Abr 9, 2024 | Actualidad Prime
Con ocasión de la sentencia T-082 de 2024, la Corte Constitucional de Colombia se pronunció sobre dos casos de acoso sexual en entornos escolares en Bogotá, instando a instituciones educativas y a la Fiscalía General de la Nación a implementar medidas efectivas para prevenir y abordar este tipo de situaciones.
En el primer caso, la Corte conoció la tutela presentada por los padres de una niña de siete años que fue víctima de abuso sexual, psicológico y físico en su colegio. Los padres solicitaron una reunión con las autoridades escolares para abordar el caso, pero su petición fue rechazada. La Corte reprochó la falta de atención de la institución educativa a las denuncias de la niña y exhortó al colegio a implementar mecanismos para prevenir y atender casos de acoso escolar y sexual.
En el segundo caso, la Corte estudió la tutela de una joven con síndrome de Down que denunció haber sido abusada sexualmente por un compañero de colegio. La Fiscalía y otras entidades se apartaron de sus deberes al no brindar información clara y oportuna sobre el proceso de denuncia. La Corte llamó la atención a la Fiscalía y la exhortó a seguir estrictamente los protocolos para atender denuncias de acoso sexual, especialmente cuando involucran a personas en situación de discapacidad.
En su análisis, la Corte recordó que las mujeres, especialmente en entornos educativos, están más expuestas al acoso sexual y que es deber de las autoridades adoptar medidas para prevenir y eliminar este tipo de violencia. Asimismo, destacó la importancia de garantizar el derecho a la educación y a vivir una vida libre de violencia, especialmente para las mujeres.
La sentencia de la Corte Constitucional destaca la necesidad de que las instituciones educativas y las autoridades judiciales tomen medidas efectivas para proteger a los estudiantes, especialmente a aquellos en situación de vulnerabilidad, y para crear entornos seguros donde puedan ejercer plenamente sus derechos.
Fuente: corteconstitucional.gov.co
Otras noticias de actualidad jurídica: Corte Constitucional protege derechos de vendedores informales frente a desalojos en el caso Plan Jarillón
Abr 8, 2024 | Actualidad Prime
La Corte Constitucional, a través de la sentencia T-083 de 2024, reiteró que el deber de proteger el espacio público no es absoluto y debe armonizarse con los derechos de los vendedores informales. La Sala Cuarta de Revisión amparó los derechos fundamentales de una mujer de 72 años, vendedora informal desalojada en el marco del proyecto Plan Jarillón en Cali.
La accionante, quien había dedicado más de 30 años de su vida al comercio informal en un kiosko en el área del Jarillón de Cali, vio vulnerados sus derechos al debido proceso, a la igualdad, al trabajo, al mínimo vital y a la libertad de escoger profesión u oficio. A pesar de que en primera instancia se declaró improcedente el amparo, la Sala revocó esta decisión, destacando el desconocimiento del principio de confianza legítima y del derecho al trabajo de los vendedores informales por parte de la Inspección Urbana de Policía.
La Corte enfatizó que el deber de proteger el espacio público no puede ser ejercido de manera absoluta, especialmente cuando esto entra en conflicto con los derechos de los vendedores informales, quienes también son sujetos de especial protección constitucional. La accionante, además, estaba respaldada por la Junta de Acción Comunal y cumplía con los requisitos para permanecer en el lugar.
Como resultado, la Corte ordenó rehacer el procedimiento de restitución de bienes inmuebles de uso público, instando a las autoridades a ofrecer alternativas de reubicación o capacitación en otras áreas económicas productivas que aseguren el mínimo vital de la accionante. Se advirtió a las autoridades municipales abstenerse de realizar desalojos de vendedores informales sin ofrecer alternativas adecuadas.
La sentencia destaca la importancia de garantizar los derechos de los vendedores informales, reconociendo su contribución económica y social, y estableciendo límites claros a la actuación de las autoridades en procesos de restitución del espacio público.
Fuente: corteconstitucional.gov.co
Otras noticias de actualidad jurídica: Se aprueba proyecto de ley para promover la lactancia materna y proteger a menores en Colombia
Abr 2, 2024 | Actualidad Prime
La Corte Constitucional, en virtud de la sentencia T-008 de 2024, amparó el derecho al debido proceso de Fermina, una mujer en situación de discapacidad que solicitó la sustitución pensional. Este fallo se produce después de que la Sala Octava de Revisión considerara que el Tribunal Superior de Manizales vulneró los derechos de Fermina, al confirmar una decisión que le negaba la sustitución pensional.
Fermina, quien dependía económicamente de sus padres y vive en condiciones precarias debido a su discapacidad, vio denegada su solicitud de sustitución pensional tras el fallecimiento de sus progenitores. El Tribunal argumentó que ya se había realizado una sustitución previa a favor de la madre de Fermina y que la fecha de estructuración de su incapacidad era posterior al fallecimiento de su padre.
La Corte Constitucional, al conocer el caso, determinó que esta decisión vulneraba el derecho al debido proceso de Fermina. Consideraron inadmisible fijar una fecha de estructuración de la invalidez posterior al fallecimiento del progenitor, sin tener en cuenta el diagnóstico de discapacidad intelectual registrado en la historia clínica de Fermina.
Además, la Corte resaltó que la literatura científica establece que la discapacidad física cognitiva suele aparecer antes de los 18 años, aspecto que también fue pasado por alto en el caso de Fermina.
En consecuencia, la Corte Constitucional ordenó al Tribunal Superior de Manizales emitir una sentencia de reemplazo y reconocer el derecho a la sustitución pensional a favor de Fermina. Este fallo constituye un avance significativo en la protección de los derechos de las personas con discapacidad en el sistema judicial colombiano.
Fuente: corteconstitucional.gov.co
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Mar 19, 2024 | Actualidad Prime
La Sala Novena de Revisión de la Corte Constitucional mediante la sentencia T-009 de 2024 emitió fallo de tutela en favor de los derechos educativos de los niños, niñas y adolescentes que residen en zonas rurales, específicamente en la vereda Sabaneta Parte Alta, del municipio de Pamplona, en Norte de Santander.
La decisión surge tras la acción interpuesta por la personera de la localidad, quien denunció el cierre, hace más de seis años, de la única institución educativa en esa área debido a la falta de personal docente y administrativo. Desde entonces, los menores se han visto obligados a recorrer trayectos de más de una hora para llegar a otros centros educativos, enfrentando peligros y dificultades que obstaculizan su derecho a la educación.
La Corte Constitucional revocó una decisión previa y amparó el derecho a la educación de estos niños, considerando que las autoridades locales trasladaron injustamente a los menores la carga del cambio de colegio sin valorar adecuadamente sus necesidades de acceso. Se determinó que los largos trayectos que los niños deben recorrer representan un peligro inminente, siendo inadmisible que no cuenten con un transporte escolar gratuito que les permita llegar a la otra sede educativa.
En este sentido, la Corte ordenó a la Secretaría de Educación de Norte de Santander y a la Alcaldía del municipio de Pamplona adoptar medidas para prestar un servicio de transporte escolar gratuito que elimine las barreras de acceso a la educación y garantice la continuidad y permanencia de los niños en el sistema educativo.
Además, se instruyó al departamento de Norte de Santander evaluar la posibilidad de reabrir la sede educativa en la vereda Sabaneta Parte Alta durante el año fiscal de 2024, asegurando que las obras de infraestructura y mantenimiento necesarias sean adelantadas para garantizar la adecuada prestación del servicio educativo.
La Sala de la Corte también previno al Ministerio de Educación para que adopte lineamientos en materia de política pública que garanticen la accesibilidad y permanencia en el sector educativo de los niños, niñas y adolescentes pertenecientes a familias rurales. Esta medida busca favorecer el respeto del precedente constitucional y asegurar que ningún niño se vea privado de su derecho a la educación debido a barreras geográficas o administrativas.
Fuente: corteconstitucional.gov.co
Otras noticias de actualidad jurídica: Corte Constitucional convoca sesión técnica ante incumplimiento en la protección de población infantil Wayúu
Mar 18, 2024 | Actualidad Prime
En respuesta al cumplimiento bajo de una de las órdenes destinadas a superar el estado de cosas inconstitucional en la población infantil Wayúu del departamento de La Guajira, la Corte Constitucional ha convocado a una sesión técnica para abordar la situación. La orden en cuestión tiene como objetivo garantizar la imparcialidad y transparencia en la asignación de beneficios y contratos para intervenciones estatales en la mencionada población.
La Sala Especial de Seguimiento determinó que no se ha establecido una ruta eficaz para reportar la información financiera de manera oportuna y adecuada. Asimismo, se ha señalado la ausencia de un sistema de información que facilite la verificación de las prácticas de las autoridades encargadas de cumplir la sentencia T-302 de 2017, así como la detección de prácticas ilegales por parte de los órganos de vigilancia.
Además, se ha destacado la falta de estrategias para enfrentar el incumplimiento y la falta de consciencia por parte de las entidades respecto a su deber de reportar información solicitada. La Corte también ha señalado la carencia de soluciones claras para los obstáculos que enfrentan los órganos de control e investigación en su labor.
Ante este panorama, la Corte ha ordenado a varias entidades gubernamentales y municipales presentar un protocolo que asegure la aplicación de buenas prácticas administrativas en los procesos contractuales y financieros.
En este contexto, se ha convocado a una sesión técnica que se llevará a cabo el próximo 15 de abril, dirigida a discutir las soluciones propuestas por las entidades obligadas al cumplimiento de los objetivos establecidos, así como por aquellas encargadas de la vigilancia y control administrativo y financiero. La sesión abordará cuatro ejes temáticos, incluyendo estrategias para corregir prácticas inconstitucionales, mejorar la información sobre la distribución y ejecución de recursos, así como para fortalecer el control y vigilancia de las entidades responsables.
Se espera que esta sesión, que será transmitida por las redes sociales de la Corte, proporcione un espacio crucial para abordar los desafíos y encontrar soluciones efectivas para garantizar la protección de la población infantil Wayúu y el cumplimiento de las obligaciones constitucionales.
Fuente: corteconstitucional.gov.co
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