecto busca crear un marco legal sólido para prevenir que personas sean atraídas por redes criminales o engaños transnacionales.
Durante el debate legislativo surgieron posiciones divergentes. Algunos congresistas expresaron preocupación por eventuales riesgos de estigmatización y por la necesidad de mayor claridad sobre sus efectos penales, mientras que otros destacaron que la adhesión no requiere de conceptos adicionales para su aprobación.
La discusión adquiere relevancia por los recientes casos de ciudadanos colombianos vinculados a conflictos armados en el exterior, incluidos episodios ocurridos en Sudán y el asesinato del presidente haitiano Jovenel Moïse en 2021. Además, cifras oficiales han advertido sobre la participación de nacionales en la guerra en Ucrania, con un balance de cientos de fallecidos.
Fuente: camara.gov.co
Dic 11, 2025 | Actualidad Prime
La Comisión Primera de la Cámara de Representantes aprobó en primer debate, con 28 votos favorables, el proyecto de ley que establece el reconocimiento jurídico de las personas desplazadas por razones asociadas al clima. La iniciativa, identificada como Proyecto de Ley 425 de 2025 Cámara y 015 de 2024 Senado, busca otorgar protección a quienes se ven obligados a abandonar sus hogares debido a emergencias como intensas temporadas de lluvias, degradación ambiental y otros desastres naturales.
La propuesta incluye la creación de un Registro Único de Desplazamiento Ambiental, con el fin de avanzar en la formulación de una política pública que permita la atención integral y la prevención de esta modalidad de movilidad humana. El proyecto responde al incremento de afectados en el país, donde se estima que más de 351.000 personas han sido desplazadas por fenómenos climáticos, cifra que representa un aumento del 25 % frente a 2022. Territorios como La Guajira, Chocó, Bolívar y Arauca presentan los mayores niveles de impacto.
Durante el debate, se destacó la importancia de diferenciar este tipo de desplazamiento del asociado al conflicto armado, así como de garantizar la protección de derechos frente a un escenario de creciente vulnerabilidad climática. También se propuso que la expedición del certificado correspondiente cuente con la participación de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, la Defensoría del Pueblo y las personerías municipales, con el fin de asegurar rigor y transparencia.
El avance del proyecto se enmarca en las alertas internacionales sobre el incremento de eventos climáticos extremos. Proyecciones del Banco Mundial estiman que, para 2050, hasta 126 millones de personas podrían verse obligadas a desplazarse por causas ambientales, lo que refuerza la necesidad de que los Estados adopten medidas anticipadas y mecanismos de protección eficaces.
Fuente: camara.gov.co
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