Ene 14, 2026 | Actualidad Prime
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) calificó como genocidio el ataque sistemático contra la Unión Patriótica (UP) y atribuyó responsabilidad penal a cinco altos mandos retirados del Ejército Nacional, al concluir que existió una intención deliberada de destruir a este partido político.
La Sala de Reconocimiento de Verdad determinó que los hechos encajan en la tipificación de genocidio político prevista en el artículo 101 del Código Penal y decidió renombrar el Caso 06 como “Genocidio contra el partido político Unión Patriótica”. Entre los imputados como coautores se encuentran los generales retirados Iván Ramírez Quintero, excomandante de la Primera División, y Rito Alejo del Río Rojas, excomandante de la Brigada XVII, junto con tres tenientes coroneles retirados.
Además del genocidio, la JEP imputó crímenes de guerra por homicidio en persona protegida y crímenes de lesa humanidad, como exterminio, deportación, traslado forzoso de población y otros actos inhumanos. La investigación estableció que el ataque dejó al menos 8.924 víctimas, de las cuales 5.729 fueron asesinadas o desaparecidas y más de 3.200 sufrieron otras formas de violencia, incluidos atentados, desplazamientos forzados, exilio, tortura y detenciones arbitrarias.
Según la Sala, la estigmatización de la UP como supuesto “brazo político” de las Farc-EP fue un elemento central del patrón criminal, al facilitar su segregación y el abandono de sus militantes por parte de la fuerza pública. La violencia se extendió por todo el país, con una concentración significativa en regiones como Urabá, Meta y el Magdalena Medio, siendo Apartadó uno de los casos más representativos del patrón macrocriminal identificado.
Los comparecientes cuentan ahora con 30 días hábiles para aceptar o rechazar las imputaciones. Si reconocen responsabilidad, el proceso avanzará hacia la imposición de sanciones propias; en caso contrario, el expediente será remitido a la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP, donde podrían enfrentar penas de hasta 20 años de prisión.
Fuente: jep.gov.co
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Ene 13, 2026 | Actualidad Prime
De cara a 2026, la Jurisdicción recuerda que, mediante el Auto AI-48 del 21 de agosto de 2025, la Sección con Ausencia de Reconocimiento vinculó al Ministerio de Hacienda y al Ministerio del Interior al trámite cautelar con el fin de garantizar la sostenibilidad financiera e institucional de la intervención en La Escombrera. El auto ordenó adoptar medidas para asegurar la disponibilidad de recursos, maquinaria y personal especializado, indispensables para continuar con la búsqueda en el área protegida.
El cumplimiento de estas órdenes será determinante para asegurar que la intervención continúe sin interrupciones y para consolidar los resultados obtenidos este año. La JEP hará seguimiento al avance de estas medidas y continuará adoptando las acciones necesarias para proteger el sitio y fortalecer el proceso de recuperación e identificación.
En mayo de 2025, la Sala ordenó al Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes adelantar, en articulación con la Gobernación de Antioquia y la Alcaldía de Medellín, y en coordinación con la Oficina Asesora de Justicia Restaurativa y la Oficina Asesora de Memoria Institucional y del Sistema Integral para la Paz, el diseño, análisis de viabilidad e implementación de un proceso de memoria y reparación simbólica en La Escombrera. En cumplimiento de esta orden, la propuesta fue elaborada y presentada dentro del plazo establecido, y actualmente se encuentra en revisión por parte de la Sección con Ausencia de Reconocimiento, que evaluará su viabilidad y los pasos siguientes para su eventual implementación.
La intervención judicial que adelanta el GATEF de la JEP en La Escombrera es un componente central para esclarecer lo ocurrido con las víctimas de desaparición forzada en la Comuna 13 de Medellín. Estos esfuerzos se articulan con la investigación del Subcaso Antioquia del Caso 08, que investiga crímenes presuntamente cometidos por miembros de la fuerza pública en asociación con grupos paramilitares en este territorio. El trabajo forense y judicial adelantado hasta ahora contribuye a la reconstrucción de los hechos y al esclarecimiento de uno de los episodios más graves del conflicto armado en la ciudad.
Fuente: jep.gov.co
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Ene 7, 2026 | Actualidad Prime
En un fallo histórico, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) profirió su primera sentencia en un Juicio Adversarial Transicional y condenó a 20 años de prisión al coronel retirado Publio Hernán Mejía Gutiérrez por crímenes de guerra y de lesa humanidad cometidos entre 2002 y 2003.
La Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad determinó que el exoficial fue responsable penal de 35 hechos que dejaron 72 personas asesinadas, algunas de ellas desaparecidas forzadamente y torturadas, en el norte del Cesar y el sur de La Guajira. Las víctimas, en su mayoría campesinos, integrantes de comunidades indígenas y afrodescendientes, fueron presentadas ilegítimamente como bajas en combate.
La JEP concluyó que los crímenes hicieron parte de un patrón de macrocriminalidad ejecutado a través de un Ilegal Aparato Organizado de Poder que operó en el Batallón ‘La Popa’, en alianza con estructuras paramilitares y mediante prácticas sistemáticas de encubrimiento para garantizar la impunidad.
Además de la pena privativa de la libertad, la sentencia ordenó medidas en favor de las víctimas, como la revocatoria de condecoraciones otorgadas al condenado, la realización de un acto público de perdón por parte de las Fuerzas Militares y acciones para garantizar la búsqueda, identificación y entrega digna de personas desaparecidas. Con esta decisión, la JEP resolvió de manera definitiva la situación jurídica del condenado por estos hechos.
Fuente: jep.gov.co
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Dic 31, 2025 | Actualidad Prime
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) adoptó nuevas órdenes para fortalecer la búsqueda, identificación y entrega digna de personas dadas por desaparecidas, tras una audiencia pública nacional de seguimiento a la medida cautelar que protege los derechos de las víctimas de desaparición forzada.
Las decisiones, emitidas por la Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad, buscan fortalecer la articulación del Sistema Nacional de Búsqueda y mejorar el intercambio de información entre las entidades responsables. Entre las órdenes se incluye el requerimiento a la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) para presentar avances sobre la coordinación interinstitucional y la implementación de decisiones judiciales.
La JEP también ordenó avanzar en la construcción de un protocolo forense preventivo que permita proteger posibles sitios de inhumación frente a proyectos de infraestructura y desarrollos minero-energéticos, así como ampliar la toma de muestras biológicas de familiares de personas desaparecidas, especialmente en territorios con limitada presencia institucional.
Asimismo, se impartieron directrices para fortalecer la búsqueda de miembros de la fuerza pública desaparecidos y mejorar el uso de herramientas tecnológicas que faciliten el acceso, análisis y seguimiento de la información.
Estas decisiones se adoptan en un contexto en el que más de 135.000 personas han sido reportadas como desaparecidas en el país. La JEP reiteró que la búsqueda es un compromiso permanente con la verdad, la memoria y la dignidad de las víctimas y sus familias. A la fecha, las medidas cautelares han permitido la exhumación de 1.923 cuerpos, la identificación de 224 personas y la realización de 142 entregas dignas.
Fuente: jep.gov.co
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Dic 29, 2025 | Actualidad Prime
Una medida cautelar emitida por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) permitió la recuperación de 34 cuerpos de personas dadas por desaparecidas durante el conflicto armado, así como el avance en la protección del Cementerio Católico de Saravena, considerado un sitio de interés forense prioritario.
La medida, ordenada en 2023 por la Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad (SARV), ha posibilitado cuatro intervenciones humanitarias realizadas por la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD), en articulación con la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la JEP y el Instituto Nacional de Medicina Legal.
Como resultado, se ha avanzado en la intervención forense de 81 cuerpos, de los cuales 34 fueron recuperados por ser competencia de la UBPD. De estos, 27 fueron trasladados a Medicina Legal para su proceso de identificación, mientras que en otros siete se realizaron verificaciones y toma de muestras óseas para análisis posteriores.
Las labores se desarrollaron en el marco del Plan Regional de Búsqueda del Sarare y enfrentaron retos técnicos derivados de la falta de registros históricos y de inhumaciones múltiples en fosas comunes. Las exploraciones incluyeron el uso de georradar y excavaciones en áreas priorizadas del cementerio.
La JEP destacó que esta intervención representa un avance significativo en la protección del camposanto y en el esclarecimiento de la desaparición forzada en la región. Las acciones han contado con el apoyo de autoridades locales, organizaciones sociales y la comunidad de Saravena.
La Unidad de Búsqueda reiteró que las labores continúan e invitó a la ciudadanía a aportar información que contribuya a la identificación de las personas desaparecidas y a la dignificación de las víctimas.
Fuente: jep.gov.co
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