Proponen fortalecer Consejos de Juventud como instancias de concertación obligatoria

Un grupo de 26 congresistas radicó un proyecto de ley que propone una reforma significativa al Estatuto de Ciudadanía Juvenil, con el propósito de potenciar la incidencia de los jóvenes colombianos en la toma de decisiones públicas. La iniciativa, que modifica las leyes 1622 de 2013 y 1885 de 2018, apunta a consolidar los Consejos de Juventud como instancias obligatorias de interlocución y concertación ante las administraciones públicas, tanto a nivel nacional como territorial.

El proyecto reconoce el papel estratégico de la juventud como una generación nativa digital con capacidades particulares para adaptarse a los cambios sociales y tecnológicos. En ese sentido, plantea la necesidad de fortalecer las estructuras de participación política juvenil, como vía para generar cohesión social, inclusión y formación de liderazgos desde temprana edad.

Entre las principales propuestas se contempla la obligatoriedad, por parte de las entidades públicas, de incluir a los consejeros de juventud en los espacios donde se definan políticas o acciones que afecten directamente a esta población. Asimismo, se introduce una reforma al sistema electoral de los Consejos de Juventud, permitiendo la utilización de listas únicas y cerradas, o listas abiertas, según corresponda.

Una de las transformaciones más destacadas es la redistribución de las curules dentro de estos consejos: un 30% será destinado a jóvenes independientes, otro 30% a representantes de procesos organizativos juveniles, y el 40% restante a partidos o movimientos políticos con personería jurídica. Esta distribución busca equilibrar la representación y fortalecer el papel de los partidos en la formación de liderazgos juveniles.

La propuesta legislativa surge como respuesta a los desafíos evidenciados tras la primera elección popular de consejeros de juventud en 2021, la cual puso en evidencia la necesidad de dotar a estos espacios de mayores herramientas institucionales. El proyecto se inscribe en un esfuerzo más amplio por consolidar un sistema democrático más incluyente, en línea con los retos derivados de las transformaciones demográficas y tecnológicas del país.

Fuente: camara.gov.co

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Cámara de Representantes aprueba ampliación de vigencia del FONPET para garantizar pensiones del sector público

La plenaria de la Cámara de Representantes aprobó con 112 votos afirmativos el proyecto que modifica la Ley 549 de 1999, con el objetivo de asegurar el financiamiento del pasivo pensional de las Entidades Territoriales y del Fondo Nacional de Pensiones de las Entidades Territoriales (FONPET). Esta medida busca beneficiar especialmente a los empleados públicos de los sectores de salud y educación.

La iniciativa contempla la ampliación del plazo de vigencia del FONPET hasta el año 2044, ya que, de mantenerse el término original, el fondo no alcanzaría a cubrir adecuadamente los compromisos pensionales de los próximos años. Con esta modificación, se espera garantizar los recursos necesarios para atender las obligaciones de jubilación de los servidores públicos que aún se encuentran bajo el régimen anterior.

Además de extender el plazo, el proyecto permitirá a los entes territoriales utilizar los excedentes de ahorro pensional en inversiones locales, como infraestructura y otros proyectos que impulsen el desarrollo regional. Esto aplicará únicamente para aquellas entidades que hayan cumplido con los requisitos de ahorro establecidos por la ley.

Otra de las novedades es la creación de una junta de vigilancia que buscará transparentar el manejo de los recursos, ya que actualmente existen deficiencias en el seguimiento de los rendimientos generados por los fondos y su administración.

Pese a la aprobación mayoritaria, la iniciativa generó inquietudes en algunos sectores. Desde el Pacto Histórico se advirtió sobre un posible impacto fiscal no contemplado formalmente por el Ministerio de Hacienda, lo cual, según sus voceros, podría implicar un uso inadecuado de recursos destinados originalmente al pago de pensiones. También se cuestionó que el proyecto permita canalizar estos fondos hacia inversiones, lo que podría abrir un debate constitucional sobre el uso del ahorro pensional.

Fuente: camara.gov.co

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Nueva ley reconoce oficialmente a entrenadores deportivos en Colombia y crea mecanismos de profesionalización

Desde el 23 de mayo de 2022 entró en vigor la Ley 2210, una norma que marca un antes y un después en la regulación del ejercicio del entrenamiento deportivo en Colombia. Con esta legislación, se llena un vacío histórico en el marco jurídico del sector y se reconoce formalmente el papel de los entrenadores como agentes clave en el desarrollo atlético del país.

La ley establece la creación del Registro Único de Entrenadores Deportivos, administrado por el Colegio Colombiano de Entrenamiento Deportivo (COCED), en el cual podrán inscribirse quienes cuenten con formación profesional en deporte o áreas afines. A través de este registro, los profesionales podrán acceder a la Tarjeta Profesional de Entrenador Deportivo, instrumento que acredita su idoneidad y les brinda respaldo legal para ejercer su labor.

Asimismo, se implementa el Registro Provisional dirigido a personas sin estudios formales en el área, pero con experiencia comprobada mínima de un año en la preparación de deportistas. Este registro tiene una vigencia inicial de cinco años, renovable por un período igual, y busca facilitar la profesionalización progresiva de quienes han ejercido la actividad de manera empírica.

La iniciativa no solo busca ordenar y regular la actividad de los entrenadores, sino también brindarles un reconocimiento institucional que contribuya a su desarrollo profesional, mejore su acceso a recursos y fortalezca su protección laboral. Con este avance, el país da un paso hacia un sistema deportivo más justo, profesional y transparente, que impactará positivamente en la calidad del entrenamiento y en la formación de nuevos talentos.

Fuente: camara.gov.co

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Radican proyecto de ley para actualizar el Código de Ética de los profesionales en Química en Colombia

En la Secretaría de la Cámara de Representantes fue radicado un proyecto de ley que busca actualizar el Código de Ética del ejercicio profesional de la Química en Colombia. La iniciativa pretende modernizar la normativa vigente, establecer principios rectores para la profesión y consolidar un marco ético que responda a los desafíos actuales del ejercicio químico en el país.

El proyecto contempla la aplicación de la ley a todos los actores involucrados en esta práctica profesional. Esto incluye a químicos, químicos industriales, químicos de alimentos, químicos ambientales, licenciados en química con posgrado en alguna rama de esta ciencia, tecnólogos, técnicos químicos y profesionales extranjeros con permiso de trabajo en Colombia.

Uno de los aspectos centrales del proyecto es la incorporación de siete principios éticos que guiarán la labor de los profesionales del sector: responsabilidad, competencia, estándar moral y ético, bienestar social, relaciones profesionales, seguridad e investigación. Además, el nuevo código busca garantizar el respeto a la vida en todos los procesos de investigación que involucren seres vivos, especialmente en el desarrollo de productos y servicios.

El articulado también incluye capítulos específicos sobre los deberes y derechos de los químicos, así como sobre las prohibiciones, incompatibilidades, sanciones y procedimientos disciplinarios aplicables en el ejercicio de la profesión.

La iniciativa cuenta con el respaldo del Consejo Profesional de Química de Colombia y se espera que avance con agilidad en el Congreso. En total, el proyecto deberá superar cuatro debates legislativos, dos en Cámara y dos en Senado, antes de convertirse en ley.

Fuente: camara.gov.co

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Congreso avanza en la protección legal de los animales de compañía con nuevo proyecto de ley

En un importante avance legislativo, el Congreso de la República aprobó un proyecto de ley que propone reformar el Código Civil y el Código General del Proceso para establecer una nueva subcategoría de animales que, por su vínculo estrecho con los seres humanos, no podrán ser embargados. La iniciativa, que ya pasó sus debates reglamentarios y se encuentra en etapa de conciliación, busca proteger legalmente a los animales de compañía y de soporte emocional, reconociéndolos como seres sintientes y parte integral del núcleo familiar.

La propuesta contempla no solo a perros y gatos, sino también a otras especies como gallinas y ovejas, siempre que cumplan una función de acompañamiento y dependencia dentro del entorno doméstico. De esta manera, se busca evitar que estos animales sean incluidos en medidas cautelares dentro de procesos legales, como litigios conyugales o cobros judiciales, una práctica que ha causado afectaciones emocionales significativas a muchas familias.

El proyecto responde a una realidad social ampliamente reconocida: la mayoría de los colombianos considera a sus animales como miembros de su familia. La nueva legislación apunta a proteger ese vínculo afectivo, especialmente cuando se ven involucrados niños, adultos mayores y personas emocionalmente vulnerables. Así, se refuerza el principio constitucional que establece la prevalencia de los derechos fundamentales de los menores y se subraya la importancia de la salud mental y la unidad familiar.

Esta medida representa un hito en la legislación colombiana en materia de bienestar animal y derechos de las personas, al cerrar un vacío legal que permitía el embargo de seres considerados esenciales para el equilibrio emocional de sus cuidadores. Con esta reforma, Colombia da un paso adelante en el reconocimiento de la dignidad animal y en la consolidación de una justicia más humana y empática.

Fuente: camara.gov.co

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