Feb 16, 2024 | Actualidad Prime
Ene 25, 2024 | Actualidad Prime
Con la firma de la sanción presidencial de la Ley 2346 del 10 de enero de 2024, Colombia establece un nuevo panorama en la responsabilidad de garantizar la alimentación de personas privadas de libertad de manera transitoria. La normativa, impulsada por el Ministerio de Justicia y del Derecho, brinda claridad sobre la obligación del servicio de alimentación en estaciones de Policía y Unidades de Reacción Inmediata (URI).
Hasta el 30 de junio de 2025, la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (USPEC) seguirá brindando apoyo en la alimentación de aproximadamente 17 mil sindicados, quienes actualmente se encuentran recluidos en centros de detención transitoria en todo el país. Este servicio, que representa una necesidad vital para aquellos sin condena, continuará con la entrega de tres raciones diarias.
A partir del 1 de julio de 2025, la responsabilidad de proporcionar alimentación a todas las personas recluidas en estos centros de detención recaerá en los municipios y departamentos del país. Esta decisión surge como resultado de una aclaración de la Corte Constitucional en 2022, que estableció que dicha responsabilidad pertenece a las entidades territoriales.
Según cifras oficiales, en la actualidad, alrededor de 17 mil personas privadas de la libertad en centros de detención transitoria se benefician del servicio de alimentación proporcionado por la USPEC. Para el año 2024, se proyecta una partida presupuestaria de $670 mil 656 millones para cubrir esta necesidad específica.
La concertación de esta nueva legislación contó con la participación y apoyo de diversas organizaciones de municipios y departamentos, como Asocapitales, Asointermedias, Fedemunicipios y la Federación Nacional de Departamentos. Además, fue socializada y acordada con la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría General de la Nación, asegurando una base legal robusta y respaldada por diversos sectores.
El año 2023 cerró con una asignación de $647 mil millones para la alimentación de todos los privados de la libertad, incluyendo aquellos internos en cárceles administradas por el INPEC. De estos recursos, aproximadamente $93 mil millones fueron destinados a estaciones de Policía y las URI. Con la nueva ley, se busca fortalecer y estructurar el sistema de alimentación en el ámbito transitorio, garantizando el bienestar de quienes aguardan su proceso judicial sin condena.
Fuente: minjusticia.gov.co
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Ene 4, 2024 | Actualidad Prime
El Ministerio de Hacienda y Crédito Público ha emitido el Decreto 2277 del 2023, que reglamenta el artículo 130 del Estatuto Tributario Nacional, otorgando una exclusión del Impuesto sobre el Valor Agregado (IVA) a productos elaborados por personas privadas de la libertad como parte de sus procesos de resocialización. Esta medida también abarca todo lo comercializado en los expendios dentro de las cárceles.
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Oct 20, 2023 | Actualidad Prime
El Ministerio de Justicia desarrolló los Lineamientos Mínimos para Espacios Temporales de Reclusión, en atención a los reiterados requerimientos de la Corte Constitucional sobre la existencia de un Estado de Cosas Inconstitucional en el Sistema Penitenciario y Carcelario, extendido a los denominados “Centros de Detención Transitoria” (URIs y Estaciones de Policía) por la privación de la libertad durante periodos extensos, con afectaciones en materia de garantía de derechos y seguridad ciudadana.
El Ministerio de Justicia y del Derecho, en colaboración con la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales (Asocapitales) y la Federación Nacional de Personerías (Fenalper), presentó los Lineamientos Mínimos para Espacios Temporales de Reclusión. El propósito de este informe es orientar a las autoridades locales y regionales en la creación y administración de instalaciones temporales de reclusión, centrándose en el respeto de los derechos humanos.
Este documento tiene como meta compilar la jurisprudencia y las regulaciones relevantes relacionadas con los bienes y servicios que deben ofrecerse a las personas privadas de su libertad en instalaciones temporales, conforme a las directrices de la Corte Constitucional en el contexto de la crisis del sistema penitenciario en el país.
El Viceministro de Política Criminal y Justicia Restaurativa, Camilo Umaña Hernández, expresó el compromiso de transformar la noción de «Crisis del Sistema Penitenciario» en Colombia, que ha perdurado en el tiempo. Su objetivo es establecer un sistema de privación de la libertad que sea humano, digno y coherente con un Estado Social de Derecho. Agregó que el deber del Estado es encontrar una solución a este problema que no se limita al hacinamiento, sino que también aborda aspectos de salud, visitas y la dignidad mínima necesaria para la resocialización de quienes han sido acusados de cometer delitos.
Antecedentes
Dado que cerca de 100,000 personas se encuentran en detención intramural en Colombia, con más de 20,000 en centros de detención transitoria, Umaña Hernández destacó los diálogos e intercambios con entidades como Asocapitales y Fenalper, describiéndolos como positivos y beneficiosos para el país. El documento presenta pautas claras y directrices para que las entidades locales cumplan con sus responsabilidades hacia las personas bajo detención provisional. Además, se está proponiendo un proyecto de ley al Congreso para que la Uspec pueda financiar la alimentación de 17,000 personas privadas de la libertad.
El Viceministro también señaló que el Ministerio de Justicia ha implementado varios proyectos destinados a humanizar el sistema penitenciario. Por ejemplo, a través de la Ley de Utilidad Pública, se está permitiendo que las mujeres que han cometido delitos menores cumplan condena realizando servicios comunitarios, lo que se considera un beneficio mutuo para la sociedad.
Finalmente, el Viceministro enfatizó que las directrices presentadas en este informe permiten que las entidades territoriales desarrollen instalaciones de detención provisional de manera sensata, sin necesidad de inversiones masivas y utilizando recursos nacionales para contar con una infraestructura básica que cumpla con los estándares mínimos para las personas bajo detención. El objetivo es abordar de manera más razonable un sistema de privación de la libertad que se ha caracterizado por ser inhumano y contravenir la Constitución.
Fuente: minjusticia.gov.co
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