Nov 13, 2024 | Actualidad Prime
La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia ha iniciado una investigación formal contra cinco congresistas en ejercicio y un excongresista, quienes deberán comparecer en diligencias de indagatoria por su presunta implicación en un esquema de cohecho impropio. Los implicados en este caso, que involucra presuntos acuerdos irregulares para la aprobación de proyectos y contrataciones en la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgos de Desastres (UNGRD), son los congresistas Liliana Esther Bitar Castilla, Juan Pablo Gallo Maya, Wadith Alberto Manzur Imbett, Julián Peinado Ramírez, Karen Astrith Manrique Olarte, y el excongresista Juan Diego Muñoz Cabrera.
De acuerdo con la decisión de la Corte, los congresistas señalados habrían participado en acuerdos ilícitos relacionados con la emisión de conceptos de crédito público en el marco de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público (CICP). Según la investigación preliminar, estos conceptos habrían sido emitidos a cambio de presuntas dádivas en contratos gestionados a través de la UNGRD, en particular en las localidades de Cotorra (Córdoba), Saravena (Arauca) y Carmen de Bolívar (Bolívar).
La Sala fundamentó su decisión en más de cincuenta pruebas documentales y una decena de testimonios, los cuales apuntan a que los investigados, en su rol como miembros de la CICP, habrían emitido trece conceptos favorables para operaciones de crédito público en tan solo dieciocho días, entre el 28 de noviembre y el 15 de diciembre del año pasado. En total, el Ministerio de Hacienda presentó dieciocho conceptos de crédito durante el 2023 para consideración de dicha comisión.
Además, se ha confirmado que el senador Julio Elías Chagüi Flórez también enfrenta señalamientos, aunque relacionados con posibles irregularidades en situaciones diferentes a las investigadas actualmente. En su caso, la Sala ha decidido enviar el expediente a reparto para que otro magistrado asuma su proceso en un radicado distinto.
Las diligencias de indagatoria buscan esclarecer los hechos y determinar la responsabilidad penal de los investigados en este presunto esquema de cohecho, cuyo impacto podría extenderse a procesos de contratación pública de alto nivel.
Fuente: cortesuprema.gov.co
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Sep 30, 2024 | Actualidad Prime
La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia ratificó la condena impuesta a los exministros Sabas Pretelt de la Vega y Diego Palacio Betancourt, así como al exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (DAPRE), Alberto Velásquez Echeverri, por el delito de cohecho por dar y ofrecer. El fallo se refiere a su participación en los ofrecimientos ilegales realizados a congresistas en 2004 para asegurar la aprobación de la reelección presidencial.
La decisión, contenida en la sentencia SP2641-2024, se tomó al resolver los recursos interpuestos por los procesados, quienes fueron inicialmente condenados el 15 de abril de 2015. El caso regresó a la Corte Suprema para garantizar el derecho a la doble conformidad judicial, luego de que los condenados buscaran una nueva revisión del proceso.
La Corte consideró probadas las acusaciones basadas en las declaraciones de la excongresista Yidis Medina, así como en otros elementos probatorios. El tribunal concluyó que los tres exfuncionarios actuaron de manera conjunta, con una clara división de roles, para influir en el voto de los congresistas Yidis Medina y Teodolindo Avendaño. Según el fallo, los exministros y el exdirector del DAPRE «persuadieron y disuadieron» a los congresistas mediante el ofrecimiento de prebendas burocráticas, lo que permitió que el proyecto de reelección siguiera su curso.
La Corte reiteró que la intervención de los condenados fue fundamental para que los congresistas alteraran su conducta, ya sea votando a favor o absteniéndose de votar, lo que resultó en la aprobación de la polémica reforma que permitió la reelección presidencial.
Fuente: cortesuprema.gov.co
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Ene 23, 2024 | Actualidad Prime
Recientemente la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia, por medio de la sentencia SEP004-2024, ha condenado al exrepresentante a la Cámara, Nilton Córdoba Manyoma, a una pena de 4 años y 9 meses de prisión como coautor responsable del delito de cohecho por dar u ofrecer. Además de la pena privativa de la libertad, se le ha impuesto una inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por un periodo de 81 meses y un día, junto con el pago de una multa equivalente a 79,16 salarios mínimos legales mensuales vigentes.
Los hechos que llevaron a esta condena se remontan a los años 2016 y 2017, en el marco de una investigación de la Corte Suprema de Justicia sobre presuntas irregularidades durante el mandato de Córdoba Manyoma como alcalde municipal de Medio Baudó, en el departamento de Chocó.
La investigación reveló que el exrepresentante contrató los servicios de Luis Gustavo Moreno Rivera, quien formaba parte del grupo criminal conocido como «La Oficina», integrado también por exmagistrados. A través de Moreno Rivera, Córdoba Manyoma logró contactar al entonces magistrado auxiliar Camilo Andrés Ruiz, encargado del proceso en su contra. Según la sentencia, Córdoba Manyoma ofreció y entregó importantes recursos con el propósito de que se reprogramaran ilegalmente diligencias investigativas, con el fin de obstaculizar y demorar el proceso en su contra.
La Sala Especial de Primera Instancia, en su decisión, denegó la suspensión condicional de la ejecución de la pena y la prisión domiciliaria al condenado. Una vez que la decisión quede en firme, se emitirá una orden de captura para asegurar el cumplimiento de la pena privativa de la libertad.
Es importante destacar que la sentencia, que ha sido emitida por la Sala Especial de Primera Instancia, incluye una aclaración de voto por parte de uno de los magistrados, lo que sugiere la existencia de perspectivas divergentes en la interpretación de los hechos y la aplicación de la ley en este caso específico.
Fuente: cortesuprema.gov.co
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