Proyecto de ley busca garantizar seguridad social para líderes de juntas de acción comunal

Las juntas de acción comunal, consideradas como células fundamentales de la democracia en el país, desempeñan un papel crucial en la promoción de la convivencia, el desarrollo y el bienestar de las comunidades. No obstante, los líderes de estas organizaciones enfrentan desafíos significativos que dificultan su labor voluntaria, entre ellos la falta de empleos formales, lo que los excluye del sistema de salud solidario.

En reconocimiento a su labor, un proyecto de ley que ha superado su tercer debate en el Congreso busca garantizar el acceso al Sistema General de Seguridad Social en Salud para los directivos y dignatarios de las juntas de acción comunal. La iniciativa también contempla otros beneficios como derechos a gastos funerarios, seguro de invalidez, seguro de vida y un auxilio de subsistencia económica.

El representante del Partido Liberal por el departamento de Arauca, Germán Rozo, expresó que “la responsabilidad de hacer cumplir estas políticas recaería sobre las entidades territoriales, que son las que tienen trato directo con estos líderes. Ellos deben hacer un diagnóstico, identificar cuántos líderes tienen sus jurisdicciones y asegurarse de que todos estén en el sistema de salud. Si no están, es responsabilidad de esas administraciones hacer la gestión para que pertenezcan al Sisben y sean priorizados para recibir auxilios del Estado que les apliquen”.

Sin embargo, los líderes sociales también enfrentan riesgos adicionales debido a su labor. Muchos han recibido amenazas de actores criminales que buscan controlar los territorios. Además, expusieron ante la Comisión Séptima del Congreso los problemas derivados del artículo 20 de la resolución 164 de 2021. Solicitaron que las figuras jurídicas de las juntas de acción comunal sean capacitadas, ya que la mayoría de estos líderes no dominan los sistemas o viven en zonas rurales donde es difícil cumplir con los requisitos tributarios, lo cual ha llevado a sanciones injustas.

Actualmente, existen más de 50 mil juntas de acción comunal en todo el país, las cuales han trabajado durante décadas para mejorar el bienestar y la calidad de vida de sus comunidades. La aprobación final de este proyecto de ley representaría un avance significativo en el reconocimiento y apoyo a estos líderes fundamentales para el tejido social colombiano.

Fuente: camara.gov.co

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Aprobado en primer debate proyecto de ley para formalizar el trabajo doméstico

La Comisión Séptima de la Cámara de Representantes ha aprobado en primer debate un proyecto de ley crucial para la formalización del trabajo doméstico remunerado y el fortalecimiento de su inspección laboral, con el objetivo de garantizar el acceso a la justicia y proteger los derechos de quienes laboran en este sector.

El proyecto, desarrollado con la participación activa de organizaciones de trabajadoras como Asotrabajadoras, Sintraimagra, Sintrahin y Utrahogar, propone realizar inspecciones laborales en los hogares. Estas inspecciones podrán realizarse con el consentimiento del empleador y, en casos excepcionales, sin su consentimiento, siempre que haya una autorización judicial. Esta medida busca equilibrar el derecho a la intimidad del empleador con la necesidad de asegurar espacios laborales seguros que protejan la vida, la libertad y la dignidad de los trabajadores domésticos. Además, se introduce la figura de inspección laboral en situaciones de emergencia.

Entre las exigencias del proyecto se incluye que los contratos de trabajo deben cumplir con todas las disposiciones legales, ser escritos y depositados en el Ministerio de Trabajo. También se propone que se notifique al ministerio sobre las horas extras trabajadas, accidentes o incidentes laborales, y los exámenes médicos de ingreso y egreso.

El proyecto de ley ahora avanzará a las siguientes fases del proceso legislativo, donde se espera que se sigan enriqueciendo los detalles para no afectar la empleabilidad en el sector y garantizar un equilibrio justo entre los derechos de los trabajadores domésticos y los empleadores.

Fuente: camara.gov.co

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Avanza en Colombia el proyecto de ley para garantizar el derecho a la alimentación

Según el más reciente informe del Programa Mundial de Alimentos, una preocupante realidad emerge en Colombia: aproximadamente el 30% de la población enfrenta una situación de inseguridad alimentaria moderada y severa. Este panorama desafiante, que afecta a más de 15 millones de personas en el país, ha impulsado acciones legislativas con el propósito de abordar esta crisis humanitaria.

En la Comisión Séptima del Congreso de la República, la representante del Partido Verde por el Tolima, Martha Alfonso, presentó argumentos contundentes respaldando el proyecto de ley que busca establecer el Sistema Nacional para la Garantía Progresiva del Derecho Humano a la Alimentación. Este proyecto pretende crear una nueva estructura institucional y normativa que asegure una gobernanza alimentaria basada en los derechos humanos, otorgando una participación más amplia y genuina a los ciudadanos en la toma de decisiones.

La propuesta contempla la reestructuración de la actual Comisión Intersectorial de Seguridad Alimentaria y Nutricional (CISAN), transformándola en el Consejo Nacional para la Garantía Progresiva del Derecho a la Alimentación y Nutrición Adecuadas, con el fin de fortalecer su alcance y funciones. Además, se prevé la creación de consejos territoriales a nivel departamental y municipal, con atribuciones similares para abordar de manera específica las necesidades alimentarias locales.

Entre las medidas incluidas en este proyecto se destacan acciones orientadas a mejorar la transparencia y la rendición de cuentas en materia de seguridad alimentaria, así como el monitoreo continuo de la política pública en este ámbito. Asimismo, se promueve activamente la adopción de hábitos alimentarios saludables y sostenibles para enfrentar los desafíos presentes y futuros relacionados con la alimentación.

Fuente: camara.gov.co

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Proyecto de acto legislativo propone exigir nuevos de requisitos para cargos públicos

En respuesta a la necesidad de fortalecer la gestión eficaz en las instituciones públicas, se ha presentado un proyecto de acto legislativo con el propósito de exigir nuevos requisitos para quienes ocupan altos cargos como ministros, senadores y representantes a la Cámara.

La iniciativa, liderada por la representante Olga Lucía Velásquez, contempla aspectos como una mayor exigencia de idoneidad técnica, que incluye la certificación de conocimientos y experiencia específica relacionada con el área del cargo a desempeñar. También se propone la necesidad de una formación académica más sólida, requiriendo tanto un título universitario como estudios de postgrado relacionados directamente con el campo de trabajo del puesto en cuestión.

Además, se enfatiza en la solvencia ética, estableciendo altos estándares de desempeño laboral y profesional, así como el cumplimiento de las normas establecidas. Asimismo, se considera importante el desarrollo de competencias blandas como la comunicación efectiva, el trabajo en equipo, la empatía, la resolución de problemas, la creatividad y la adaptabilidad.

El proyecto también propone requisitos específicos para aspirar a cargos como senador de la República y representante a la Cámara, incluyendo una edad mínima y criterios adicionales de solvencia ética y académica.

El objetivo principal de esta propuesta es garantizar que los funcionarios públicos estén debidamente capacitados, comprometidos con el servicio al ciudadano y promover una política más transparente y eficiente en el país.

Fuente: camara.gov.co

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Aprobada en la Cámara de Representantes la Ley Estatutaria de Educación

La Cámara de Representantes ha aprobado por unanimidad la Ley Estatutaria de Educación. Esta ley, que establece la educación como un derecho fundamental, prioriza el desarrollo integral de los ciudadanos y promueve la igualdad de oportunidades desde la educación inicial hasta la educación superior.

La representante Olga Lucía Velásquez, coautora del proyecto, destacó el compromiso de cumplir con las promesas de campaña y consolidar un sistema educativo que responda a las necesidades del país. Este proyecto, esencial para el Gobierno Nacional, forma parte de las metas del Plan Nacional de Desarrollo y refleja el compromiso por reestructurar el sistema educativo en temas de inversión, gratuidad, continuidad y obligatoriedad del bachillerato.

Una de las características más destacadas de esta iniciativa es su enfoque en la salud mental, garantizando el acceso a herramientas para prevenir trastornos y promover la salud mental en todos los niveles educativos. Según la representante Velásquez, esta ley es un paso crucial hacia un futuro más prometedor para Colombia, ya que la educación es la clave para el progreso.

La ministra de Educación, Aurora Vergara, presente durante la jornada de aprobación, resaltó el consenso logrado en un ambiente de respeto por las diversas opiniones, buscando un acuerdo nacional para poner fin a las desigualdades y promover la equidad y justicia social en el país.

A pesar del respaldo unánime en la Cámara de Representantes, la ley aún debe ser aprobada en el Senado, tanto en Comisión Primera como en Plenaria. Sin embargo, se espera que este logro sea respaldado por los mandatarios regionales y el presidente, garantizando el sostenimiento financiero de la ley y asegurando un futuro prometedor para la educación en Colombia.

Fuente: camara.gov.co

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